I. El dilema en la Colombia de hoy no consiste en si estamos o no por una salida negociada del conflicto armado. El dilema es otro: ¿estamos o no de acuerdo con que el Estado exija condiciones a la guerrilla para sentarse a negociar? El grupo liderado por Piedad Córdoba y otros Colectivos piensan que están dadas las condiciones para el inicio de conversaciones sin hablar de condiciones, que la liberación de prisioneros es prueba suficiente de buena voluntad. Pero hay quienes pensamos que ese gesto es insuficiente. Si lo que se quiere es avanzar hacia el fin del conflicto, lo que procede es que la guerrilla declare que el camino de las armas dejó de ser una opción para la toma del poder. No es necesario que entregue las armas de antemano, pero sí que declare un cese unilateral del fuego y su disposición a concentrarse en una o varias zonas para negociar las condiciones para el cese definitivo de las acciones armadas y su reincorporación a la vida civil.

Exigir esas condiciones tiene sentido por varias razones: el Estado debe y tiene la autoridad moral para reclamar que su política de enfrentar el reto militar y terrorista de las guerrillas fue exitoso hasta el punto que derrotó su pretensión estratégica de toma del poder. Es decir, salieron perdedoras en el desafío que le plantearon al Estado colombiano en el 2002. Las guerrillas también fracasaron en su intento de representar las aspiraciones del pueblo.  Los movimientos populares de diverso signo recibieron más perjuicios que beneficios de la lucha guerrillera. Nunca se pudo cristalizar el principio maoísta y guevarista de moverse entre las masas como el pez en el agua. Las guerrillas terminaron representándose a sí mismas y a unos minúsculos sectores de la población, más por la débil presencia del gobierno que por la convicción de su discurso. En el ámbito internacional las guerrillas perdieron toda posibilidad de apoyo y reconocimiento, ningún estado les reconoció calidad de beligerantes y por el contrario, la Unión Europea, los Estados Unidos y Canadá las declararon terroristas. Las sistemáticas acciones de terror y de violación flagrante del derecho internacional humanitario como el secuestro, el reclutamiento de menores, el uso de minas antipersonal, el ataque a bienes y poblaciones civiles, entre otras, además de su cada vez mayor dependencia del narcotráfico, las llevaron a una inexorable pérdida de legitimidad y del horizonte ético.

No es, pues, una cuestión caprichosa la correlación de fuerzas, tan reclamada por ellas cuando tenían la iniciativa y arreciaban contra el Estado y, como el reto continúa, es un factor que se mantiene vigente. La única forma de que el Estado desista en la ofensiva es que desaparezca la guerrilla como opción para destruirlo y crear uno nuevo. No tendría sentido que aquel abandone o detenga su accionar a cambio de un gaseoso diálogo sin el compromiso de abandonar el camino de las armas. Hacerlo implica correr el riesgo de que utilicen las conversaciones para recuperarse, tomar aire y retornar a la lucha armada.

II. La forma como adelantan su campaña por diálogos de paz los del frente civil o quinta columna, las gentes que en la periferia sin lazos orgánicos con las guerrillas son favorables al diálogo en igualdad de condiciones, las fuerzas de izquierda y liberales socialdemócratas y los progresistas, tienen un efecto contraproducente pues nos convencen de lo pernicioso de tal iniciativa.  A todos ellos les parece que es una actitud guerrerista tomar partido por el triunfo de la institucionalidad y en consecuencia exigir condiciones. Se toman abusivamente el nombre de la sociedad civil, el de los académicos e intelectuales y el de las mujeres para dar la impresión de contar con un gran respaldo. Quieren que la población colombiana asuma la liberación de secuestrados como un gesto de paz y no del fracaso del secuestro como arma de presión y negociación política. Guardan silencio ante la necesidad de exigirles a las guerrillas el abandono de la lucha armada. Pero, lo más grave de todo es que algunas personas y organizaciones que lideran la presión para la apertura de una negociación incondicional, defienden posiciones ante las que uno no sabe si están del lado de las guerrillas o hacen parte de ese proyecto a la manera como hacen los simpatizantes de ETA en España a través de organizaciones de pantalla como la ilegalizada Batasuna. Para ilustrar lo que quiero decir quiero plantear la siguiente hipótesis: quienes sostienen que la lucha insurgente tiene “causas objetivas”, que tiene pertinencia política la lucha armada contra una democracia, que el Estado debe dialogar con las guerrillas en pie de igualdad, que las guerrillas no tienen porqué atenerse al derecho internacional humanitario, que intentar derrotar a las guerrillas es guerrerismo, lo que hacen es enredar y aplazar la realización del preciado ideal de la paz.

Debemos retrotraernos al documento “Nunca Más” firmado por 14 Ongs entre las que se encuentran varias organizaciones religiosas de orientación golcondiana como la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, el Cinep y  el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, reconocido éste último por la “cacería” que adelanta contra miembros de la Fuerza Pública y funcionarios del anterior gobierno, en el que se relativiza el alcance del derecho internacional humanitario cuando sostiene que una fuerza insurgente no puede atenerse a dicho instrumento porque perdería la guerra ante el Estado que es un enemigo que dispone de ventajas militares, en armas, recursos, aviones, etc., que le dan superioridad. En dicho texto, que sirve de fundamento a su activismo sesgado en materia humanitaria, a pesar de reconocer que “En ninguna medida desconocemos que en Colombia se dan infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario por parte de grupos insurgentes y que dichas infracciones lesionan la dignidad humana de muchos hermanos nuestros”, tratan de justificar tal desatino apoyándose en supuestos “criterios éticos, conceptuales y prácticos”, como los siguientes “cuando se leen y re-leen los textos de las cuatro Convenciones de Ginebra y de sus Protocolos adicionales, se llega fácilmente a la conclusión de que el modelo de guerra que se tuvo en mente, al redactar todas sus prescripciones, era el modelo de guerra regular”, como quien dice, no vale para conflictos armados internos. De ahí coligen que “Este modelo de guerra, diseñado para dirimir conflictos de legitimidad dentro de un mismo Estado, y desde los intereses del polo más pobre de la población, se sale de los marcos más clásicos de la guerra regular entre Estados, sobre cuyo modelo se redactó el DIH”.

De esta forma se relativizan y distorsionan las normas del DIH de tal suerte que no se les puede exigir a las guerrillas. Maromas jurídicas de tinterillos. Y continúan con otras perlas antijurídicas, al sostener que “la Guerra de Guerrillas se funda en una primera realidad: que debe enfrentar una estructura estatal, detentora de medios muy poderosos de guerra (…) sin tener acceso a los recursos del Estado, dado que el motivo fundamental de la guerra es justamente el no acceso de las capas empobrecidas a los recursos del Estado. La racionalidad de ese tipo de guerra implica, entonces, adoptar métodos de camuflaje entre la población civil y de acciones ofensivas de sorpresa, y jamás de acciones defensivas, pues estas últimas conllevarían a una desventaja militar evidente frente al enemigo. Este elemento fundamental de la racionalidad propia de la Guerra de Guerrillas entra ya en contradicción con uno de los principios básicos del DIH, como es la distinción neta entre combatientes y no combatientes.” Toda una lección de asimetría oportunista, con la que se puede entender, comprender y hasta avalar, casi rozando la apología de  las guerrillas, por supuestamente ser pobres y representar a los débiles, que ataques como los que realizan a diario con bicicletas y carros bomba, animales bomba y tatucos en sitios habitados por civiles, colocación de minas antipersonal por senderos campesinos, secuestros y reclutamiento de menores, no pueden ser considerados crímenes de guerra porque quienes los realizan son pobres y débiles. Estos sólo pueden ser cometidos por los estados y en nuestro caso, es parte de la estrategia contrainsurgente adoptada por el Estado colombiano, como se desprende de la siguiente tesis: “Este Proyecto Nunca Más, se fijó, pues, como objetivo, la salvaguarda de la memoria de las violaciones más graves a los derechos humanos fundamentales, en cuanto Crímenes de Estado y Crímenes de Lesa Humanidad. La opción por este campo específico implicaba dejar de lado el registro de los Crímenes de Guerra o infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario perpetrados por grupos insurgentes” (resaltado mío). Según este proyecto, el establecimiento de la Corte Penal Internacional, que supone castigo para individuos, sean o no agentes estatales incursos en delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, es una desfiguración de los derechos humanos y es parte de un afán del neoliberalismo: “No nos convence, en absoluto, el remodelaje neoliberal de los "derechos humanos". Creemos que la manera más auténtica, consistente y coherente con principios filosóficos, jurídicos, políticos, históricos y operativos sustentables, es continuar considerando los derechos humanos como una reserva jurídica de defensa de los ciudadanos, en cuanto seres humanos, frente al poder estatal…”. Imputar cargos de crímenes de guerra, y penalizar individuos como acaba de hacerlo la Corte Penal Internacional contra un jefe guerrillero africano por reclutamiento de menores, sería un retroceso según este colectivo, pues “No hay duda de que con esos incisos se rompe la base conceptual (filosófico-jurídico-histórico-político-operativa) de los derechos humanos y del crimen de lesa humanidad, en cuanto área de defensa de los ciudadanos / seres humanos frente a un eventual Estado agresor.”

Para este Colectivo de 14 Ongs ni las guerrillas ni ninguno de sus jefes pueden estar bajo la mira de la CPI ni ser considerado criminal de guerra ni terrorista. Los únicos que pueden ser calificados como tal son el Estado y sus agentes. Se entiende entonces la fiereza en su persecución contra elementos emblemáticos de la Fuerza Pública como el coronel Plazas Vega y el general Uscátegui y dirigentes del Estado como Álvaro Uribe Vélez y Luis Carlos Restrepo. Lo paradójico de todo este asunto es que los intelectuales y académicos, que presurosos firman comunicados y epístolas de paz y diálogo, no se detengan a mirar críticamente este tipo de proyectos que contienen los fundamentos de una concepción amañada de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario que conduce a la inimputabilidad de las guerrillas. Para el Colectivo el único sujeto de crímenes de guerra es “la fuerza pública o paramilitares, que desde los años sesenta ejecutan una política diseñada, apoyada y protegida de terrorismo de Estado.” Una de sus conclusiones es desoladora, pero, revela también por quien toman partido: “Por ello concluimos que frente a conflictos tales (como el colombiano), la "neutralidad" no es éticamente sustentable.” Ellos optaron por no serlo, ellos sólo conciben que el Estado y su fuerza pública son los responsables de los crímenes de lesa humanidad “No es posible ser neutral cuando se es consciente de que un polo de la violencia es mucho más dañino para el conjunto de la sociedad”. Reafirman, además, un principio  responsable de muchos malentendidos que han obstaculizado la firma de la paz al decir que “la paz es fruto de la justicia”. De donde se desprende que la negociación entre guerrillas y Estado carece de sentido si no se resuelven las “injusticias”, por cuya razón, suponen, es que hay alzados en armas.

Se trata de un discurso moralista que pone en manos de las guerrillas, al margen de sus crímenes de guerra, la posesión de la razón moral, pues su guerra es calificada como “una guerra justa”. La guerra que libra la guerrilla es, según su punto de vista, legítima, y los medios que utiliza también lo son y si no lo son hay razones éticas para tolerar sus graves delitos.

III. Pero, al tenor de lo que consideramos tesis que retrasan y retardan la paz, cabe hacer mención en los argumentos expuestos por el profesor de la Universidad Nacional de Colombia Carlos Medina, intelectual firmante de una de esas epístolas al “comandante Timochenko” y quien escribió en un medio masivo un sentido obituario para expresar su lamento por la muerte de alias Alfonso Cano. En tanto escrito de carácter público, puede ser objeto de debate y de crítica. En él afirma que Cano con otros intelectuales se preocupó por “el estudio juicioso y el conocimiento detallado de la realidad y la historia de su país… abrazaron ideas políticas altruistas, se formaron como revolucionarios y se comprometieron en la lucha por transformar las causas estructurales de nuestros conflictos.” De esta forma estamos ante la misma explicación que durante años predominó en amplios núcleos de la izquierda y de la academia.

Explicación determinista y reduccionista puesto que considera que las estructuras por sí solas despiertan el conflicto armado, “una sola chispa puede incendiar la pradera” rezaba una metafórica frase del romancero revolucionario. Y ahí se quedaron sin querer ver ni entender que esas guerrillas que nacieron con pretensiones altruistas degeneraron en grupos terroristas y fracasaron en su intento de liderar a la población hacia objetivos revolucionarios. En Medina es imposible no advertir palabras de simpatía cuando dice que “No veo en Cano, ni un delincuente, ni un terrorista, ni un criminal de ninguna naturaleza, veo un hombre comprometido con su país”, palabras que encierran una grave desviación moral sobre jefes que han incurrido en actos de terror que han producido dolorosas heridas a la sociedad colombiana. Si la opinión, con razón, ha condenado ética y hasta judicialmente a quienes se aliaron o se mostraron simpatizantes o amigos del paramilitarismo, no cabe que por la puerta de atrás se nos pretenda colar que este tipo de opiniones sean aceptadas en los medios y en la academia como algo normal y válido, en vez de significar una postura reprochable. Recordemos que el columnista Ernesto Yamhure, por haber consultado una de sus columnas con el jefe paramilitar Carlos Castaño, renunció a las tribunas que tenía en los medios. Pero, dirán los que piensan como Medina, que una cosa es un jefe paramilitar y otra muy diferente un comandante guerrillero.

Va más lejos el profesor Medina en su duelo que más bien parece una exaltación de Cano, al comparar a este con el comandante de las Fuerzas Armadas, el general Navas: “Alfonso Cano es a la FARC lo que el General Alejandro Navas es  a la Fuerzas Militares” como si Navas alguna vez hubiera dado órdenes de arrasar pueblos, colocar minas antipersonal, secuestrar y reclutar menores, como sí lo hizo Cano en su calidad de mando superior de las Farc. Se queja Medina de que se esgrima la correlación de fuerzas como elemento de una probable negociación como si la guerrilla no buscara con sus ataques y ofensivas superar al Estado y cambiar su desventaja: “No hay que buscar que la correlación de fuerzas sea favorable para avanzar en el camino de la solución política, lo que hay que buscar es el equilibrio dinámico de opiniones que hagan coincidir en propósitos muy claros la voluntad de las partes en un proceso de paz sin vencedores”. Se queja por la muerte en combate de Cano, como si hubiese sido un adalid de la paz: “Quienes hemos estado empujando desde la sociedad civil la salida negociada al conflicto armado, con obstinación si se quiere, nos sentimos profundamente tristes, no por la muerte de Cano que desde luego nos consterna, sino por el futuro  de esta Colombia que amamos”, como quien dice, a los jefes de las guerrillas no se les debería combatir ni darles de baja porque eso cierra las posibilidades de una paz negociada. Concluye el profesor Medina su oratorio invocando una paz sin vencedores ni vencidos, pero sin condiciones como si las guerrillas no hubiesen sido responsables de la opción guerrerista por la que optaron en febrero de 2002 después de defraudar a la sociedad.

Ñapa. Otro hecho que revela la presencia de un activo campo o periferia civil, que en nombre de la paz adelanta una guerra jurídica contra el Estado y sus principales funcionarios, es el que tiene que ver con la andanada puesta en marcha contra del ex presidente Uribe y el ex alto Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, a quien acosan con denuncias múltiples los congresistas del Polo Democrático, Iván Cepeda y Germán Navas Talero, el abogado Pérez del Colectivo de Abogados Alvear y otros miembros de Colombiano(a)s por la Paz. Ahora buscan enjuiciar a la juez que anuló la orden de detención contra Restrepo en cuya cabeza quieren cobrar venganza por la política de Seguridad Democrática causante del debilitamiento esencial de las guerrillas.

No exageran, entonces, quienes afirman que el principal frente actual de batalla de las guerrillas está en la civilidad que las tolera o las comprende o las acompaña o les inventa alambicados proyectos y retorcidas interpretaciones del derecho internacional humanitario o les hacen eco a sus supuestos deseos de diálogo. Estamos ante un andamiaje que no es fácil de desenmascarar porque se camufla bien y se aprovecha de la buena fe de algunos académicos y del urgente y justo deseo de paz de las gentes. Su idea de paz pasa por el hundimiento de la seguridad democrática, la cárcel para sus ejecutores y la libertad y el perdón para los jefes guerrilleros.

Concluyamos: Estamos de acuerdo con quienes dicen y desean que este conflicto concluya en una mesa de negociación, hay que ponderar la buena intención dialoguista que busca traer al terreno político a las desfiguradas guerrillas, pero, pensamos que hay razones de peso y de justicia para que el Estado exija desmovilización previa, y, a cambio, brinde condiciones de justicia transicional a ellas después de que declaren su disposición de abandonar las armas. Simple, el estado y la sociedad civil ganaron este conflicto y eso no es necesariamente una humillación ni un exterminio militar de las guerrillas, significa que estas fracasaron en imponer su proyecto de revolución. Resuelto el tema de la confrontación armada, estaremos en mejores condiciones para debatir los proyectos y programas de desarrollo y de justicia social de cada una de las tendencias del espectro político. No es pertinente que se les siga dando aire a las guerrillas desde la sociedad civil y alimentando la ilusión de una negociación en condiciones de igualdad con el Estado. Quienes hacen eso, en realidad están atravesando palos en el camino de la paz y alejando el fin del conflicto.