El acuerdo de justicia logrado con las FARC no es tan malo como dicen los radicales, ni ‘magnífico’ como lo califican los amigos del gobierno.

Si en algo se parece la mesa de negociación de la paz y la Corte Constitucional colombiana es que en vez de publicar acuerdos o sentencias, se la pasan embolatándonos con ambiguos comunicados de prensa.

Ciertamente la foto se precipitó más de lo que todos esperábamos. Ver a Timochenko y a Santos juntos cuando menos nos imaginábamos cambió para siempre la dinámica de los diálogos. Es bueno que se haya definido una fecha máxima de terminación de los acuerdos y es positivo que los asesores de justicia de lado y lado hayan creado tal empatía que lograran destrabar en parte el punto más delicado de la negociación. Lo que no es bueno es que se hayan lanzado al agua sin tener previstos asuntos que resultan sustanciales en este punto y que por cuenta de las interpretaciones cruzadas y la ausencia de un texto detallado que sea público, han provocado entendibles suspicacias y dejado vacíos que no son menores.

El acuerdo de justicia con las FARC no es tan malo como dicen los radicales, ni ‘magnífico’ como lo califican los amigos del gobierno. En ese sentido, estoy más del lado de conservadores como Andrés Pastrana, David Barguil o Marta Lucía Ramírez que han pedido darle una oportunidad a la paz en medio de un razonable escepticismo que no nos pueden arrebatar los gobiernistas con el argumento de que simplemente por preguntar somos “enemigos de la paz”.

Aunque hubiera sido deseable que los máximos responsables de delitos graves pasaran un número de años, así fuera pequeño, en una cárcel con barrotes, esa posibilidad resultaba inviable e insistir en ella hubiera prolongado indefinida e indeseablemente las negociaciones. En lo que no se podía –ni se puede ceder– es en que haya restricción efectiva de la libertad, reparación económica a las víctimas y mucha pero mucha verdad. Sin embargo en este punto no aparecen todavía certezas que satisfagan del todo.

En entrevista con RCN La Radio, el abogado de las FARC, Enrique Santiago dijo, por ejemplo, que la expresión “condiciones especiales” que se usa en el comunicado para referirse a la restricción de la libertad de quienes reconocen delitos graves jamás se empleó en el acuerdo y que el mínimo de 5 años de esa restricción tampoco existe pues en su leal saber y entender, el tribunal de paz puede imponer sanciones más pequeñas en términos de tiempo. Otra cosa asegura el doctor Juan Carlos Henao, asesor jurídico del gobierno.

Al final, los colombianos no contamos con un acuerdo con la letra menuda al cual remitirnos y por eso tenemos derecho a sentir que algo no está bien o que por lo menos falta mayor precisión en los términos.

Lo mismo ocurre con el proceso de selección de los magistrados que compondrán el tribunal de paz. Aunque sepamos que serán 20 altos jueces colombianos nadie nos ha dicho –quizás porque ellos tampoco lo saben aún– cómo será el proceso de selección de quienes impartirán justicia a los protagonistas del conflicto.

Se trata de un tema crucial, más ahora que se sabe que el margen de discrecionalidad con el que contarán dichos magistrados es inquietantemente amplio: podrán darse su propio reglamento, definirán si casos tan complejos como el de los falsos positivos entran o no a la jurisdicción especial de paz y, ateniéndonos a la interpretación del abogado de las FARC, podrán decidir que un responsable de delitos graves que reconoció la comisión de los mismos, pueda ser condenado a la reconstrucción de una o dos escuelas y el tiempo que emplee en ello sea menor a 5 años.

Por eso, con sabiduría, los abuelos nos decían que el diablo está en los detalles y yo agregaría en este caso que el ‘exceso de creatividad’ de este acuerdo, que se ha vendido como único en el mundo puede terminar siendo su perdición si no cuenta con reglas claras que al menos garanticen que los de la cúpula tengan que instalarse en un sitio determinado por unos años determinados e inmodificables.

Entre más cerca estemos de los acuerdos finales, más debemos apretar las tuercas los colombianos para exigir claridades y no apenas comunicados resumidos o reportajes contradictorios que dejan más preguntas que respuestas. Lo que no se dice o no se sabe parece ser justamente lo que más cuenta y si el gobierno no quiere que la oposición confunda debería ser sincero, directo y transparente.