La protesta social es una expresión legítima de los pueblos; sirve para magnificar lo pequeño. La usan quienes fallidamente han manifestado sus intereses y requieren una medida final.
Sin embargo, su poder va más allá; es un instrumento político poderoso. Si una minoría pretende mayor visibilidad, la protesta social le es útil; también si aspira a aplicar políticas que no resultaron elegidas por la mayoría. En el Catatumbo hay algo de todo esto: campesinos abandonados por el Estado, ideologías tratando de hacer política; y hay, además, un grupo narcoterrorista presionando para obtener réditos estratégicos.
Los campesinos del Catatumbo, como los de muchas regiones de Colombia, padecen la inoperancia estatal. Esa falta de control por parte del Estado se suple con dominio de los grupos criminales organizados. Éstos rotan según su capacidad bélica: quien triunfa en la violencia, domina la zona. Tras la salida de los paramilitares del Catatumbo, el Estado debía haber ocupado el lugar con sus instituciones. Sabemos que no fue así, pues las Farc volvieron a instalarse en la zona.
Las Farc carecen de apoyo popular, pues pese a su discurso jamás han hecho nada positivo por los colombianos. Su presencia no ha mejorado las zonas que ocupan; por el contrario, reina un régimen del terror que suprime derechos y deja a los ciudadanos al arbitrio de cruentos jefes. La diatriba sobre la reivindicación social es solo la fachada tras la que se esconde una organización criminal.
Las Farc no están preocupadas por el bienestar de la gente del Catatumbo; pues de ser así, no los habrían asesinado, extorsionado, reclutado, durante tanto tiempo. El interés es otro. Algunos consideran que se trata de una apuesta social para obtener votos en una eventual campaña. Otros lo entienden como un mecanismo de presión externo a la mesa de negociación que alimenta los propósitos de las Farc. Sin embargo, el análisis histórico de las negociaciones con las Farc permite concluir que estos utilizan esos espacios con dos propósitos: mejorar su imagen internacional y obtener mejores posiciones bélicas dentro del territorio.
No es coincidencia que en las negociaciones de La Habana se hable de las zonas de reserva campesina y que ahora, en un territorio donde las Farc han recuperado control, se haga una manifestación que las exige. El Catatumbo es un punto vecino a Venezuela, por donde sale hoy la cocaína, y se patrocina la revolución “bolivariana”. Además es rico en minería —el nuevo negocio de las Farc—. Se configura como un punto neurálgico para asentarse y continuar la guerra y los negocios ilegales, en caso de que no firmen un acuerdo.
Las ZRC fueron pensadas para proteger economías campesinas; las Farc quieren transfigurarlas en fortines para resguardarse del Estado. Es una forma sofisticada de usar a la población civil como escudo; una manera de esconder sus actividades criminales, utilizando la pobreza y las necesidades reales de los campesinos. El camino hacia una Colombia mejor pasa por la consolidación de las instituciones democráticas y la presencia efectiva del Estado sobre todo el territorio. El Gobierno no puede ceder espacios para que los ocupe la criminalidad organizada en detrimento al derecho fundamental de los ciudadanos de ser gobernados por el Estado de Derecho y no por los narcoterroristas.
Tomado de Elespectador.com
