Es muy seguro que dentro de unos meses nos anunciarán que sobre el segundo punto de la agenda también han logrado un gran acuerdo.
La forma como empezaron las conversaciones sobre el segundo punto de la agenda de La Habana daría para suspender esos diálogos, si el Gobierno fuera serio y no solamente los estuviera utilizando para oxigenarse, ante la falta de resultados en todos los otros frentes. La exigencia irreductible de las FARC de convocar una asamblea constituyente como condición indispensable para firmar un acuerdo de paz, y el rechazo unánime de esa pretensión, tanto en el propio Gobierno como en la opinión pública, ponen esas conversaciones ante el resultado cierto del fracaso.
No es de esperar que las FARC cedan en esa exigencia porque hace parte fundamental de su estrategia de negociación. Ellas saben que ni en la mesa de conversaciones ni en el Congreso pueden lograr sus exageradas pretensiones, que son realmente sus inamovibles: impunidad total, control de territorios, no entrega de armas, elegibilidad para sus líderes responsables de crímenes de lesa humanidad. Y no pueden lograrlo principalmente porque la opinión pública rechaza en forma mayoritaria y contundente esas pretensiones. Si estuviera sólo en mandos del Gobierno, hasta de pronto la guerrilla lo lograría. Pero el Gobierno no se puede exponer a enfrentarse de esa manera con la opinión pública, sobre todo cuando está en trance de reelección, eventualidad que, dicho sea de paso, rechaza el 65% de la población, según todas las encuestas.
Así que, como la guerrilla no puede lograr sus propósitos estratégicos en la mesa de conversaciones, insiste en que se convoque al final de los diálogos una constituyente. En esta se tratarían todos los temas que van a quedar aplazados luego de los acuerdos parciales y secretos en cada uno de los puntos de la agenda. Por ejemplo, en el primer punto ya quedaron aplazadas estas pequeñeces: la autonomía total de las Zonas de Reserva Campesina y su ampliación a nueve millones de hectáreas, donde no habría operaciones antinarcóticos y tendrían el pleno control armado de las FARC; los límites al “latifundio”, que es un asunto de honor populista para esta guerrilla; la política minero-energética; la revisión de los TLC, etc, etc. A estas naderías, las FARC las llama eufemísticamente, las “salvedades”.
Pues bien. Es muy seguro que, siguiendo con el juego, dentro de unos meses nos anunciarán que sobre el segundo punto de la agenda también han logrado un gran acuerdo “histórico”, parcial y secreto, sobre asuntos generales y vagos, sin ningún desarrollo. Pero quedarán como parte de las pequeñas “salvedades” a resolver posteriormente las exigencias de las FARC de reforma radical del régimen político, la redefinición de los poderes públicos, la eliminación del presidencialismo, la reducción de las Fuerzas Militares, la elección al Congreso de miembros del Secretariado condenados por delitos de lesa humanidad, cambio del sistema electoral, etc., etc. Y así sucesivamente con cada uno de los puntos de la agenda.
Al final de muchos meses, tal vez años, de negociaciones alimentadas artificialmente con las carnadas de los acuerdos parciales, vagos y secretos, las FARC mantendrán su ultimátum: si no hay asamblea constituyente, no habrá acuerdo de paz. Es claro, pues para ellos han quedado aplazados y acumulados en las “salvedades” los reales objetivos estratégicos de esos diálogos. En esas “salvedades” están contenidos sus inamovibles y el cúmulo de reformas económicas, políticas y sociales de corte radical que harían de Colombia un régimen castro-chavista. Lo que no pudieron hacer por medio de la violencia y la barbarie, quieren alcanzarlo manipulando un proceso de paz.
Y lo más importante. Aunque todavía no lo han dicho por pura táctica política, la integración de su reclamada asamblea constituyente no se haría por medio de votación popular. Si así fuera, las FARC elegirían máximo el 2% de los constituyentes y no podrían sacar adelante su agenda. Ante su nulo apoyo popular, las FARC reclaman una constituyente en la que la guerrilla tenga de entrada y por derecho propio entre el 40% y el 50% de los constituyentes, y el resto que los elijan los partidos políticos en elecciones libres. Ahí está la trampa.
Es obvio que esta es pretensión es absolutamente delirante e inaceptable. Por esta razón, para no perder el tiempo en algo que no tiene sentido y que claramente va hacia el fracaso, el Gobierno debería condicionar la continuidad de los diálogos a que las FARC retiren esa exigencia desde ya. También la impunidad absoluta, la no entrega de armas y el control territorial. Eso lo haría un gobierno serio que no estuviera manipulando el deseo de paz de los colombianos en provecho propio, manteniendo una expectativa de paz que sabe que no se va a cumplir y utilizando los diálogos como una hoja de parra para cubrir las vergüenzas en su mediocre gestión. Adicionalmente, permitiendo que las FARC sigan utilizando esos diálogos para recuperarse política y militarmente, lo que significa un enorme retroceso con respecto a los logros alcanzados por la política de seguridad democrática del gobierno anterior. La utilización oportunista por parte del Gobierno y de las FARC de estos diálogos condenados al fracaso se está haciendo a costa de los intereses del Estado y de la sociedad colombiana.
