En esta Colombia pasan cosas muy graves y muy pocas de ellas se tratan seriamente. Que si de otro modo fuera, estaría conmocionada la opinión con la noticia de que tres Almirantes de la Armada Nacional tienen pliegos de cargos abiertos en la Procuraduría y no propiamente por asuntos de menor entidad. La cuestión es peor cuando se recuerda que la acción fue ordenada por la Corte Suprema de Justicia, y que la destinataria directa de esa providencia, la Fiscalía, nada hizo en largo tiempo por cumplir aquel perentorio mandato.

Recordará, lector amable, que el Almirante Gabriel Arango Bacci apareció un día denunciado como autor de felonías mayores, que apuntaban a dejar pasar cocaína hacia los Estados Unidos, moviendo o dejando de mover naves que estaban a su mando. El Almirante fue destituido y acusado ante la Corte por tan graves delitos. También recordará que desde el primer día de aquellas pesquisas pusimos el grito en el cielo cuantos nos enteramos de su contenido. Eran tan mal pergeñados los cargos y las supuestas atrocidades del Almirante tan absurdas, que desde entonces sospechamos de algún complot en contra de aquel distinguido marino.

En su sentencia absolutoria, la Corte confirmó las iniciales sospechas que teníamos, y dispuso que la Fiscalía y la Procuraduría investigaran la celada urdida contra Arango Bacci. Como maña vieja no es resabio, la Fiscalía apeló a la que más le gusta, aquella de dejar empezada la tarea. La mejor terapia es el olvido, han dicho los fiscales, con pavorosa frecuencia.

En esas andábamos cuando irrumpe en el baile el Procurador, para recordar que hay una tarea pendiente, y que habrá de cumplirse, por molesta que parezca.

Nadie puede remitir a duda que el asunto es de gravedad extrema. Porque no es poca cosa ver la cúpula de la Armada Nacional comprometida en semejante enredo. Y saber, como cualquiera sabe, que esa no fue iniciativa de los Almirantes que se prestaron a ejecutar la patraña. Hay detrás de todo esto una poderosa Razón de Estado, que el país reclama conocer, en todos sus detalles.

No vamos a disminuir el tamaño de la falta de estos miembros de nuestras Fuerzas Militares. Prefirieron el aplauso del momento, o el guiño cómplice de un jefe, a mantener la blancura de sus almas y de sus uniformes. Pero nadie pensará que tomaron la iniciativa porque le tuvieran ojeriza a su compañero de filas. Algo muy grave tenía que ocurrir para que cumplieran órdenes o insinuaciones tan bajas y tan absurdas. Que por graves no pueden quedar en la sombra.

Uno de esos Almirantes se desempeña en altísimo cargo en Washington; el otro es el que comanda las operaciones antinarcóticos de la Armada; y el tercero es nada menos que el responsable de la Inteligencia del Estado.

Y aquí cabe recordar el viejo dicho de que las desgracias vuelan, como los patos, en bandadas. Porque el Almirante Echandía, reo de acción disciplinaria de la Procuraduría, y de acción penal de la Fiscalía, a la que se le acabó la deliciosa amnesia de la que sufría en este caso, tendrá que dar más de una explicación sobre el nuevo caso de la "chuzadas", las de la era Santos.

El país se está enterando, estremecido, que desde la Central de Inteligencia se están grabando ciertos periodistas, para averiguar cuáles son sus fuentes y cuáles propósitos los animan. Y la primera prueba, irrefutable según parece, proviene del programa La Luciérnaga, que dirige Hernán Peláez, suegro de Juan Mesa, Secretario General de la Presidencia de la República. Las interceptaciones conocidas se hicieron contra el periodista de ese medio, Álvarez Gardeazábal, en conversaciones con importantísimas personalidades de la vida nacional.

Cabe preguntar: ¿si así tratan desde Palacio a los amigos, qué sucederá con los que juzgan sus enemigos? Por lo que pase con el señor Almirante y con el Coronel de la Policía que ejecuta por él la parte sucia del trabajo, sabremos lo que opina el Presidente Santos de las chuzadas, estas sí probadas, que se hacen en su Gobierno.