Los ataques a las libertades de prensa y expresión en Latinoamérica, tras 30 años de haberse recuperado la democracia en la región, constituyen un verdadero retroceso, que durante los debates de la 70ma Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa fueron admitidos.

Los casos específicos de Cuba, Venezuela, Ecuador y Bolivia, donde medios y periodistas que no se ciñen al oficialismo son objeto de ataques, reprimendas y arrestos, volvieron a ser tema de análisis tanto en informes individuales como en las presentaciones del panel de Libertad de prensa, donde intervino Edison Lanza, nuevo relator para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA), quién reconoció que “hay países en situaciones más graves que otros”.

De Cuba por ejemplo, se denunció que la prensa independiente, desarrollada por activistas constantemente perseguidos, tiene espacios muy limitados para informar con una mirada objetiva lo que realmente acontece dentro de la isla.

En el caso de Ecuador, se recordó que la Ley de Comunicación, adoptada hace año y medio convirtió en un servicio público el trabajo de los medios, lo cual bajo el sistema implantado en ese país significa que unos 300 funcionarios estatales controlan y monitorean periódicos, canales de televisión y radioemisoras, en busca de quienes incumplen con los rigores de esa ley, propuesta por el presidente Rafael Correa, para ser implantada en todas las naciones que integran el Parlamento Latinoamericano.

Los medios de comunicación, como instrumento de observación de la sociedad, que tienen entre sus funciones informar, denunciar, y reflejar los intereses de quienes integran la sociedad, atados y mediatizados por Gobiernos autocráticos, aun cuando consigan librarse del peligro de desaparecer, si no ejercen la libre expresión, pierden su razón de ser.