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Miércoles 18 de Septiembre del 2019

Tributación y democracia

Publicado en:

El Espectador  | 

Autor(a): Santiago Montenegro  |

Fecha: 07/09/2015

 

Foto: elespectador.com

El Gobierno en Colombia tiene unos de los recaudos tributarios más bajos de la región, alrededor de un 15 % del PIB.

Este es un nivel insuficiente para financiar las políticas económicas y sociales derivadas de la Constitución de 1991, que han pretendido crear un Estado del bienestar e invertir en un sinnúmero de programas y proyectos.

Con la bonanza petrolera, se creó la ilusión de que nos habíamos vuelto ricos, lo que indujo a las autoridades a incrementar el gasto público como si la subida de los precios del crudo fuese permanente y nos vemos, ahora, con un creciente déficit fiscal con precios y de volúmenes de producción de petróleo mucho menores a los inicialmente proyectados.

Sin ninguna duda, los niveles de recaudo del Gobierno que son genuinamente sostenibles en el tiempo son muy bajos y, de una forma y otra, tenemos que incrementarlos. Hasta ahora, la forma apresurada y fácil de subirlos ha sido mediante el expediente de aumentar las tasas de tributación para las empresas y para las personas naturales. Ese mecanismo ha sido pernicioso, no solo porque no ha producido los recaudos esperados, sino porque, al ser eminentemente fiscalista y no tener en cuenta la competitividad de nuestras empresas, ha golpeado la inversión.

Infortunadamente, no se ha entendido que, más que las tasas, se debe incrementar las bases tributarias. Es menester hacer que más empresas y más personas contribuyan con sus impuestos.

Pero, para incrementar las bases tributarias, es necesario, a su vez, enfrentar un problema estructural muy grave: la informalidad. Según cifras del Gobierno, un 58 % de los predios rurales no tienen ni títulos ni catastro, y buena parte del restante 42 % los tienen desactualizados. Además, según cifras del Plan Nacional de Desarrollo, un 66 % de los trabajadores en Colombia son informales. No se tiene la cifra exacta, pero se estima que unas dos terceras partes de las construcciones de viviendas y edificaciones de nuestras ciudades son también informales, y una cifra parecida se puede aplicar a las empresas.

Quizá la misión de expertos para la reforma tributaria, además de recomendaciones puramente fiscales, también haga conciencia de la gravedad de este fenómeno y plantee propuestas claras y específicas para reducir la informalidad.

Pero, quizá, esa misión también haga consciencia de que un mayor número de empresas y personas tributando, además de mejorar la salud fiscal del Gobierno y de los entes territoriales, puede y debe ser un mecanismo para el mejoramiento de nuestra democracia.

Porque, como lo ha enfatizado muchas veces Salomón Kalmanovitz, uno de los problemas serios que tenemos en Colombia es la disociación entre gasto público y tributación. Ni los ciudadanos comunes y corrientes, ni tampoco muchos de los líderes de los poderes públicos, son conscientes de la estrecha relación que debe existir entre gastos e ingresos públicos. Con muchas personas y empresas pagando impuestos, se interioriza el concepto de “no tributación sin representación”, haciendo que muchos más ciudadanos exijan participación, voz, transparencia, rendición de cuentas y castigos a quienes malversan los recursos públicos.

Cuando son muy pocos los que pagan impuestos, los que no pagan, que son la mayoría, terminan entendiendo al Estado como a una vaca a la que solo hay que ordeñar. Cuando todos pagan, los ciudadanos terminan comprendiendo que, para ordeñarla, también hay que cuidar a la vaca.

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