Las Cortes y El fin del fin.

Las Cortes y El fin del fin.

Lo rememoro y aún no doy crédito. Pocas personas nos tomamos en serio las palabras pronunciadas sin convicción, sin gesto y sin fuerza por un ex-presidente de la Corte Suprema de Justicia en el sentido de que “estamos en el siglo de los jueces”. Poco a poco la CSJ nos viene dando sorpresas, poco gratas a decir verdad.Ahora han declarado sin validez los correos encontrados en el computador de “alias” Reyes. Como si el operativo contra sujeto tan peligroso pudiera haberse realizado guardando las formas de un operativo de policía judicial y como si lo que está escrito en su computador fuesen juegos de “solitario” para matar el tedio selvático y no, directrices, orientaciones y órdenes terroristas.

Varias decenas de procesos se caerán como consecuencia de una apreciación “ceñida a derecho” como les gusta calificar aquello sobre lo cual no quieren discusión. Se cae la farcpolítica si es que alguna vez estuvo en la agenda de esta Corporación. Los efectos jurídicos y políticos de esta jurisprudencia ya se dejan sentir: Gobernantes de Venezuela y Ecuador, aplauden a la Justicia colombiana. Se terminará aceptando lo afirmado por Chávez, Piedad y algunos mamertos criollos en el sentido de que lo de Reyes fue un asesinato y que a Ecuador se le violó la soberanía. Piedad Córdoba y otros acusados serán reivindicados con honores y les tendremos que pagar costosas indemnizaciones. A la caneca de basura se arrojó el derecho a la defensa consignado por el Consejo de Seguridad de la ONU en la Resolución 1373 de 2001 sobre combate al terrorismo.

Colombia se irá al infierno en olor de santidad y legalidad. Perderemos la guerra pero habremos salvado un inciso. Un país que respeta la “pureza” de las leyes aunque se disuelva en el azufre infernal. La doctrina de la Corte  deshechó el juicioso e incuestionable examen realizado por la Interpol. A la Corte parece importarle muy, pero muy poco, la grave amenaza que para la sociedad ha representado y sigue representando la existencia de poderosos grupos armados irregulares de carácter extremista, enemigos de nuestra democracia y dueños de un poder inmenso de infiltración sobre el estado. No es sensato escudarse en que aquí no se reconocía el conflicto armado, pues con mención de este en varias leyes precedentes o aceptando que se trata de una amenaza terrorista, caben las mismas inquietudes. Tal parece que a los magistrados les interesa muy poco que estos grupos recuperen en los tribunales lo perdido en el campo de batalla en estos últimos años.

Las atrocidades jurídicas ya se habían instaurado con los fallos amañados contra el coronel Plazas Vega y el general Arias Cabrales, víctimas de la aplicación extemporánea de un delito inexistente en la época de la toma del Palacio de Justicia. En Colombia la Justicia se está dando la licencia de violar el sagrado principio jurídico de la inaplicabilidad retroactiva de las leyes.

Y en el colmo de los desatinos, el Concejo de Estado, otra de las altas cortes, condena a la Nación a resarcir a soldados heridos por la guerrilla en el asalto a la base de Las Delicias en 1996. Y, además, ordena una investigación disciplinaria contra el alto mando militar de entonces por haber sufrido la humillante derrota. Lo que en otras palabras quiere decir que los soldados juran no sólo defender la patria y la constitución, sino que están obligados a ganar todas las batallas so pena de castigo. Un mundo bizarro, en el que la víctima, la fuerza pública y los ciudadanos que hacemos parte del Estado, resultamos culpables de los despiadados ataques de los grupos violentos. Así no hay ejército que gane una guerra o un conflicto armado o una amenaza terrorista si a los jueces les da por fungir  de estrategas militares privando a los jefes de la tropa de la función de analizar el comportamiento de los uniformados y tomar las medidas del caso en cada situación vivida.

En el “siglo de los jueces”, de la presunta infalibilidad de los jueces, se olvida por un momento uno de los argumentos favoritos de los magistrados contemporáneos, a saber, que no sólo se controlan las normas sino que se modulan los fallos y se crea jurisprudencia gubernativa. (En el artículo de Andrés Mejía Vergnaud -La República. 30/05/2011: La Corte y los computadores de Raúl Reyes.docx se puede ver desde el ángulo jurídico la justeza del reclamo) ¿Cómo es que no entienden  la gravedad de la amenaza que pende contra la sociedad colombiana? ¿Cómo es que no entienden que el combate a esos grupos en el frente jurídico-judicial es tan importante como el que tiene lugar en las esferas política y militar?

Las Cortes desconocen las disposiciones del Consejo de Seguridad de la ONU contra el terrorismo. La Suprema da razones para que muchos pensemos que actúa con criterio politiquero y revanchista. El Consejo de Estado deja un mensaje equívoco a la Fuerza Pública: son culpables de los ataques de las guerrillas, están obligados a ganar todas las batallas y el Estado, es decir, quien representa el interés general, tiene la obligación de resarcir a todas las víctimas de los grupos armados ilegales. Es como ordenarles abandonar las zonas peligrosas, aquellas donde las guerrillas los puedan copar es mejor que no se arriesguen.

Adios, entonces, a la investigación de la amplia operación de infiltración realizada por las guerrillas en muchas zonas del país, en municipios y departamentos con débil presencia del estado, en donde usufructuaron los presupuestos y recursos locales, impusieron funcionarios y mataron, secuestraron y chantajearon a los mandatarios, concejales y líderes locales. Esa infiltración, tan amplia y profunda como la adelantada por el paramilitarismo,  va a desaparecer de los estrados gracias al fallo según el cual, los textos de Reyes, por estar en formato Word, carecen de validez. Habrá que tragarse este sapo o cocodrilo, porque simple y llanamente, no hay nada que hacer. A la Justicia se le puede rebatir pero hay que acatarla. Despidamos también una tesis defendida en artículos anteriores (2008 a 201) en los que sosteníamos que el conflicto armado colombiano estaba en el fin del fin.

Coda: Se acaba de aprobar en el Congreso de la República la más importante Ley de Reparación a las víctimas del conflicto armado colombiano. Nos sumaremos al debate una vez tengamos la información completa del contenido. Por el momento cabe recordar que no es la primera ley que se refiere al tema. La CNRR fruto de la Ley de Justicia y Paz ha dejado unos resultados y unas políticas que merecen un justo balance y no se deben despreciar por prejuicio. El espíritu adanista de que la historia a este respecto se divide en un antes de Cristo y un después de Cristo es una broma pesada.

Darío Acevedo Carmona
VentanaAbierta, Medellín. 
Junio 03 de 2011
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