Acaba de iniciarse una nueva ronda de conversaciones en La Habana centradas en el tema de la participación política de las Farc. Como es ya una constante la delegación de la guerrilla planteó como abrebocas un sustancioso listado de pretensiones, que va desde simples juegos de distracción hasta imposibles jurídicos y políticos como el aplazamiento de las elecciones. Y como es otra constante, la delegación oficial se limita a responder con la consabida letanía de que esos puntos no hacen parte de la agenda acordada.

El teatro está montado. El foro recientemente realizado en la Universidad Nacional relativo al mismo tópico, craneado desde la capital cubana, ofreció un nutrido arsenal de sugerencias que servirán de soporte a la cómoda posición de las Farc de pontificar sobre lo divino y lo humano, posar de sabias componedoras de nuestro sistema político e institucional, y estirar hasta donde más puedan las conversaciones.

Mientras tanto, y pese a las aclaraciones etéreas del jefe de la delegación oficial, el problema de fondo seguirá soslayado. A eso quiero dedicar unas reflexiones.

Mi primera observación es que la elevación de las Farc a la categoría de actor político legítimo ya fue acordada desde que se estableció que en Colombia hay un “conflicto armado interno”. Funge de “oposición armada” al Estado y tiene la misma categoría de “parte” del conflicto que éste y sus fuerzas armadas. Eso se refrendó al firmar con ellos un documento para negociar la paz, otorgándoles la potestad de convenir con el Estado, de igual a igual, asuntos vitales de la normatividad y del desarrollo del país.

La segunda observación es que las Farc han sido autorizadas para hacer política, con la mampara del proceso de paz, y de hacerlo en grande. Al igual que en la época del Caguán, la visibilidad que han alcanzado no tiene parangón. Hablan y proponen sin cortapisas sobre lo que se les antoja. Y promueven espacios, como los dos foros que se han realizado, que son una vía expedita para ambientar sus planteamientos. Incluso intervienen en la aprobación o postergación de leyes y medidas, que debieran adoptar con plena independencia el legislativo o el ejecutivo, con mayor poder que los mismos partidos, como acaba de evidenciarse en el tema agropecuario. La agenda legislativa está atada a los designios de la negociación.

La tercera observación es que el gobierno ha aceptado que movimientos políticos afines a las Farc, como Marcha Patriótica, puedan adelantar sus actividades proselitistas –con demostrada financiación y dirección de la guerrilla-, otorgándoles incluso legitimidad y respaldo insólito como ocurrió en la movilización del pasado 9 de abril. Se percibe que en los acuerdos sobre la tierra se ha convenido fortalecer y ampliar las zonas de reserva campesina, que son asiento y base de apoyo político y económico, con respaldo militar, de la nueva fuerza que se está edificando con miras a la conquista del poder.

La cuarta observación es una duda tremenda, que el gobierno no ha disipado sino ayudado a sembrar, en cuanto a la separación de la participación en política de los narcoterroristas y su dejación de las armas. Según conocido y reciente escrito de Sergio Jaramillo, el cerebro de todo este proceso, habrá una transición, que puede durar hasta diez años, durante la cual la banda terrorista podrá conservar las armas mientras se implementan los acuerdos. Sería institucionalizar el proselitismo armado, una gabela imposible de aceptar por la nación, que rompe el esquema democrático y la igualdad de los partidos y ciudadanos en sus actividades legítimas. Ese será el corazón de lo que se gesta en los diálogos habaneros. Porque a todo el proceso solo le falta que los miembros de las Farc o sus testaferros lleguen a las corporaciones públicas y las otras ramas del Estado, para ir preparando su asalto final al poder. Se sabe que el gobierno se devana los sesos para engendrar los cambios necesarios de orden legal, incluida la impunidad, para facilitarlo.

Todo ello porque este proceso no está edificado sobre la base de la decisión de las Farc de dejar las armas y desmovilizarse, sino sobre la aceptación del gobierno de que puede negociarse con ellos y llegar a acuerdos, e inclusive pasar a ponerlos en práctica, sin que los violentos abandonen sus actividades, entreguen los fusiles y se desmovilicen. La expresión de De La Calle de que discutirán las garantías a la oposición para que no se repita el calvario de la Unión Patriótica, contiene un equívoco. Aquí la garantía que se requiere, para que no se repita ese episodio, ni el de Esperanza Paz y Libertad, ni ningún otro, es la de las Farc de que abandonarán y entregarán las armas y renuncian definitivamente a la violencia como herramienta de lucha política.

Pero lo que se avizora es lo contrario. La consagración otra vez del proselitismo armado que en lugar de acercar la paz será la semilla de nuevos conflictos.