No voy a darme a la tarea de criticar al Gobierno por los golpes de la guerrilla en las últimas semanas, porque estoy convencido de que el problema de orden público no se soluciona cambiando al ministro de Defensa, que es un funcionario decente y bienintencionado.
El lío empezó con la designación de un hombre del mar para comandar unas Fuerzas Militares que libran una guerra en la tierra. Aquella no fue una idea muy acertada. Seguramente el presidente creyó, de muy buena fe, que al designar como jefe de las FF.MM. a un miembro de la Armada, le quitaba presión al asunto de los falsos positivos que pendía como la espada de Damocles sobre la cabeza del Ejército.
El experimento no ha funcionado. He hablado con muchos altos oficiales del Ejército y llama la atención que todos coincidan en las críticas a la comandancia del almirante Cely. El inconformismo tiene asidero: no es muy lógico que unas Fuerzas Militares integradas esencialmente por el Ejército, estén dirigidas por un hombre con experiencia en los desafíos planteados por las embravecidas aguas y no en la lucha contra los terroristas que se esconden en la manigua profunda.
Otro elemento nefasto: la salida del general Matamoros, retirado por la inquina que le tenía el almirante Cely, quien se dio a la sucia tarea de culparlo por todos los fracasos en materia de seguridad. Acá un dato significativo: desde que Matamoros fue llamado a calificar servicios, las acciones terroristas han aumentado exponencialmente.
Pero el asunto trasciende a las vanidades humanas de quienes tienen el mando de nuestras tropas. En las Fuerzas Militares se vive un clima de desasosiego infinito. Los oficiales, suboficiales y soldados pasan por el peor de los momentos. A pesar de ser los mejores guerreros del mundo, sienten que sus manos están amarradas por cuenta de la inseguridad jurídica en la que se encuentran.
La justicia penal militar está prácticamente liquidada. Se aplica para delitos menores y contravenciones sin mayor trascendencia. Dentro de las fuerzas son conscientes de que las violaciones de los Derechos Humanos deben ser castigadas con severidad. Los militares no buscan impunidad en esos casos. Quieren, eso sí, que se les respete el debido proceso, como a cualquier otro ciudadano.
Durante el fin de semana, un general me reveló que los oficiales están haciendo hasta lo imposible para evitar un combate, porque saben que si logran golpear al enemigo, primero serán condecorados y luego condenados. La situación es tan compleja que en muchos casos, para evitar un choque con cuadrillas terroristas, imparten la orden de disparar al aire para “espantar” a una guerrilla que se ha convertido en una experta en disfrazar sus bajas de falsos positivos.
Empezamos a entender por qué la guerrilla está saliendo de las madrigueras. No es por presión de la tropa, sino por el ablandamiento obligado de ésta. La guerra jurídica que se libra en contra de los militares colombianos se ha convertido en la mejor estrategia de las Farc.
El asunto merece una revisión profunda por parte del Gobierno. El presidente no sólo debe hacer los ajustes en la cúpula, devolviéndole el mando al Ejército, sino también revisar la inseguridad jurídica en la que se encuentran los militares y policías.
Será un muy buen tema que estoy seguro asumirá el designado ministro Esguerra con la seriedad que merece. Afortunadamente, el nuevo jefe de la cartera de Justicia es un hombre ponderado, pero sobre todo un profundo conocedor de las dificultades que padecen nuestras FF.MM. en materia de desprotección ante la justicia.
Ernesto Yamhure
Julio 14 de 2011
Elespectador.com
