Agonía de Justicia y paz

Agonía de Justicia y paz

La esquizofrenia colectiva que produjo el debate sobre el denominado “Marco jurídico para la paz”, ha desplazado a un segundo plano un problema aun mas grave y sobre el que de manera valerosa se ha pronunciado el Vicefiscal.

Se trata de la inminente liberación de cerca de 1500 postulados a la ley 975, más conocida como Justicia y Paz. La norma en mención prevé que aquellas personas que se acojan a la misma purgarán penas accesorias no superiores a los 8 años efectivos de prisión.

Hacer la cuenta es muy fácil. La ley entró en vigor el 25 de julio de 2005; eso quiere decir que a partir de esa fecha arrancan a contarse los días de detención. Resulta que al momento de la promulgación de la 975, casi la totalidad de sujetos que se acogieron a ella ya estaban privados de la libertad.

Existe un principio universal en el derecho penal: todos los días de reclusión serán contabilizados a favor del reo, independientemente de si se ha proferido o no condena.

En ese orden de ideas, el 25 de julio del año entrante, los desmovilizados de las desparecidas AUC, que, sin importar el estado en el que se encuentren sus procesos, van a demandar que se abran las puertas de la penitenciaría en la que se encuentran para recobrar su libertad.

Hay quienes dicen que la ley de Justicia y Paz fue un fracaso, alegando que hasta el momento no se han proferido más de 5 condenas. Visto desde esa óptica, resulta imposible controvertir la tal queja. Pero la culpa no la tiene la norma, sino el ente encargado de ponerla en práctica, es decir, la propia fiscalía general de la nación.

¿Cómo es posible que después de 7 años, aún haya postulados a los que no se les ha tomado la primera versión libre? Es altamente preocupante que el esfuerzo que hizo Colombia para encontrar una ley en la que se logró el equilibrio entre justicia, paz y reparación, se vaya al traste porque el operador judicial no haya tenido la capacidad de ponerla en práctica.

El año entrante, cuando los mil y pico de postulados se vayan a la calle alegando que ya purgaron los 8 años previstos como pena máxima prevista, el país manifestará su indignación y buscará un responsable y ese, insisto, es la fiscalía general, entidad que hasta el momento ha demostrado inferioridad frente al desafío de aplicar la ley.

Esta crisis debe servir para una reflexión serena y ponderada. En vez de andar buscando marcos para la impunidad, la atención del Estado debería centrarse en la búsqueda de una solución a las fallas que se han presentado para garantizar la ejecución efectiva y rápida de Justicia y Paz. Es frustrante que las víctimas de los paramilitares desmovilizados, tengan que ver a sus victimarios saliendo de la cárcel por vencimiento de términos.

Pero la situación se torna aún más delicada, pues la crisis que se avecina se constituye en prueba palmaria de que Colombia no pudo aplicar justicia, con lo cual se abren, de par en par, las puertas para que entre a regir la jurisdicción de la tan mencionada y temida Corte Penal Internacional.

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