Las revelaciones que se están conociendo, a raíz del denominado carrusel de la contratación en la capital del país, han levantado una ola de indignación en Colombia.

Este episodio pone en evidencia, de nuevo, el alcance y la magnitud del asalto que se está haciendo al Tesoro público.

Miles de millones de pesos se desvían del cumplimiento de sus objetivos en favor del bienestar general, hacia los bolsillos de inescrupulosos que no se paran en mientes para desangrar las arcas del Estado.

Mientras tanto, la ira de la ciudadanía crece ante el espectáculo de delincuentes que se roban sus impuestos, la credibilidad en las instituciones se debilita día a día y los cimientos del sistema democrático se agrietan.

Es por esa razón, entre otras, que las críticas al sector público crecen, la afiliación a los partidos disminuye y muchas voces se levantan en contra del empresario que soborna. Esa es la consecuencia más grave: nadie cree en nada, porque lo que se percibe es afán de aprovechamiento indebido y apetito voraz por el enriquecimiento fácil.

De cara a esta desoladora realidad, sería inaceptable continuar actuando como si estuviéramos condenados, de manera irremediable, a padecer los efectos de la corrupción.

Es necesario reconocer que destapar la olla en Bogotá, por ejemplo, es dar pasos en la dirección apropiada. ¡Y hay que destaparlas en todo el país!

Pero estamos lejos todavía de tener el marco, la información, la educación y el respaldo activo de la gente para combatir con éxito la corrupción. Otros países han padecido situaciones similares.

En ellos, la gente llegó a creer que se trataba de un fenómeno imposible de vencer, lo cual, en su momento, produjo desaliento e incredulidad sobre el efecto de los empeños para derrotarla. Sin embargo, finalmente, pudieron hacerlo.

En Hong Kong y Singapur, para mencionar solo dos casos, encontraron el camino, y los avances son innegables. Lo primero que debemos hacer en Colombia es actuar decididamente, tomar determinaciones con la seguridad de que es posible lograrlo, construir la institucionalidad apropiada, eliminar los factores que favorezcan la actuación de los corruptos y crear el ambiente que lleve a los ciudadanos a vincularse activamente a esta lucha, que es de todos.

Esto no se logra de la noche a la mañana. Los esfuerzos requieren continuidad y perseverancia, acción integral del Estado y la sociedad, y una nueva cultura, que premie el trabajo honrado al tiempo que castigue severamente a los asaltantes de los recursos de todos.

El paso inicial tiene que ser la estructuración de un plan nacional de lucha contra la corrupción de forma participativa. Dicho plan debe contemplar acciones legales, institucionales y educativas, y promover la participación activa de los ciudadanos en defensa de lo que es, en realidad, su patrimonio común.

La lección que dejan experiencias exitosas es clara: cuando la gente se decide a tomar parte en la cruzada contra la corrupción, sí se puede.

Exministro – Exembajador

carlosholmestrujillog@gmail.com

Portafolio, Bogotá, junio 12 de 2013.