"Llama la atención la rapidez con la que evacuaron la demanda contra la elección de Perdomo."
Mencionaba en la columna de la semana pasada que la hoja de vida del vicefiscal Jorge Fernando Perdomo presenta como experiencia profesional un certificado emitido por el Externado de Colombia en el que se asevera que, entre 1998 y 2004, él laboró para dicho claustro universitario.
Dado que los documentos que soportan la legalidad de esa contratación nunca me fueron remitidos por las directivas de la universidad, me di a la tarea de investigar un poco. Resulta que, de acuerdo con el “Sistema Integral de Información de la Protección Social-Registro Único de Afiliados”, el doctor Perdomo está inscrito en el sistema de seguridad social desde marzo 11 de 2005 y cotiza al fondo de pensiones Colfondos desde el 9 de marzo de ese mismo año. (ver copia del certificado abajo).
Eso significa que, ante el proceso número 2012-00033 en el que el Consejo de Estado tramitó una demanda que buscaba la nulidad de la elección de Perdomo como vicefiscal general de la nación, el jefe de recursos humanos del Externado de Colombia, Jorge E. Sánchez, allegó una certificación que asegura que Perdomo fue empleado de ese centro académico desde 1998, lo cual no sería cierto, pues la forma como se comprueba la existencia de un vínculo laboral es a través de los respectivos aportes a la seguridad social y como se nota, Perdomo está inscrito en el sistema desde 2005. Le corresponderá a las autoridades investigar si el señor Sánchez cometió los delitos de fraude procesal y falsedad en documento.
Llama la atención la rapidez con la que los magistrados de la sección quinta del Consejo de Estado evacuaron la demanda contra la elección de Perdomo. La acción de nulidad fue presentada en mayo de 2012, de inmediato su estudio le fue remitido, por reparto, a la magistrada Susana Buitrago y en junio de 2013 fue fallada. Un proceso como ese tarda, en promedio, tres o cuatro años.
Para la investigación, la magistrada Buitrago solicitó dos pruebas. La primera de ellas, la certificación laboral del Externado y la segunda, una relación de las entradas y salidas del país del doctor Perdomo desde 1998 hasta 2011. En palabras de Buitrago, “esta prueba tiene como fin demostrar que las ausencias del mencionado profesor [Perdomo] del país, le impide acreditar una experiencia de 10 años en el litigio o en la cátedra”.
Resulta intrigante que dicha evidencia –que corresponde a los folios 133 a 135- haya sido sustraída del expediente, alegando que se trata de una “prueba reservada”. ¿Por qué impedir que los ciudadanos puedan comprobar con sus propios ojos que entre los años 1998 y 2004 el doctor Perdomo, supuesto empleado del Externado de Colombia, viajó frecuentemente al país a cumplir con su contrato como catedrático? ¿O será más bien que esos viajes nunca se dieron y prefieren mantener ese dato en secreto para que no se les estropee la tramoya?
La demanda fue estudiada por tres magistrados. Además de Buitrago, en ese proceso estuvo involucrado Alberto Yepes Barreiro, coterráneo de Perdomo. Yepes es el magistrado que se hizo famoso por haber cambiado, de la noche a la mañana y gracias al nombramiento de un pariente suyo en la Fiscalía General de la Nación, el sentido de un proyecto de fallo en la demanda contra la elección del procurador Alejandro Ordóñez.
Buitrago y Yepes, coadyuvados por la consejera Jeannette Bermúdez, pasaron de largo frente a la certificación laboral emitida por la Universidad Externado de Colombia que fue presentada sin los respectivos soportes que confirmen que lo consignado en ella se ajustaba a la realidad y ordenaron guardar bajo reserva la información sobre los viajes del demandado Perdomo. Se puede concluir que su interés era el de evacuar rápida y favorablemente el asunto, dejando en firme la designación del vicefiscal y eliminando cualquier rastro que ponga en entredicho la legalidad de la sentencia.
Un elemento final enrarece aún más este episodio. El 26 de junio de 2015, cuando Susana Buitrago ya había culminado su periodo en el Consejo de Estado, la Fiscalía General de la Nación le dio un contrato por 174 millones de pesos. Surge una pregunta elemental: ¿Aquel contrato es un caso más de un “tú me investigas y me absuelves y luego yo, en agradecimiento, te contrato”?
Post Scriptum: Doctor Jorge Fernando Perdomo, ¿le suena el nombre José Arnoldo Estrada Estrada?
