En una entrevista publicada el 17 de junio de 2014 en El País (edición América), el Presidente Santos dijo que al hablar de paz sin impunidad se refiere a que "por primera vez las víctimas van a ser el centro de la solución del conflicto, y a que vamos a respetar sus derechos dentro de una justicia transicional (…) Eso garantiza que no va a haber ninguna impunidad…". En seguida expresó que "la esencia del problema" en el tema de las víctimas es "qué tanta justicia se sacrifica en aras de conseguir la paz".

El discurso del presidente es incoherente. Dice que no hay paz sin justicia pero no sale del laberinto que contrapone la paz a la justicia. Anuncia en blanco y negro que el quid del asunto está en la devaluación de la justicia.

La invocación reiterada de las víctimas genera la banalización de su sufrimiento y del proceso de reparación. No es suficiente invocar a las víctimas; es necesario atender sus necesidades, frenar dinámicas de (re)victimización y restablecer su dignidad.

Según el discurso oficial, todo es por las víctimas, para las víctimas y de las víctimas. Asistimos a un escenario de manipulación política de la imagen-víctima como un referente que confiere legitimidad al Gobierno. Pero al fin del cuento, la discusión se mueve en un terreno peligrosamente pragmático, entre negociadores que tienen mucho que ganar y perder.

Haría menos daño el Presidente con sus anuncios si empieza a poner de presente la compleja maraña que entraña la negociación. Los derechos de las víctimas son un eje importante pero no único en la solución del conflicto. Además, su satisfacción no se hace por vía declarativa.

El camino hacia la construcción de la paz será largo. El restablecimiento de la confianza social en los entes públicos y el enderezamiento del ejercicio del poder público no se logran a punto de promesas.

La restructuración del aparato estatal, el fortalecimiento de los controles públicos, y la depuración de funcionarios públicos comprometidos en la violencia y la corrupción son respuestas ineludibles.

Además, se necesitará recuperar el sentido de la justicia, especialmente "ahora, que la justicia vale menos que el orín de los perros", como expresó vivamente León Felipe sobre la España partida por la guerra civil.

Al ser confrontado en relación con su promesa de prisión para los responsables de crímenes graves, Santos respondió: "Sí, pero hay diferentes definiciones de cárcel. Eso es lo que se está negociando".

Esto no es muñequeo ni juego de cadera; es franca y sencilla incoherencia.

El Gobierno debe presentar el sentido de justicia que se quiere promover en el país. Debe exponer los mensajes concretos y los simbólicos que se pueden impartir mediante la administración de justicia. Es probable que la sociedad necesite apartarse de nociones de castigo relacionadas con la imposición de dolor, pero la discusión tiene que ser transparente. Necesitamos saber cuáles son los valores que están en juego y qué sacamos con abandonar la arraigada tradición punitiva.

En vez de dar declaraciones confusas que dan a entender que avanzamos hacia una justicia negociada, Santos debería evidenciar cuáles son los fines de la justicia que quiere promover y cuál es su plan para pasar del derecho a lo justo. Por esta vía, podríamos aproximarnos más a formas expresivas de justicia que ayuden a transformaciones sociales y políticas.