Del Caguán al Congreso.

Del Caguán al Congreso.

El Congreso, , será el recinto  de los nuevos diálogos para la paz dentro de la Política Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad,  con el fin de darle salida al “conflicto interno” reconocido en la nueva Ley de Víctimas que tuvo origen presidencial.

Este nuevo paso de la estrategia del gobierno , develado de manera enjundiosa por el  editorial  del Tiempo  del 21 de Mayo pasado, debe  concluir con la presentación de un nuevo proyecto de  reforma constitucional de origen parlamentario, “para brindarle al presidente Santos un vital espacio de maniobra y una distancia estratégica para ponderar la sintonía de las propuestas con el querer de los ciudadanos” ,  en las mismas palabras del editorial.

Considera que esta  salida “permite acompañar la ofensiva castrense y  al mismo tiempo abrir la puerta que se cerró después de la desilusión del Caguán y la llegada de la política de Seguridad Democrática, eliminando de  la opinión pública la idea de una rápida y avasalladora victoria armada sobre la guerrilla… idea que no está acorde con la correlación de fuerzas en el campo de batalla”.

De allí,  se concluye,  que “después de ocho años de una exitosa  política de seguridad,  la dirigencia nacional cuenta con un panorama más claro sobre los límites de su ejecución operativa y conceptual… para convocar  en el Congreso a  una discusión abierta  – a través de la Comisión de Paz del Senado- que debe incluir actores políticos, sociales y académicos, para la reflexión,  con miras a un producto legislativo  que permita avanzar, práctica y conceptualmente,  en una doctrina propia de paz, seguridad y conflicto”.

En concordancia con la Ley de Víctimas,  primer paso legal  para abrir el  camino a esta nueva estrategia de apaciguamiento para la conciliación con las bandas narcoterroristas,  el editorial, recogiendo los argumentos de los voceros de la Unidad Nacional en el Congreso en defensa de  dicha ley,  agrega otras razones  en apoyo al nuevo acto legislativo,  veamos :

-Dotar a los procesos transicionales de mayor velocidad y más énfasis  para evitar, por medio de la eficiencia y la celeridad, que se activen otros escenarios de justicia internacional.

-La necesidad  de ordenar el paradigma actual de Justicia y Paz, diseñando un conjunto nuevo de herramientas    que eviten escollos jurídicos e incentivos perversos  a los escenarios posibles de la reconciliación.

-Resolver en el nuevo marco jurídico cuestiones pendientes en la desmovilización de los paramilitares y el surgimiento de nuevas bandas criminales.

-Establecer la distinción legal de actividades puramente delictivas de narcotráfico de acciones armadas ilegales.

– Inclusión de militares condenados en futuros aparatos de justicia transicional.

– Obviar los obstáculos  de la extradición y los componentes del delito político en  los escenarios de negociación.

Todo lo anterior  aclara la nueva hoja de ruta para la paz que se ha trazado el gobierno del presidente Santos  muy diferente a la política de Seguridad Democrática que defendió  conjuntamente con el presidente Uribe.

Conspicua labor le espera,  al lado del Congreso ,  al Juez Baltazar Garzón como asesor  en la misión de apoyo  de la OEA para el  nuevo proceso de paz iniciado en Colombia con la Ley de Víctimas.  Por ejemplo :

– Conceptuar si el Estado,  en representación del espíritu indulgente de los  colombianos, continuará  asumiendo los costos  de la  violencia que le declararon  los  victimarios  terroristas, llámense FARC o paramilitares.

– Si el recinto congresional podrá darle cabida,   en las nuevas negociaciones,  a los voceros de quienes  continúan aclimatando   los nuevos diálogos de  Paz con acciones terroristas.

– Si una nueva legislación transicional  puede continuar poniendo en pié de igualdad al ejército de la constitucionalidad  con los terroristas  que le declararon la guerra al Estado, aliados con el narcotráfico.

– Si en apoyo al Principio de Jurisdicción Universal,  quienes juraron y han defendido la constitución colombiana,  serían juzgados en tribunales internacionales, mientras  los terroristas continúan  demandando escenarios  legales nacionales para el indulto y el ejercicio político.

Lo único cierto es que los colombianos estamos abocados a nuevos “diálogos para la paz”, los cuales se vislumbraban en la discusión de la Ley de Víctimas,  en los cambios de la cúpula militar,  en controvertidos fallos  de las altas cortes  y en la nueva diplomacia en las relaciones  internacionales.

Y la  iniciación de los mismos , sin ninguna demora,  le ha correspondido al Ministro del Interior y Justicia ,   al darle respuesta al reciente  comunicado de la FARC en donde ,  contestando inmediatamente a la política de apaciguamiento del gobierno,  hacen un llamado a “”una salida civilizada y política del conflicto”, renunciando  a su vieja consigna de “solución  política negociada al conflicto  social y armado” .

Ha dicho en su respuesta  el Ministro : “nadie va a construir un escenario para un protagonismo político sin hechos concretos que demuestren la voluntad real que les asiste para liberar a estas personas”, haciendo referencia al acuerdo humanitario  que piden las FARC en el mismo comunicado para que  se “libere a todos los presos políticos que se encuentran en las cárceles del régimen y a los prisioneros de guerra en poder de la insurgencia”.

Vaya ! , vaya ! : Un reconocimiento del “conflicto interno”  en la Ley de Víctimas abrió ya las negociaciones hablando  de presos políticos,  prisioneros de guerra , insurgencia y hechos políticos  que demuestren voluntad real.

A la congestionada agenda del Congreso para sacar adelante las  políticas constitucionales de prosperidad, le corresponde agregar la nueva para el sustento jurídico y político a los diálogos iniciados, donde jugará papel destacado el congresista Roy Barreras,  unos de los alfiles  encargados de  defender el nuevo proyecto.

En medio del batiburrillo político y legal propiciado por la nueva estrategia que  deja sin  efecto la Ley de Justicia y Paz  y el trabajo de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación de Víctimas,  aún no evaluado por el país,  desde el Observatorio Jurídico  continuaremos atentos al análisis del segundo paso  de esta legislación  transicional.

Alfonso Lorza
Director Observatorio Legislativo FCPPC
Junio 2 de 2011
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