¿La Corte de La Haya es infalible?

Llama la atención la forma como algunos periodistas y comentaristas se apresuran en estos momentos a tragar entero el culebrón horrible que acaba de llegar de La Haya.

 

Esas personas adoptan un tono de plañideras pero también de aceptación ante el fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre el archipiélago de San Andrés y Providencia. A pesar de la amargura que genera la absurda decisión, algunos admiten ya el “nuevo mapa” del archipiélago, la “nueva situación”. La prensa muestra “como quedó” esa zona geográfica. Ese tono de capitulación, de derrotismo y de fatalismo cobarde, más propio de borregos que de patriotas, es chocante. Muchos ven ese fallo como un hecho cumplido, como un veredicto redactado por dioses que no puede ser sino obedecido dócilmente. Esa actitud es digna de esclavos.

 

Los colombianos debemos, por el contrario, resistir. Debemos cerrar filas y crear un movimiento de unidad en defensa de los intereses legítimos de Colombia en el archipiélago. Colombia no puede perder sus mares. Lo que está en juego es enorme: no solo nuestros intereses petroleros, de pesca y navegación en esa área del Mar Caribe sino nuestro espacio aéreo y nuestra seguridad geoestratégica. Colombia debe defender pues su soberanía y la legitimidad e intangibilidad de los títulos sobre los cuales descansa y descansó siempre esa soberanía. Retroceder ente eso es traicionar a Colombia.

 

Debemos oponernos a ese fallo inicuo y organizar la lucha a largo plazo contra eso. El presidente Juan Manuel Santos estimó que la Corte Internacional de Justicia “ha incurrido en este tema en serias equivocaciones”, y que él “rechaza enfáticamente [el aspecto lesivo] del fallo que la Corte ha proferido”. Magnífico. Santos agregó que él “no va a descartar ningún recurso o mecanismo que nos conceda el derecho internacional para defender nuestros derechos”. Y precisó: “Como Jefe de Estado lideraré la defensa de los intereses y derechos de los colombianos, y en especial de los habitantes del Archipiélago”. Si ello es así, si el primer mandatario colombiano no se queda únicamente en gestos y retórica y pasa efectivamente a la acción, en ese caso, todos los colombianos, sean las que sean nuestras diferencias políticas que tengamos con él, debemos respaldar esa actitud y movilizarnos en ese esfuerzo en defensa de la Patria.

 

El ex presidente Andrés Pastrana cometió un grave error al aceptar que fueran puestos en manos de esa corte los intereses de Colombia. Empero ese error fue compartido por varios presidentes y por los abogados, juristas y consejeros que no combatieron desde el comienzo la trampa ideada por Nicaragua. Después, la ministra María Ángela Holguín fue vana e imprudente al ventilar la tesis samperista de la “solución salomónica” en ese pleito. La excesiva fascinación de la clase política colombiana por las cortes y organismos internacionales nos ha estallado en la cara. Ya era hora. Sin embargo, los errores continúan. ¿Dónde están los juristas que acepten decir algo que es evidente: que un fallo como el de la CIJ, tomado por gente visiblemente incompetente, que creyó que desde sus confortables oficinas podían decidir la suerte de todo un pueblo, no puede ser apelable?

 

La justicia que se imparte mediante sentencias “inapelables” es una justicia de otra época, es una justicia despótica y desueta. Esa justicia nadie la acepta hoy. La Corte de La Haya puede alegar que su sentencia es “inapelable” y decir cualquier cosa. Eso no la hace razonable, ni respetable, ni moderna. Y no la hace infalible. Hoy en día ningún tribunal de justicia, nacional o internacional, es visto como infalible. La Corte de La Haya no lo es pues esa corte comete errores. Esa corte puede incurrir en injusticias y en catástrofes judiciales, como acaba de hacerlo con Colombia al tratar de abolir las líneas que Nicaragua y Colombia pactaron en el tratado Esguerra-Bárcenas de 1928 y en el protocolo Esguerra-Irías de 1930, que esa misma corte siempre consideró como válidos y vigentes. Luego ese tribunal debe admitir su falibilidad, revisar sus decisiones y reparar a la víctima.

 

Ese fallo es inepto y debe ser revisado, a condición, claro está, de que el gobierno colombiano, y la sociedad civil, enviemos el mensaje de que no permitiremos que ese error quede intacto. Los colombianos no podemos caer en la trampa de creer que esa sentencia es “positiva”, como dice el senador Roy Barreras, y que, además, no es revisable. No podemos dejar que las falsas “ventajas” de ese texto (reconocer nuestra soberanía sobre las islas y cayos y enclavar todo eso en un mar extranjero) y la pretendida majestad del tribunal de La Haya nos impresionen hasta el punto de hacernos creer que no se puede hacer nada.

 

Otro aspecto que llama la atención es que nadie parece acordarse de quien comenzó ese pleito infame contra Colombia. ¿Hemos olvidado que los amigos, cómplices y patrocinadores de las Farc, los mismos que armaron al M-19 para que asaltara el palacio de justicia de Bogotá, en noviembre de 1985, son los que inventaron esa reclamación inadmisible y los que, ayudados por la dictadura castrista, llevaron ese pleito a La Haya e impulsaron ese tema todos estos años hasta lograr darle este nuevo golpe a la soberanía colombiana?

 

Fueron efectivamente los sandinistas, y su peón Miguel d’Escoto, quienes inventaron la impostura de que el tratado Bárcenas-Esguerra no era válido. Dirigidos por un infame jefe terrorista y pedófilo, los sandinistas le pagaron así, con esa reclamación perversa, los buenos oficios hechos por el gobierno del incauto presidente Belisario Betancur, quien en 1983 contribuyó a crear el Grupo de Contadora y entrabar con él la actividad de Washington contra los designios de Cuba y Nicaragua quienes querían tomarse el poder por la violencia en El Salvador y en el resto de Centroamérica. Así le paga el diablo a quien bien le sirve.

 

En otras palabras: detrás del pleito contra la soberanía colombiana en el Mar Caribe está un mismo y sólo actor subversivo que lucha, abierta y solapadamente, contra la paz y la prosperidad en Colombia: el castrismo. Es obvio que los regímenes tiránicos de Cuba, Nicaragua y Venezuela han hecho planes para repartirse la riqueza petrolera y pesquera que existe en las aguas de nuestro archipiélago. Esos mismos actores son los que orientan y protegen a las Farc en su lucha contra la democracia en Colombia. Luego hay un correlato muy claro entre lo que acaba de ocurrir en La Haya y lo que está ocurriendo en La Habana: los llamados “diálogos de paz” entre el gobierno colombiano y las Farc.

 

No extraña pues a nadie el silencio cómplice que guardan los negociadores de las Farc en La Habana ante el fallo de la CIJ. Esos peones del castrismo no podrían contradecir los designios imperialistas de su horrible patrón. Se callan pues el objetivo de todos ellos, de las Farc y del castrismo, es el mismo: despojar a Colombia de su soberanía en el archipiélago de San Andrés y Providencia, y despojar a Colombia de sus libertades, de su economía y de su cultura política, en una falsa negociación “de paz” que precipite al país en la órbita de Cuba y Venezuela.

 

Si el gobierno de Santos no aprende la lección compleja, multipolar, polivalente que arroja este episodio dramático de La Haya no aprenderá nunca nada y no estará en capacidad de defender ni el archipiélago ni el territorio nacional.

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