La verdad es que lo único ilegítimo es permitir que pobladores humildes de campos y ciudades sigan siendo masacrados mientras el país trata de mantener unas apariencias ante la comunidad internacional.
Uno de los errores más graves de este Gobierno ha sido el de reconocer la existencia de un conflicto armado en vez de una amenaza terrorista, lo que supone darles una especie de reconocimiento político a algunos adversarios que, por consiguiente, se convierten en entes "iguales" al Estado -en este caso guerrilla y paramilitares-, pero dejando por fuera a otros actores que, siendo similares, son igualmente desestabilizadores. Esto conduce a que, en aras de observar el Derecho Internacional Humanitario (DIH), no puedan ser combatidos con todas las armas del establecimiento sino tratados como simples casos de Policía.
Aquel error condujo, entonces, a que las bandas criminales (bacrim) no sean combatidas por las Fuerzas Militares en ninguno de sus componentes sino que tengan que ser controladas por la Policía como si se tratara de unos delincuentes de barrio, lo cual es absurdo. Es claro y evidente que estas bandas no tienen ningún objetivo político y que se trata de meros narcotraficantes, pero también lo es que poseen una estructura de mando jerarquizada de tipo castrense, que suelen vestir uniformes militares y usan armamento de largo alcance de uso "exclusivo" de las FF.MM. Pero, además, ejercen control territorial en violación de la soberanía del Estado y a menudo ocupan campamentos aislados de los cascos urbanos, de manera tal que no podrían confundirse con población civil.
Todo lo anterior demuestra que las "bacrim" tienen características de ejército irregular, por lo que es totalmente legítimo que sean combatidas con artillería pesada, tanto de la Fuerza Aérea como de la Infantería. La verdad es que lo único ilegítimo es permitir que pobladores humildes de campos y ciudades sigan siendo masacrados mientras el país trata de mantener unas apariencias ante la comunidad internacional. Cómo será el asunto de absurdo que, a mediados del presente año y luego de que el Gobierno lo pidiera, la Comisión Primera del Senado rechazó la propuesta de aplicar el DIH a la lucha contra las bandas criminales y mantuvo la vigencia de tal regulación solo contra las Farc y el Eln.
Pero aunque el Gobierno siga creyendo que las "bacrim" son un problema menor y que las puede meter en cintura por acción policial como si se tratara de atracadores de banco, estos bandidos dominan vastas extensiones del territorio nacional controlando plantaciones de coca, laboratorios y zonas de embarque, tanto en el Pacífico como en Urabá, Morrosquillo y otras zonas del Atlántico. Pero eso no es todo. Al igual que las Farc, las "bacrim" tienen una gran participación en la minería del oro y otros metales, así como en el microtráfico de narcóticos y las extorsiones a diversos tipos de negocios.
Como si fuera poco, una investigación de la Universidad Eafit determinó que los combos delincuenciales que dominan los barrios marginados de Medellín -y que a su vez están adheridos a distintas "bacrim"-, se han apoderado de negocios legales como la producción de arepas y otros comestibles que se comercializan en tiendas de los barrios de la ciudad, como los huevos, el pollo y la leche. Igualmente, la economía criminal usufructúa el espacio público de las zonas céntricas de las principales ciudades del país, controlando negocios de vigilancia, venta de minutos de celular, prostitución, préstamos gota a gota y diversos tipos de ventas ambulantes. Y lo que no controlan directamente lo exprimen a punta de extorsiones.
De antemano se sabía que la propuesta de legalizar las drogas daría como resultado el tránsito de narcotraficantes a otras actividades delictivas casi tan lucrativas como los alucinógenos. Pero ese tránsito ya lo hicieron sin tener que abandonar el negocio inicial. El debilitamiento de la Seguridad Democrática y la laxitud judicial prestan triste concurso para que estemos reviviendo épocas que creíamos superadas: cinco policías asesinados en una comuna de Medellín y diez campesinos en Santa Rosa de Osos. Todos a manos de grupos criminales que ante la desidia del Gobierno están marcando territorio con sangre.
