El Estado colombiano, y muy en especial sus Fuerzas Armadas, no pueden cesar en el empeño de capturar a peligrosos jefes de bandas y guerrillas que azotan a la población civil y alteran el orden público.

No se trata solo de afiches que ofrecen recompensas por peligrosos jefes criminales. Se requiere, además, que el Estado mantenga la perspectiva del control y la seguridad en los territorios, incluso en aquellos más alejados y periféricos. Que la sensación de seguridad se complemente con la detención efectiva de avezados delincuentes que lideran bandas y guerrillas, que atemorizan y victimizan a la población civil.

Durante las últimas cinco décadas, el país ha sufrido el azote de organizaciones comandadas por personajes despiadados, sin el menor respeto por los no combatientes. El desplazamiento forzado, el secuestro, las ejecuciones extrajudiciales, el reclutamiento de menores y la violencia sexual, entre otros delitos, han hecho parte de su amplio prontuario judicial. Una lista de ignominias que deben acabar.

Las multimillonarias recompensas ofrecidas por el Gobierno, para obtener información que permita capturar a estos criminales, aunque hacen parte de una estrategia tradicional, no dejan de ser una herramienta útil de combate contra esos cabecillas. El Ministerio de Defensa confirma que 50 de esos líderes de la delincuencia organizada murieron en operaciones militares en el primer trimestre de 2019, lo cual muestra la dimensión de unas Fuerzas Armadas que están recuperando su vocación ofensiva. Se suma el hecho valioso de que en 608 municipios del país no se presentaron homicidios hasta el martes 2 de abril.

La seguridad y la convivencia son bienes preciados de toda sociedad. Mantener la determinación de perseguir a los llamados “objetivos de alto valor” constituye un mensaje por demás disuasivo, para que la juventud no transite por los caminos de la criminalidad y se haga a la idea de que delinquir no paga ni trae consigo nada bueno. Apenas la cárcel y, en el peor de los casos, el abatimiento por parte de la fuerza legítima del Estado.

Con acierto, el gobierno del presidente Iván Duque ha fijado recompensas de hasta 2 mil millones de pesos por los principales jefes de los grupos armados organizados (GAO).

Alias Otoniel, Gabino, Marihuano, Chiquito Malo, Pácora, Antonio García y Pablito, son algunos de los temidos capos de clanes y guerrillas que están en la mira de las autoridades. Colombia tiene que conquistar cada vez más el control y el desmonte de estas estructuras que le han causado centenares de muertos a miles de familias, cuyas vidas quedaron marcadas por la violencia ejercida por estos actores al margen de la ley.

Antioquia (en especial Urabá), Chocó, Norte de Santander, Arauca, Meta y Guaviare, son regiones en las que imperan estos jefes criminales que urge combatir y capturar con el apoyo de la ciudadanía. Las comunidades deben estar cada vez más cerca y más emparentadas con la legalidad y las instituciones legítimas. Hay que arrebatar y desactivar el influjo perverso de estos personajes. Ello se logra con firmeza, con la autoridad y la fuerza del Estado, bien empleada.

La voluntad expresada por el presidente Duque es la de no dar tregua en esta lucha, y que prueba de ello son las 480 capturas de integrantes del Clan del Golfo, de 244 miembros del Eln y de 242 de integrantes de las disidencias de las Farc, los últimos meses.

Retomar el control total del territorio nacional debe ser la apuesta indiscutida del gobierno. Una prioridad en el contexto de los problemas y riesgos que traen, en paralelo, la migración desbordada y el auge de los cultivos ilícitos.