En 1.313 estima la Fiscalía General de la Nación, los casos de militantes de la Unión Patriótica (UP) asesinados desde mediados de los años ochenta en el país, muy lejos de los 5.000 a los que se refiere el terrorista ‘Iván Márquez’ desde La Habana.
Pues bien, mientras países algo más serios que el nuestro, como España y Alemania, proscriben partidos que tengan cualquier relación con grupos terroristas como Eta, o con movimientos neonazis, nuestro Consejo de Estado ha decidido devolverle la personería jurídica a la UP con el argumento de que su baja votación se debió al proceso de ‘exterminio’ y no a la falta de seguidores. En 2002 debían sacar un mínimo de 50.000 votos y alcanzar una curul en el Congreso, pero no llegaron ni a 2.000. Esto, simple y llanamente porque la izquierda no convence a las mayorías, pero para los magistrados cualquier razón era válida para violar la ley -así sea por una sola vez, como estilan las altas cortes- con tal de hacerles un gesto a los negociadores de las Farc en la capital cubana, ofreciéndoles una pista de aterrizaje.
Hasta han tenido la desfachatez de decir que la UP no debe preocuparse por el umbral de las próximas elecciones, cosa que sí tiene pegados del techo a los miembros de varios partidos minoritarios, pues sugieren los magistrados que si hay que violar la ley otra vez, para exceptuar a la UP, lo harán.
Farianos de clóset -a los que el Procurador les ha pedido dar la cara- quieren llevar las cosas mucho más allá y exigen que se le devuelvan a la UP los cargos de representación popular que perdieron por la violencia, como alcaldías, escaños en concejos municipales y demás. Incluso, reclaman una reparación económica para el movimiento como tal. Pero, en su momento, fueron personas del mismo partido las que ocuparon esos puestos, por lo que no tiene ninguna lógica ni sustento jurídico. Además, iría contra el sentido democrático pues atropellaría las decisiones electorales que desde entonces han tomado los ciudadanos.
De hecho, la UP no ha sido el único partido víctima de la violencia. Numerosos miembros de otros partidos, sobre todo de los tradicionales, han sido asesinados, particularmente por las Farc, y a nadie se le ocurriría pedir que esos cargos, en los casos en los que no han conseguido preservarlos, les sean devueltos.
Tampoco es la UP el único partido que ha perdido su personería, más de diez movimientos la perdieron en las mismas elecciones, en algunos casos también por efecto del fuego cruzado. Cualquiera podría alegar que el partido Verde Oxígeno, de Íngrid Betancur, perdió su personería no porque careciera de un electorado convencido de sus ideas y programas sino por acefalía, por ausencia de su líder natural, doña Íngrid. Y ¿dónde carajos estaba esta señora? Pues en la selva, secuestrada por la guerrilla de las Farc. En ese orden de ideas, cabría el mismo argumento de los viejitos lindos del Consejo de Estado para devolverle la personería, y no faltaría el que pida la Presidencia para Íngrid con el cuento de que si hubiera estado libre le habría ganado a Álvaro Uribe en 2002. Como vemos, nada de esto tiene sentido.
Como si no fuera suficientemente nocivo el permitir que la política se contamine con movimientos de evidente origen guerrillero como la Marcha Patriótica -según señalamientos del mismo ministro de Defensa-, y el hacer ojos ciegos a la farcpolítica, permitiendo que se pavoneen por ahí esos aliados de los criminales que hasta osan pedir vivas por ellos en concentraciones públicas, llega esta malhadada decisión del Consejo de Estado, que abre otra vez la puerta al juego de la combinación de las formas de lucha por parte de quienes quieren valerse de la democracia solo para acceder al poder y luego asesinarla, instalando el totalitarismo marxista como es su objetivo invariable.
El mero hecho de ser el brazo político de las Farc, debería ser razón suficiente para no revivir a la UP jamás, lo que no significa que los crímenes de los que hayan sido víctimas deban quedar en la impunidad.
