Quiero pensar que la decisión del presidente Santos de reconocer la existencia de un conflicto armado en el país constituye una jugada, una carta que se juega en el marco de una apuesta como las que él, buen apostador, ha estado haciendo en varios asuntos. Es decir, que da ese paso para atraer, por ejemplo, a las guerrillas, hacia una negociación que les abra la puerta a un fin digno que no les signifique quedar en la historia como un grupo de hampones, malhechores y terroristas despiadados. Hay que pensar que no es sólo para evitar colados de la violencia delincuencial en la ley de reparación de las víctimas de la violencia con pretensiones políticas. Puesto que experiencias del anterior gobierno dejan ver que es posible reparar víctimas sin tener que reconocer un conflicto armado.
Dar este viraje con el fin de aclimatar una negociación no parece lo más lógico y acertado. Eso no refleja que es el Estado el que va ganando la confrontación a los grupos armados ilegales y que son ellos los que están en la obligación de hacer un gesto, como liberar los secuestrados y declarar su intención de abandonar las armas, para que la opinión pública entienda y acepte un nuevo intento de negociación.
Caracterizar como conflicto armado la situación que vive el país no quiere decir que haya reconocimiento de beligerancia a las guerrillas. Pero, si las deja en inmejorable condición para hacer esa exigencia como paso necesario para acceder a una negociación. Que en los términos por ellos planteados se traduce en una negociación de tú a tú, en igualdad de condiciones.
Hablar de conflicto armado no significa darle reconocimiento político de contraparte del Estado a grupos cuyo accionar es de corte terrorista en más de un 90%. Por tanto, ¿Qué sentido tiene dar este paso si no hay contraprestación ni compromiso para cesar los ataques terroristas? Si las guerrillas han fracasado militarmente, si no han podido erigirse en representantes de algún sector de la población o del territorio, si no acatan el DIH, si sus acciones son de corte terrorista, si siguen reclutando niños y secuestrando, si se mantienen con el negocio del narcotráfico, si se han levantado en armas contra una democracia, ¿por qué se les va a tener como una contraparte del Estado?
Ojalá no se trate de una concesión a la ingenuidad como las que nos costaron un ojo de la cara en ocasiones anteriores. El Estado tiene en este momento la iniciativa y la fuerza para exigirles a esos grupos que la única forma de reconocerles una motivación política es si se deciden a abandonar el camino de las armas. Los gobiernos anteriores manejaron un cierto nivel de reconocimiento político sólo con el fin de legitimar una negociación. Eso es lo que debe hacerse, esa es la línea a seguir en vez de atender los cantos de sirena de congresistas del Polo, del liberalismo samperista, de conservadores pastranistas, y de uribistas despistados que, impregnados de una candidez monumental, piensan que ha llegado la hora de volver a conversar sin condiciones.
Darío Acevedo Ventanaabierta.com Mayo 6 de 2010
