Como un buque con su capitán inadvertido y sus pasajeros en fiesta van los diálogos de paz de La Habana, con la suerte marcada de tener que estrellarse y hundirse irremediablemente ante el iceberg de la impunidad.
Podrán el Gobierno y las FARC anunciar acuerdos parciales y temporales sobre algunos de los subtemas del primer punto, pero en el mediano plazo se yergue como un obstáculo insuperable la impunidad a la que aspira sin renunciar la guerrilla y que el Gobierno, a pesar de haberla ofrecido, no podrá conceder. Aún así, la guerrilla sube la apuesta: ahora no sólo exige impunidad, sino también quiere ser inimputable.
El primer round en este tema se dio con el trámite del Marco Jurídico para la Paz que el Gobierno indujo a aprobar a su bancada parlamentaria y que se vendió a la opinión pública como la llave de entrada a un eventual proceso de paz que el Gobierno ya estaba iniciando a escondidas con la guerrilla, aunque lo negaba sin ruborizarse. Fue la cuota inicial de impunidad que pagó el Gobierno para sentar a las FARC en Cuba sin que hubiera ninguna contraprestación de su parte.
Luego vino la discusión pública de ese Marco y se puso en evidencia que era una garantía de impunidad para todos los crímenes de la guerrilla, incluso los crímenes atroces y de lesa humanidad. Entidades de orientación izquierdista como Human Rights Watch en Estados Unidos, y la Comisión Colombiana de Juristas en Bogotá, lo han denunciado como un pasaporte a la impunidad y violatorio de las leyes colombianas y los tratados internacionales que ha firmado nuestro país. Esa última entidad lo denunció por inconstitucional ante la Corte Constitucional. El procurador general de la Nación ha allegado una enorme cantidad de contundentes argumentos jurídicos para demostrar la inconstitucionalidad y la inconveniencia de ese Marco.
La Misión de la Corte Penal Internacional advirtió que no puede haber paz con impunidad. Todas las encuestas coinciden en que cerca del 70 por ciento de la población rechaza esa posibilidad. La única voz que se atreve a defender la impunidad para la guerrilla es la del fiscal general, paradójicamente el encargado de investigarla y acusarla por sus crímenes.
Seguramente la Corte Constitucional en su sabiduría declarará inexequible ese monumento a la impunidad que es el Marco Jurídico para la Paz. En este caso, el Congreso tendría que tramitar una nueva reforma que corrija los desatinos que hoy por hoy le garantizan impunidad a la guerrilla. Pero aun en el caso improbable que la Constitucional lo avalara, el Gobierno se toparía de frente con el rechazo de ese Marco que las FARC ya han hecho público de manera reiterada, hasta el punto de calificarlo como un “esperpento”.
¿Por qué lo rechazan si les garantiza impunidad? Porque además de impunes, los terroristas de las FARC quieren ser inimputables, es decir, que ni siquiera puedan ser acusados de ningún crimen, ni ser obligados a comparecer ante ningún juez por ningún motivo. Fieles a su estrategia de negociación estalinista que no considera las concesiones de la contraparte señales de buena voluntad para llegar a un acuerdo, sino síntoma inequívoco de debilidad, una vez consiguieron del Gobierno la impunidad gratis por medio del Marco, ahora van por la inimputabilidad.
Su discurso justificatorio es que las FARC son las únicas víctimas del conflicto, que ellas no han producido víctimas, que su lucha ha sido legítima, que su guerra contra el Estado ha sido justa y que, por tanto, no pueden ser objeto de ninguna acusación, proceso judicial, ni castigo alguno. Es decir, buscan una amnistía general que cobije a todos los miembros de las FARC sin excepción; total, que abarque el perdón a todo tipo de delitos, incluso los crímenes atroces y de lesa humanidad; y automática, o sea, que no implique ninguna clase de proceso judicial para nadie de sus filas.
Las FARC, que son bárbaras, pero no tontas, saben que semejante no podrán conseguir semejante pretensión en una mesa de conversaciones, ni siquiera en el Congreso Nacional. Ya se lo dijeron con todas las letras a Roy Barreras cuando viajó a La Habana para apurar a las FARC a aceptar el Marco y firmar un acuerdo de paz, con el fin de que el Congreso pudiera proceder a reglamentar dicho Marco: sus afanes –le dijeron las FARC al voluble Roy– son problemas suyos, y tanto la impunidad como la inimputabilidad no son temas de la mesa de diálogos, ni siquiera del Congreso Nacional, sino asuntos de la magna Asamblea Nacional Constituyente en que deberán terminar, según las FARC, los diálogos de Cuba.
Así, de paso, quedaron advertidos Humberto de la Calle y sus muchachos en qué grado de aprecio y valoración de su autoridad los tienen las FARC y qué legitimidad le reconocen al Congreso. Ninguna. Esa Constituyente, por supuesto, deberá estar conformada, según la guerrilla, la mitad por miembros de las FARC sin que medie elección alguna, y la otra mitad por delegados elegidos del establecimiento. Algo absolutamente inaceptable para el país. Los diálogos se estrellarán sin remedio contra el muro infranqueable de la impunidad.
