El 22 de julio de 1919, Nils Claus Ihlen, entonces Ministro de Relaciones Exteriores de Noruega, hizo una declaración verbal en la que sostuvo que "los planes del Gobierno Real (de Dinamarca) respecto de la soberanía sobre la totalidad de Groenlandia… no encontrarían dificultades por parte de Noruega".

El pronunciamiento tuvo un efecto determinante años después, cuando Dinamarca y Noruega se enfrentaron en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para determinar si Noruega tenía o no derechos sobre la Groenlandia Oriental.

En sentencia de 1933, la Corte determinó que Dinamarca tenía soberanía sobre todo el territorio de Groenlandia, incluyendo la zona oriental que Noruega pretendía.

La CIJ consideró que la declaración de Ihlen era un acto unilateral de naturaleza jurídicamente vinculante.

El hecho de que la declaración de Ihlen violara el derecho interno de Noruega y que su Constitución estableciera que el Estado solo podría obligarse internacionalmente a través de tratados aprobados por su parlamento fue absolutamente irrelevante para la Corte.

Desde entonces "la declaración de Ihlen" es conocida por todos los diplomáticos como el ejemplo emblemático de los efectos que pueden tener en el derecho internacional las manifestaciones verbales de los jefes de gobierno y los cancilleres.

El gaffe de Ihlen le salió carísimo a su Estado.

Pues bien, la señora Ministra de Relaciones Exteriores ha cometido un error colosal cuando sostuvo que, en el litigio entablado por Nicaragua contra Colombia, "cualquier cosa puede pasar en esas posiciones salomónicas de la Corte (internacional de Justicia). Nunca una de las dos partes sale con las manos vacías".

Como si no fuera suficiente, añadió que "siempre al que demandan queda aburrido". Agrego yo, para que no haya dudas, que aquí somos nosotros los demandados.

Para empezar, la Canciller entiende mal la expresión "salomónico", que no consiste, como ella cree, en repartir un bien entre aquellos que lo disputan sino en decidir sabiamente y con justicia, es decir, conforme a derecho.

Para seguir, la Ministra se declara vencida, acepta de entrada que Nicaragua saldrá del pleito con Colombia con algo entre sus manos y anticipa que nuestro país perderá parte de lo que hoy tiene.

Que ignore que la Corte Internacional de Justicia no busca dar "contentillo" y que con no poca frecuencia decide a favor de una sola de las partes, sorprende.

Que no sepa que es deber ineludible de los ministros de relaciones exteriores ser especialmente prudentes y defender sin vacilaciones el territorio y los derechos soberanos de sus Estados, aterra.

Que acepte de antemano que Colombia pierda algo que le ha pertenecido desde siempre, indigna.

Por distintas fuentes sé que Carlos Argüello, embajador de Nicaragua en Holanda desde 1988, entregó las declaraciones de la Canciller al Secretario de la CIJ y a algunos de sus jueces.

Puedo imaginar el desconsuelo de los abogados de Colombia en el caso, con el excanciller Julio Londoño a la cabeza.

Pero no puedo entender los motivos para que la Ministra no haya corregido y renunciado.

Después de semejante error, y por mucho que haya hecho bien otras tareas, era lo único que le correspondía.

Nada puede haber más importante para un ministro de relaciones exteriores que la defensa del territorio y los derechos soberanos de su Estado.

Entiendo aun menos que, ante la ausencia de enmienda y renuncia de la Ministra, el presidente Santos ni la haya destituido ni haya reafirmado los derechos colombianos en el archipiélago de San Andrés y en sus espacios marítimos.

Nicaragua ha apostado a que no pierde nada si no gana nada, porque hoy no tiene nada.

Cualquier cosa que obtenga será presentada como un triunfo. Y será una derrota nuestra. Una derrota que, de ocurrir, desde ahora llevará en la frente los nombres de la Ministra y del Presidente de la República.