Después de la secesión de Panamá, tras arduas negociaciones con Estados Unidos, Colombia recibió 25 millones de dólares de indemnización por la pérdida del Istmo. Por medio del tratado Urrutia-Thomson, firmado en 1914, los Estados Unidos expresaron a Colombia su “sincero sentimiento” (¿de pesar? ¿de regocijo?) por la separación de la nueva república, y otorgaron la citada indemnización, que estuvo acompañada de dos adehalas: el libre tránsito de naves de guerra colombianas por el Canal, y la exención de gravámenes a nuestras naves comerciales o ciudadanos al cruzarlo. A su turno Colombia reconocía a Panamá como nación independiente.
Vale la pena recordar ese episodio para cotejarlo con lo que está sucediendo en el país en virtud del fallo inicuo proferido por la Corte Internacional de Justicia en La Haya para fijar nuestros límites con Nicaragua.
El gobierno de Santos ha desdeñado, de entrada, el interés supremo de defender la soberanía conculcada, lo que supondría desacatar el fallo. Se centra no en la sustancia del veredicto de la CIJ sino en sus secuelas. Y se orienta más a tratar de remediar (o simular que lo hace) los efectos económicos sobre los habitantes del Archipiélago que la causa de los mismos.
Estudia, como es sabido, apelar a recursos de revisión o aclaración del fallo, no solo inexistentes en la normatividad de la CIJ, sino incluso peligrosos en el caso hipotético de que dicha Corte los aceptara; la razón es clara: en el mismo texto del fallo del 19 de noviembre se afirma que por razones “formales” no fue más allá en su benevolencia con Nicaragua. ¿Qué asegura que ahora sí revisará el fallo a nuestro favor? ¿Para qué entonces denunciar el Pacto de Bogotá si se sigue admitiendo la jurisdicción de La Haya? Esas son simples patadas de ahogado, para distraer los ánimos alterados de los colombianos durante un tiempo prudencial.
Pero donde está el meollo de la política oficial al respecto es en, supuestamente, asegurar los “derechos de los raizales”, lesionados por el fallo. En reciente visita a México Santos se reunió con su par nicaragüense Daniel Ortega. La prensa destacó los mutuos llamados a la tranquilidad y a desechar cualquier enfrentamiento bélico a raíz del diferendo. El presidente colombiano resumió así el máximo reclamo que le hizo al mandatario sandinista: "Queremos que los derechos de los colombianos, de los raizales, no sólo en materia de los derechos de los pescadores artesanos, sino otros derechos, queden restablecidos y garantizados.” Y añadió refiriéndose a Ortega: “El entendió" tales reclamos.
Varios analistas han señalado que la CIJ en su veredicto reitera que las aguas (la superficie, no lo que hay debajo, ni encima) que transfiere a Nicaragua serán en todo caso “aguas internacionales”, con lo que el tránsito de buques (incluso de la Armada colombiana) estarían permitidos. Igualmente el paso de pesqueros. El mismo Daniel Ortega, con motivo de la reunión aludida con Santos, se apresuró a revelar que su gobierno respetará los derechos ancestrales de pesca del pueblo raizal de San Andrés y Providencia. Pero, naturalmente, bajo el control soberano de Nicaragua.
La prensa acaba de informar, hace dos días, el reclamo del jefe del Ejército nicaragüense Julio César Avilés a Colombia, pues dizque naves de la Armada de nuestro país estaban hostigando a pesqueros nicas, aunque sin llegar a abordarlas. Reiteró que son ellos los que tienen ahora soberanía sobre esa parte del mar y que pueden pescar libremente; quienes tienen que pedir permiso para pescar allí son las embarcaciones de otros países, como Colombia. Indicó que a la Armada colombiana le enviaron comunicaciones para decirle "de manera cortés” pero “de manera franca”: “bueno, ahora la autoridad en esos territorios la ejerce la autoridad nicaragüense”.
El eje de la estrategia de Santos no es desconocer el fallo sino paliar sus consecuencias. Sobre todo, reparar a los sanadresanos por los perjuicios sufridos. De tal manera ayer el primer mandatario, acompañado de altos funcionarios de su gobierno, visitó el Archipiélago para comunicarles una noticia providencial (precisamente desde la isla de Providencia), que solo le llevó unos pocos minutos explicar: gracias a la benevolencia de su gobierno ha diseñado un Plan que restablecerá los derechos de los pescadores, de suerte que ahora “los Isleños quedarán mejor que lo que estaban antes del fallo”.
En su primera etapa el Plan de Santos se calcula en 200.000 millones de pesos, representados en becas, subsidios a pescadores, agua potable y otras lindezas. En una segunda etapa se erogarán otros tantos pesos y centavos. Eso valdrá aceptar el despojo de 75.000 kilómetros cuadrados. Con unos denarios se tratará de acallar el descontento creciente de los isleños, sobre la base de acatar el raponazo. El colmo del cinismo. Casi deberíamos celebrar el fallo. Al menos los habitantes de esa región olvidada ahora “quedarán mejor de lo que estaban antes”. ¿Y el perjuicio de todos los colombianos de perder tan extensa área cómo se compensará? ¿Es tasable en dinero la soberanía sobre tan extensa área?
La pérdida de Panamá se compensó con una indemnización de 25 millones de dólares que pagó Estados Unidos y el otorgamiento de libre tránsito de los colombianos por el Canal. El gobierno Santos ahora nos ofrece una salida con la cual quedaremos “mejor” que nunca: los platos rotos se pagarán del bolsillo de los mismos contribuyentes colombianos y ni siquiera está asegurado el libre tránsito en las aguas arrebatadas. ¡Vivir para ver!
* Director del Blog Debate Nacional del Centro de Pensamiento Primero Colombia (CPPC)-
