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Domingo 9 de Diciembre del 2018

Política de víctimas: insostenible

Publicado en:

El Nuevo Siglo  | 

Autor(a): Diana Sofía Giraldo  |

Fecha: 03/02/2017

 

Juan Manuel Santos presidente de Colombia - Foto: lopezdoriga.com

El abismo entre las promesas gubernamentales y la realidad origina la profunda desconfianza de la gente en sus gobernantes y en las instituciones. La situación de las víctimas es una de las más ilustrativas. La propaganda que pregona “las víctimas están en el centro” es inversamente proporcional a la verdad. No sólo no están en el centro, sino que el Estado no tiene los recursos para repararlas.

Si el Gobierno quisiera ponerse al día en las indemnizaciones para los más de ocho millones de víctimas, sin tener en cuenta nada de los cientos de compromisos que contemplan los nuevos acuerdos, se necesitarían 35 billones de pesos. Porque al ritmo que van y con los recursos presupuestales de hoy, la Unidad de Víctimas tardaría 72 años para dar sólo este primer pasito en reparación.

Pero, más grave aún, el 70 por ciento del presupuesto de la Unidad se destina a “ayudas humanitarias” una figura que, por obra y gracia de las “legislaciones de la Corte Constitucional”, se volvió un subsidio. Pasó de ser una ayuda excepcional, a convertirse en una fuente permanente se supervivencia para dos millones de desplazados. El mandato es “hasta que se superen las condiciones de vulnerabilidad”. Por la vía de los subsidios, para una población con necesidades básicas sin resolver, no se empodera a la víctima para salir de su condición, y se contribuye a volver permanente su condición.

Si nos atrevemos a preguntar: ¿Todos los que figuran como desplazados son víctimas? Los actores gubernamentales (ministros, asesores, funcionarios de primer orden) se ven obligados a contestar en voz baja: “No. Como se parte de la buena fe de la víctima y de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte, no se les debe pedir ni la cédula, ni mucho menos preguntarles qué grupo los desplazó, por esta vía se calcula en un 30 a 40 por ciento por ciento la población de “colados” en el sistema”. Allí coexisten no sólo los intermediarios y tramitadores inescrupulosos que venden el registro, sino organizaciones políticas que los respaldan con fines electorales. La pregunta obvia es: ¿Qué están haciendo para desenmascararlos? “Nada. Saldría más costoso el abogado que demuestre el engaño, que la misma indemnización”

¿Cuántas de las víctimas reales, en condiciones de verdadero abandono y olvido por parte del Gobierno, están siendo suplantadas? Porque, además, curiosamente, estas ayudas humanitarias no llegan a las zonas rurales, las más devastadas por la violencia. Y en cuanto a la representatividad de las víctimas en organismos de decisión, ¿Están todos los que son? ¿Son todos los que están?

Si no se pone un freno firme a la permisividad complaciente con organizaciones políticas, el mismo Gobierno está condenando a la victimización continuada, precisamente, a quiénes usa para legitimar el rediseño del Estado colombiano.

¿Cómo evitar que la Unidad de Víctimas sea uno de los botines electorales del proceso que se avecina? ¿Puede sobrevivir una institución cuyo presupuesto se va en subsidios y tiene 250.000 tutelas al año?

Es indispensable un rediseño serio y urgente de la política pública en materia de víctimas, porque frente a la implementación de los acuerdos de paz con las Farc, donde tienen amplia participación, se corre al altísimo riesgo de ver a las víctimas manipuladas al servicio de intereses electorales concretos y, en el peor de los casos, olvidadas y suplantadas.

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