Las pandillas, violencia no resuelta

Las pandillas, violencia no resuelta

La violencia urbana no va a cambiar ni a disminuir, así se llegue a un acuerdo en Cuba con las Farc y en lo posible con el Eln, que deberá adherirse al resultado, según el desarrollo del proceso. Una política de seguridad urbana debe ser plasmada en un pacto entre los partidos y la sociedad en  su conjunto para que sea extendida por varios períodos administrativos.

Obnubilados  por los diálogos en La Habana, nuestros gobernantes locales no han tenido espacio ni serias preocupaciones por la violencia urbana de las principales ciudades de Colombia y de territorios integrados como el área metropolitana del Valle de Aburrá, Medellín a la cabeza. El alcalde de esta ciudad considera que con la predicación en boca de los ministros gringos del culto retórico de “la no violencia”, con el sello novedoso al final de la liturgia, del salsero panameño, Rubén Blades, los combos, las pandillas y las barras violentas de los fanáticos del fútbol van a caer de rodillas arrepentidos, solicitando perdón y cupo en la fiscalía para entregar armas e información criminal. Ya conocimos hace diez años a dónde condujo esa metodología. El recuerdo de Gilberto Echeverri y Guillermo Gaviria no puede trastocar el valor de tenerlos vivos en vez de llorarlos mártires, por acción de las Farc, pero inducidos al error por una ilusoria proposición.

La violencia urbana no va a cambiar ni a disminuir, así se llegue a un acuerdo en Cuba con las Farc y en lo posible con el Eln, que deberá adherirse al resultado, según el desarrollo del proceso. Una política de seguridad urbana debe ser plasmada en un pacto entre los partidos y la sociedad en  su conjunto para que sea extendida por varios períodos administrativos, es decir, por varios y sucesivos alcaldes, con las correcciones que señale la praxis, con la estabilidad de sus ejecutores para no enterrar la experiencia de los funcionarios que apliquen. Centralizar la investigación policial y social y descentralizar su seguimiento y ejecución comunitaria obliga a pensar en el entendimiento y cooperación de los municipios del Valle de Aburrá. Una nueva área metropolitana de reconciliación y rehabilitación de los integrantes de las organizaciones violentas, sin bajar la persecución policial, pero buscando apoyo en la ley para su sometimiento e integración a la vida democrática y pacífica.

¿Cómo llevar adelante un plan que desmorone a los cinco mil individuos que forman las falanges criminales de la ciudad? ¿Acaso no tenemos los suficientes fondos cedidos por las Empresas Públicas, EPM, más los fondos comunes para este propósito urgente y básico para una ciudad presuntamente innovadora? ¿No tenemos en la primera fila de influencias y mandato previo a las elecciones a los empresarios de la construcción, del cemento, de las entidades financieras, y la nueva burguesía del comercio global que de manera reiterada ofrecen su respaldo a los planes gubernamentales? Descuadernada queda la acción de la administración municipal cuando existen tantas instancias con egos, protagonismos y misiones que se enfocan al  tema: la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Seguridad, la Vicealcaldía de Seguridad y la Consejería de Convivencia. Y el mismo alcalde quien es legalmente el jefe de policía al nivel de su jurisdicción, amén de la Empresa de Seguridad Urbana, ESU, y la Comandancia de la Policía Metropolitana.

Para obtener resultados a mediano y largo plazo es necesario ganar la confianza de los jóvenes y de las comunidades en las cuales conviven. De ahí el papel de la ciudadanía y de los sacerdotes que alcanzan el apreciado eslabón de una respetuosa relación, lo que no pueden obtener los agentes diversos del estado. Abrir los oídos a las quejas y vivencias de los detenidos en las cárceles no es  tarea de las trabajadoras sociales, sino de los artesanos de la concordia y de la rehabilitación que hagan parte de plan metropolitano de reconciliación y convivencia.

Noticias llegadas de Honduras nos indican que las maras, nombre  que llevan las más violentas y crueles pandillas urbanas, como la Salvatrucha, han  ofrecido al gobierno un alto a sus pistolas y metrallas a cambio de que les facilite la reinserción y oportunidades de educación, capacitación laboral a las nuevas generaciones barriales. Para intermediar e impulsar la propuesta han señalado a la OEA y a la Iglesia. Por lo tanto el gobierno  ha formado una comisión de negociación explore la seriedad del asunto planteado. Desde las cárceles los palabreros o delegados de los mandos mareros esperan que la comisión de negociación avance hasta lograr el desarme, la reinserción y la concordia. Una tarea tan difícil como la que se cocina en La Habana.

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