Lectura crítica del documento del Comisionado de Paz, “La Transición en Colombia”, El Tiempo, 14 de Mayo de 2013, página 23.

Falsas razones del Comisionado de Paz para creer que ahora sí habrá paz:

1) Porque se parte de un reconocimiento del conflicto interno. Falso. Gobiernos anteriores como los de Belisario Betancur, Virgilio Barco, Cesar Gaviria, Ernesto Samper y Andrés Pastrana lo hicieron, y fracasaron en desmovilizar a las FARC. Alvaro Uribe rechazó ese reconocimiento, pero desmovilizó a los paramilitares y a miles de guerrilleros de las FARC y el ELN. Además, si el conflicto es solamente con las FARC y el ELN y con nadie más, como dice el Comisionado, entonces no es un conflicto armado interno, sino una confrontación del Estadio contra dos bandas terroristas.

2)  Porque ahora se pusieron en primer lugar a las víctimas. Falso. Quien primero lo hizo fue el gobierno de Uribe con la creación de la Comisión Nacional de Reparación, la expedición de la Ley de Justicia y Paz que les otorga protagonismo principal, la puesta en marcha la Ley de Extinción de Dominio que hace posible la pronta recuperación de tierras, y la ejecución de la reparación de las víctimas por la vía administrativa, que es expedita.

3)  Porque se creó un entorno internacional favorable. Falso. Ambiente más favorable lo tuvo Pastrana en el Caguán y fracasó. Además, entregar al castro-chavismo la llave de la paz es inconveniente y perjudicial para los intereses del país. Ni Venezuela ni Cuba son neutrales, están alineadas con el terrorismo. Colombia está en  desventaja con esta “internacionalización” de la paz.

4) Porque se estableció un espacio constitucional para la justicia transicional. Falso. Desconoce que Justicia y Paz ya existe como instrumento legal y efectivo de justicia transicional. Además hay un rechazo nacional a ese Marco y una demanda de inconstitucionalidad por generar impunidad. Ese “espacio constitucional” no es una solución, sino un nuevo problema.

Concepto de transición

 Según el Comisionado hasta que no se firme nada, nada va a cambiar. Habrá violencia y terrorismo. No es un logro, ni un avance: es una concesión al terrorismo porque se avala la violencia como vía de lograr resultados políticos en la mesa. Una exigencia mínima es cesar el terror como condición para dialogar.

-Pero, según el Comisionado, apenas se firme, todo cambia. Se inicia la construcción de la paz, sin armas. Sin embargo, esto no es lo que las FARC han reiterado: para ellas no habrá dejación de las armas cuando se firme el acuerdo, sino al final del cumplimiento de todos los compromisos adquiridos por el gobierno, porque ellas no se habrán comprometido a nada.

-Este concepto de transición no es compartido entonces por quienes deberían aplicarlo. Luego no es viable.

-Para el Comisionado el fundamento de la transición son los acuerdos sobre la agenda: “núcleo duro” de problemas a resolver  para hacer posible la paz. Otra concesión al terrorismo: hay violencia porque hay unos problemas sin resolver en el país y eso es responsabilidad del Estado. Es una reedición del manido y ya superado discurso de las causas objetivas de la violencia  que justifica y legitima el terrorismo.

Puntos de la agenda

-Desarrollo agrario. Para el gobierno es necesaria una transformación profunda del sector rural. Aún cuando el gobierno dice que no hay negociación, sino búsqueda de acuerdos, de hecho se le ha otorgado a las FARC el carácter de contraparte para “acordar” el alcance y la profundidad de las transformaciones en el sector rural. Evidentemente esto es ilegítimo: las FARC no representan al sector rural . Adicionalmente, queda por establecer cuál es el alcance y  la profundidad de esos cambios. ¿Quiénes se verán afectados? ¿Se trata solo de revertir los efectos de la violencia, o de algo más? ¿Devolver las tierras a sus dueños? ¿Repartir tierras a los campesinos pobres? ¿Cuáles tierras? ¿Con qué criterio? ¿Se establecerá un límite a la propiedad rural? ¿Se expropiarán tierras “inadecuadamente” explotadas? ¿Con qué criterios? La tierra no es el origen de la violencia en el campo, es el terrorismo y el narcotráfico. Para acabar con la violencia hay que desarticular primero el terrorismo. Y el estado debe seguir repartiendo tierras baldías a los campesinos pobres.

-Participación política. Para el gobierno se trata de la transformación de los grupos armados en partidos políticos. Desde su óptica, la base de esta transformación son las garantías, primero para los grupos armados, en igualdad de condiciones y sin riesgos de seguridad, y después para la sociedad, sin armas, separando la política de las armas. No obstante, no se puede aceptar la idea de que en Colombia hay una democracia restringida que habría que transformar para hacer posible la participación política de las guerrillas desmovilizadas. No.  En Colombia hay una democracia pluralista que otorga garantías a todos los partidos democráticos. Pero la precondición es la justicia. No pueden ser elegibles los responsables de crímenes de guerra, delitos atroces y de lesa humanidad. Como esto no es claro, ni explícito, ni aceptado por la guerrilla, hay un riesgo de un salto al vacío.

-El fin del conflicto. Para el gobierno con la firma del acuerdo final empieza la dejación de las armas, la reincorporación de las FARC, y el inicio del proceso de paz, basado en la ejecución de los acuerdos. Sin embargo, las FARC piensan otra cosa y en esto no hay un acuerdo, que debería ser previo para tener certidumbre en un camino seguro hacia la paz. Esto ha debido ser parte del pre-acuerdo. Para las FARC las armas se dejarán solo al final del cumplimiento de los acuerdos, lo que para ellas es garantía de su ejecución. Es el camino a una paz armada y con impunidad. Un salto al vacío.

-Derechos de las víctimas. Para el gobierno habría tres tipos de justicia: territorial, distributiva y transicional.

Territorial. Restablecer y proteger los derechos sobre la tierra: restitución de tierras, reversar los efectos del conflicto sobre el territorio, como la usurpación atierras privadas, compra de tierras como lavado de activos, y robo de baldíos al Estado. Pero en realidad esto se debe hacer con o sin diálogo con la guerrilla. No es necesario un acuerdo con los terroristas. Aplicar la extinción de dominio y punto.

Distributiva. Significa distribuir tierras a las víctimas y a los desposeídos del campo. No es clara la diferencia con el punto anterior. Si es lo mismo, es simplemente extinción de dominio. ¿Si es algo adicional, significa expropiación o compra de tierras por parte del Estado a particulares con el fin de distribuirla a los pobres? Esto es una reforma agraria clásica, y el país debería tener claro de qué se trata: si de ponerle límites a la extensión de la propiedad de la tierra, o establece criterios para su uso “adecuado”, so riesgo de ser apropiadas por el Estado, vía venta voluntaria o expropiación, para luego ser distribuidas a los pobres del campo. No hay claridad.

Transicional. Según el gobierno, hay un Marco para la Paz que no se ha activado, y mientras no se active el tema de la justicia o la impunidad es pura especulación. Los líderes de las FARC ya están condenados por la justicia colombiana, pero su tratamiento final depende, de una parte,  de la ley que reglamentará los derechos de las víctimas, y, de otra parte, de lo que estén dispuestas las FARC  a hacer por las víctimas. No habrá amnistía general.

No es verdad. Aún cuando no se haya reglamentado, el Marco ofrece posibilidades de impunidad a delitos de lesa humanidad y delitos atroces, sacrificando los derechos de las víctimas a la verdad y la reparación por parte de sus victimarios.

La amnistía podrá no ser general, pero por la vía de la suspensión de la aplicación de la pena, los principales líderes de la guerrilla, miembros del Secretariado y del Estado Mayor Central, responsables todos de crímenes de lesa humanidad, podría  cada uno de ellos ser individualmente  favorecidos con no aplicación de penas de cárcel. No habrá amnistía general, pero nadie importante pagará ni un día de cárcel. El argumento es engañoso y destinado a hacerle trampa a la opinión democrática del país que exige penas de cárcel para los delitos de lesa humanidad.

Por su parte, las FARC pretenden amnistía general y automática. Rechazan el Marco para la Paz, y pretenden ser no solamente impunes, sino inimputables. Es irresponsable haber iniciado unos diálogos de paz sin dejar en claro anticipadamente por parte del Estado cuáles son los límites no negociables para llegar a un acuerdo, sobre todo en un punto tan sustancial como la justicia. Un salto al vacío en términos de justicia. No hay forma de obligar a las FARC a aceptar esa condición del Estado, puesto que la guerrilla no se encuentra concentrada y localizada, ni  en cese unilateral de hostilidades.

Fases del Proceso

-Para el gobierno el proceso está concebido en tres fases: Fase I, pre-acuerdo sobre composición de la agenda y fin del conflicto; Fase II, acuerdos sobre cada uno de los puntos de la agenda, fin del conflicto y firma del Acuerdo Final; Fase III, se inicia la transición hacia la paz con la hay dejación de armas y la implementación de los acuerdos, transformación de las FARC en partido, y reconstrucción de las regiones.

-Esto no lo ha aceptado la guerrilla; por el contrario, ha rechazado esta periodización. Para la guerrilla la dejación de las armas y la reinserción con garantías “según sus intereses” se iniciaría al final de la Fase III, luego de firmados y cumplidos los acuerdos por parte del Estado. Como este otro asunto no se dejó claro desde el comienzo, el diálogo se inició a sabiendas de que en algún momento se suspendería porque no se llegaría a un acuerdo sobre el tema crucial del desarme.

-La Fase III tiene tres componentes:

Temporal. Cerca de 10 años.

Excepcionalidad. Se necesitarán medidas jurídicas especiales, recursos extraordinarios, e instituciones nuevas.

Territorialidad. Se trata de transformar los territorios, porque en el pasado no ha habido procesos de paz territoriales. Fortalecer las instituciones en el territorio, construir desde abajo con las comunidades, con participación comunitaria.

El gobierno desconoce en este punto todas las experiencias anteriores de política pública orientada a recuperar los territorios azotados por la violencia, desde el PNR de Virgilio Barco y César Gaviria, hasta los programas de Consolidación iniciados por la administración Uribe. Las experiencias anteriores ya tenían los mismos propósitos, pero se desarrollaron con presencia de grupos armados en el territorio; lo mismo sucederá en el presente caso, si el gobierno acepta que las FARC no entregarán las armas sino hasta cuando se hayan cumplido todos los acuerdos y ejecutado todos los programas en los territorios. Otro salto al vacío: las FARC armadas durante diez años, compartiendo de hecho el monopolio de las armas con el Estado , sin que las Fuerzas Militares puedan combatirlas, creando un gobierno y un estado paralelo posiblemente en las Zonas de Reserva Campesina.