De los 126 casos de desarraigo registrados en el país, la mayoría han ocurrido en el Catatumbo.
El espiral de violencia que se ha desatado en la región del Catatumbo por cuenta de la disputa armada entre el Eln y la disidencia del Epl, más conocida como Los Pelusos, por el control del narcotráfico, tiene a esta zona del departamento sumida en una grave crisis humanitaria.
Como consecuencia del recrudecimiento de la confrontación, que este domingo 14 de octubre completa siete meses, miles de personas han optado por abandonar sus hogares y huir hacia las cabeceras urbanas del departamento, lo que ha generado una alerta por el aumento del desplazamiento forzado.
Ocaña es el municipio receptor de esta población desplazada. La situación es preocupante
Según cifras de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, de los 126 casos de desarraigo registrados este año en el país, 36 han ocurrido en esta región fronteriza con Venezuela, ubicándose en la cima de este preocupante escalafón.
“Ocaña es el municipio receptor de esta población desplazada. La situación es preocupante porque ha aumentado ese volumen de personas flotantes que terminan engrosando las filas de desempleo e informalidad en esta localidad”, explicó Juan Pablo Bacca, secretario de Gobierno de Ocaña.
El evento de desplazamiento más reciente se presentó el pasado viernes 5 de octubre, en zona rural del municipio de San Calixto, donde 205 personas, distribuidas en 56 núcleos familiares, abandonaron su tierra por el asesinato múltiple de dos jóvenes, perpetrado por la guerrilla del Eln.
La Oficina de la Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha) manifestó su preocupación por la salida forzosa de estas familias campesinas y denunció el recrudecimiento de esta guerra, que podría generar movimiento de personas en las próximas semanas.
“Esta guerra ha sido invisibilizada por el Gobierno Nacional mientras las personas hacen lo posible por salvaguardarse del fuego cruzado. El miedo también de caer en campos minados y ser víctimas de secuestro o extorsiones también obliga a las personas a dejar sus hogares atrás y empezar una nueva vida en los cascos urbanos, donde hay una relativa seguridad”, puntualizó Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar.
