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Lunes 11 de Diciembre del 2017

Pretender que una comisión de verificación cogobierne a Colombia durante 12 años, será objeto de crítica, debate y resistencia

Autor(a): Actualidad  | 

Fecha: 21/02/2017

Exclusivo para FCPPC
 

El senador José Obdulio Gaviria alertó este martes sobre la gestación de un nuevo Frente Nacional en Colombia. - Foto: Archivo particular FCPPC

El senador José Obdulio Gaviria alertó este martes que en el Congreso se está gestando un nuevo Frente Nacional que regirá durante 12 años a Colombia y que lo único que se está logrando, por la vía del fast track, es convertir la Constitución en objeto de burlas.

Durante la sustentación de su ponencia negativa al acto legislativo que incorpora los acuerdos de La Habana a la Constitución, el senador Gaviria manifestó que “al fin y al cabo en esta tarea de conformación del nuevo Frente Nacional y que regirá a partir del 17, doce años, 27, 28, 29, 30 tal vez, la oposición a la catarata de proyectos del fast track son voces al viento” y agregó que “pretender que contenidos del acuerdo como que una comisión de verificación cogobierne a Colombia durante 12 años; pretender la impunidad absoluta de los determinadores del terrorismo, su elegibilidad y amenaza de que van por el control del Estado a corto plazo, eso será objeto de crítica, debate, resistencia permanente”.

La siguiente es la intervención del senador José Obdulio Gaviria en la plenaria de la Corporación:

En esta comedia de equivocaciones que es la legislación última iniciativa del gobierno del presidente Santos, que nos atiborra con proyectos y nos hace aprobar actos legislativos a los dos meses nos trae proyectos derogatorios de uno de los artículos etc., etc. me parece natural que usted no le ponga mucho cuidado al hecho formal de que hay una ponencia negativa que pide el archivo del proyecto.

Al fin y al cabo en esta tarea de conformación del nuevo Frente Nacional y que regirá a partir del 17, doce años, 27, 28, 29, 30 tal vez la oposición a la catarata de proyectos del fast track son voces al viento.

Yo presenté un informe de ponencia que está a consideración de ustedes, es de contenido jurídico sobre el trámite legislativo, sobre la exposición de motivos, sobre el propio acuerdo de paz, sobre el contenido político del proyecto, sobre el derecho internacional en la Constitución Política de Colombia, sobre lo que he llamado el espiritismo de la propuesta que conlleva el proyecto y unas consideraciones sobre una discusión muy colombiana la sustitución de la Constitución.

No me voy a referir a esos puntos son abstrusos, tal vez cansones, ustedes tienen mucho afán y por lo tanto, más bien, voy a hacer algunas consideraciones políticas.

Ya el doctor Serpa se ha referido a una de esas discusiones que parecería el fin del mundo que duró más o menos dos o tres días en los titulares de los medios, pero que vale la pena retomarlo para dejar ciertas constancias.

Yo he dicho en la ponencia que el signo de los tiempos que corren en este Congreso los define la palabra ilegitimidad. La revista Semana dijo que el informe de ponencia para el primer debate que presenté “consiguió poner con los nervios de punta a una persona que si por algo se ha distinguido ha sido por su tranquilidad y paciencia, Humberto de la Calle. La advertencia de que si el Centro Democrático y las fuerzas del No llegaran a la presidencia en el 2018 cambiaría el acuerdo de paz, provocó que el jefe negociador se alarmara y en una entrevista en El Tiempo propusiera una coalición para derrotarlos en la primera vuelta”.

Aunque, repito es sabido que nuestras ponencias son palabras al viento que aramos en el mar, que sembramos en el desierto; no retiramos ni una sola palabra de nuestra ponencia en primer debate y la reiteramos para el segundo debate.

El presidente Santos y alias Timochenko han construido una coalición contra el país. El pueblo colombiano fue llamado a refrendar su acuerdo que yo llamo nefasto y nefando consignado en nada menos que en 310 páginas y el pueblo negó tal acuerdo, el pueblo votó No en el plebiscito.

El Gobierno y Timochenko perdieron el plebiscito. Según el artículo segundo de este proyecto, el acto legislativo derogará el artículo cuarto del acto legislativo 01 de 2016 y rige a partir de la promulgación hasta la finalización de los tres periodos presidenciales completos posteriores a la firma del acuerdo final.

No hay duda, entonces, que estamos haciendo historia, estamos haciendo historia universal de la sinrazón. Este proyecto pretende derogar lo que nunca entró en vigencia, señor Ministro, y ahí está la paradoja poner en vigencia lo que dice derogar y que nunca rigió, es paradojas de paradojas y solo paradojas.

Por qué digo que pretende derogar lo que nunca entró en vigencia porque el artículo 5 del acto legislativo al que se refiere este nuevo acto legislativo dijo “el presente acto legislativo rige a partir de la refrendación popular del acuerdo final”, es decir, hubiera regido si el pueblo en plebiscito hubiese dicho Sí pero dijo No.

La incoherencia se hace más abismal si releemos el artículo que nunca rigió y que ahora se pretende derogar. Se trata de una declaración redactada por un orate de la extrema izquierda española, con militón de los miembros de las Farc en sus aventuras revolucionarias, quien con el beneplácito de los negociadores de Santos convirtió lo firmado en La Habana en una especie de Santa Santorum del derecho constitucional colombiano.

Dice textualmente el artículo cuarto de ese acto legislativo que “con el fin de ofrecer garantías de cumplimiento del acuerdo final una vez este haya sido firmado y entrado en vigor ingresará en estricto sentido al bloque de constitucionalidad para ser tenido en cuenta durante el periodo de implementación del mismo como parámetro de interpretación y referente de desarrollo y validez de las normas y las leyes de implementación y desarrollo del acuerdo final”.

Esto parecería un lenguaje cantinflesco, anacolutos lo llama diccionario, pero así dice y en síntesis lo que nos informaba es que el acuerdo de las 207 páginas iniciales, si se aprobaba en el plebiscito, entraba a regir como parte del bloque de constitucionalidad de la legislación colombiana.

El proyecto, al cual se acaba de referir el ponente, el doctor Serpa, simplemente hace este ejercicio: tacha la frase “ingresará en estricto sentido al bloque de constitucionalidad” y luego consagra nuevamente los mismos efectos del anterior acto legislativo.

Voy a leérselos exactamente cómo está redactado. Dice así el artículo transitorio, el nuevo artículo transitorio de los miles que nos ha sometido el Gobierno de Santos y que tiene atiborrada la Constitución colombiana, ya ni siquiera la publican, de artículos transitorios: “En desarrollo del derecho a la paz los contenidos del acuerdo final que correspondan a normas de Derecho Internacional Humanitario o derechos fundamentales definidos en la Constitución Política y aquellos conexos con los anteriores serán obligatoriamente parámetros de interpretación y referencia de desarrollo validez de las normas y las leyes de implementación y desarrollo del acuerdo final”, es decir otra vez el bloque de constitucionalidad.

Dice además el artículo: “Las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en el acuerdo final. En consecuencia, las actuaciones todos los órganos y autoridades del Estado, los desarrollos normativos del acuerdo y su interpretación y aplicación deberán guardar coherencia, integridad con lo acordado”.

Es decir, Santos y Timochenko insisten en que su acuerdo final, un documento firmado por un delegado y un terrorista activo cuyo contenido fue rechazado por el pueblo de Colombia será parámetro de interpretación de las normas de implementación del acuerdo.

Además, pretenden que tengan vigencia de 12 años durante los cuales obrará como camisa de fuerza de tres gobiernos sin consideración del signo político y programático de los regímenes que se constituyan en esas elecciones.

Los delegados de Santos y de Timochenko pretenden que su documento determine y guíe la acción del Estado, incluido los organismos de control durante 12 años y que las autoridades cumplan de buena fe con lo que dice ese acuerdo.

Esto es un raponazo ideado por un régimen al que le cabe el refrán de que “tras de ladrón, bufón”.
Robaron al pueblo, deslegitimaron su acto soberano y, fuera de eso, intentan imponer un proyecto para convertir en norma de vigencia de 12 años como referencia de interpretación de la Constitución de las leyes, de las sentencias y de los actos de los ejecutivos durante esos 12 años.

Los defensores del No han dicho y repetido que no se oponen a los hechos básicos de un acuerdo entre el estado y una organización criminal tendiente a la desmovilización y reinserción de sus miembros a la vida civil.

El Estado cuenta con instrumentos legales para hacer efectiva la política de desmovilización contenidos en las leyes 418 y aquellas que ampliaron el término de vigencia y reformaron algunos de sus contenidos, son normas vigentes.

Ninguna fuerza política se opone ni pone en entredicho la desmovilización, la concentración de guerrilleros, los beneficios de una amnistía amplia y generosa para los delitos políticos, pero pretender que contenidos del acuerdo como que una comisión de verificación cogobierne a Colombia durante 12 años; pretender la impunidad absoluta de los determinadores del terrorismo, su elegibilidad y amenaza de que van por el control del Estado a corto plazo, eso será objeto de crítica, debate, resistencia permanente.

No es de recibo, doctor Serpa, la argucia política con la que se pretende neutralizar los argumentos de quienes rechazamos el zarpazo constitucional y legal que se intenta.

Decir que si no se aprueban semejantes iniciativas o que si se notifica que unas nuevas mayorías en el Congreso tendrá derecho a debatirlas es llamar a una nueva guerra civil es una baladronada, solo eso.
Una política de mano firme y corazón grande, la política de paz de la seguridad democrática desmovilizó 52 mil criminales, colectivamente los de las autodefensas, individualmente más de 18 mil integrantes de las Farc y el Eln. Su situación está legalizada y estable pero nunca imperó la impunidad no se convocó a los protagonistas del crimen a reclamar el poder en Colombia.

El No en el plebiscito fue la notificación permanente del pueblo colombiano a los firmantes del acuerdo que esa jugarreta política de pretender convertir la Constitución colombiana en rey de burlas y hacer que las 310 páginas de Timochenko y De la Calle se convertirán en el referente constitucional de este país no se podrá admitir, nunca será una afirmación legítima.

El presidente Uribe en un artículo publicado ayer dejó muy en claro y resumió, sintetizó lo que es la afirmación de mi ponencia. Él dijo “apoyamos a desmovilizados de base y víctimas, pero impunidad y elegibilidad de delitos atroces, riesgo castro-chavista, precedente de desconocimiento del plebiscito y abuso del fast track son conductas que invitan a la corrupción”.

Me han insinuado mis compañeros de bancada y adhiero a esa consideración y determinación que simplemente mi ponencia quede como constancia y sea retirada.

Muchas gracias

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