La situación de las FARC se reforzará tras los acuerdos del proceso de paz, según denuncia el expresidente de Colombia Álvaro Uribe.

El presidente re electo de Colombia, Juan Manuel Santos, es el que más lejos ha llevado la negociación con las FARC. El país se encamina a una declaración de paz, una paz ansiada desde hace décadas por el pueblo colombiano. La cuestión es qué paz va a salir de este proceso, y si esa es de verdad la que desean los ciudadanos de ese país. Álvaro Uribe, antecesor de Santos y ahora su principal crítico, cree que no. Y para alertar del camino al que Juan Manuel Santos está conduciendo a Colombia, ha escrito un informe en el que recoge, en 68 puntos, cuál es su visión de las negociaciones.

Las afirmaciones de Uribe están extractadas de los documentos de la negociación. A partir de ahí, de esos datos comprobables, realiza el ex presidente un juicio sobre cuál será el futuro de Colombia si finalmente el acuerdo recoge todo lo aceptado, en principio, por el gobierno de Santos.

Lo que es muy claro es que la democracia en Colombia, una democracia que tiene muchas décadas de historia y ha sobrevivido al envite del terrorismo, cambiará fundamentalmente si se cumplen los acuerdos.

Para entender ese proceso hay que acudir, primero, a la reforma de la tierra. El acuerdo prevé que el gobierno, en una decisión administrativa y sin intervención judicial, pueda expropiar, sin indemnización, a los terratenientes para repartir las tierras a pequeños propietarios, o colectivizarla. Para tener título para esas tierras basta con ser un “trabajador con vocación agraria”, potencialmente casi cualquier colombiano. ¿Quién controlará este proceso? Las “organizaciones comunitarias”, que Uribe cree que están “infiltradas y amedrentadas por el terrorismo. Finalmente, las tierras reasignadas serán inalienables durante 7 años y su uso será determinado por una instancia, por lo que se elimina el libre mercado sobre la tierra.

Cree Uribe que las organizaciones comunitarias estarán amedrentadas por las FARC. En cualquier caso, y este es uno de los puntos más sorprendentes del acuerdo, la organización terrorista no renuncia a las armas, sólo a utilizarlas. Mientras, “vigilará” el cumplimiento del acuerdo, con las armas en la mano. El Gobierno no exige a las FARC que devuelvan las tierras robadas a los campesinos, ni que reparen económicamente el daño que han infringido a las víctimas.

Parte de este acuerdo pasa por la creación de Zonas de Reserva Campesina (ZRC), con control por parte de las organizaciones, y en las que las parcelas serán inembargables. “El gobierno”, cree el ex presidente, “le entrega al terrorismo” estas áreas, “que se convertirán en sus zonas de retaguardia estratégica”, en “corredores para la movilización militar, tráfico de armas, drogas, contrabando, además del adoctrinamiento de las comunidades que hagan parte de ellas”.

Los beneficiarios de las adjudicaciones serán elegidos por “la comunidad”, eufemismo que se plasmará, en parte, en organizaciones creadas desde las FARC. De todos modos, para que no se escape el proceso de reparto, se priorizará a las “zonas de conflicto”, que son las que ocupan las FARC, y son las que se constituirán en ZRC.

El gobierno respetará y protegerá el negocio de tráfico de drogas de las FARC. “No asumen ninguna responsabilidad en el desmonte de este negocio ilícito” y no se comprometen a “destruir sus cultivos de coca ni sus laboratorios de fabricación de cocaína; tampoco se obligan a entregar las rutas de salida de la droga, ni a entregar sus bienes y recursos derivados del narcotráfico”. Pero, como cualquier organización empresarial, prefiere que el Gobierno les proteja de cualquier competencia, por lo que se habla de intensificar “la lucha contra las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico”, según recoge el acuerdo. La operación supone, a juicio de Uribe, “la más grande operación de lavado de activos de la historia colombiana”.

Dado que las FARC se financian, además de con su actividad criminal propia de la organización de izquierdas, con el negocio de la droga, sus cuadros pueden correr el peligro de enfrentarse a un juez una vez integrados en la vida civil. Para evitar el enjuiciamiento y la extradición, se ha acordado que cualquier actividad relacionada con el narcotráfico ha de verse como un acto de “rebelión”, y que en consecuencia es un “delito político”, que será objeto de indultos y amnistías. No ocurre lo mismo con otras organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico, como son las paramilitares. El Gobierno deberá dar cuenta de la relación entre éstas y la actividad ilegal. De nuevo la eliminación de la competencia.

La despenalización de los delitos de narcotráfico, retroactiva y selectiva, forma parte de una de las patas del acuerdo, que consiste en limpiar la organización de cualquier recriminación por el terrorismo que ha practicado durante décadas. Por ello, se valida su discurso, al decir que la organización surgió en el contexto de una oposición entre el latifundio y el minifundio o los trabajadores agrícolas sin tierra. Se insiste en la “no estigmatización”, para evitar que se llame “terrorista” a las FARC. Se dice que a partir de la entrada de las FARC en el juego democrático, Colombia será una democracia plural, haciendo ver que no lo era antes. El Gobierno, además, dotará a las FARC de “espacios en las emisoras y canales institucionales y regionales”, y se les habilitará un “canal institucional de televisión”, según recoge el acuerdo.

En resumen, el gobierno legaliza la estructura económica de las FARC, la refuerza al otorgarle legalidad y al concederle el control sobre nuevas tierras, no le exige la devolución de lo robado ni indemnizaciones, y tampoco fuerza el abandono del cultivo de coca, ni desmantela la infraestructura de fabricación y comercio de cocaína. Hace suyo el discurso que ha justificado su actividad, y le otorga nuevos medios para el adoctrinamiento, y un control seguro sobre cierto territorio. Y no tienen que entregar sus armas.

Pero eso no es todo. Porque desde esta posición, más fuerte que antes del inicio de las negociaciones, se podrá presentar a las elecciones. También en este aspecto, las FARC contarán con una posición de privilegio.

Se crearán Circunsripciones Especiales de Paz, que tendrán representación en la Cámara. El acuerdo recoge que “los partidos democráticos con representación en el Congreso de la República no podrán inscribir candidatos en esas Circunscripciones Especiales”. Mientras, los partidos respaldados por las FARC “podrán presentarlas a la vez en ellas y en los departamentos respectivos; y los electores de esas zonas podrán votar en las dos circunscripciones”, dice Uribe. Se vulnera, a su juicio, el principio de un hombre, un voto.

Por otro lado, exigen que se elimine el umbral mínimo de votación, lo cual favorecerá que se atomicen los partidos políticos con representación, y eso les hará más débiles frente al partido de las FARC, que cuenta con una organización bien financiada, amplia, con disciplina militar, y mucha experiencia, y medios, para el adoctrinamiento.

En estas condiciones, la democracia colombiana será muy distinta antes y después de la aplicación de los acuerdos.