ACORE y el acuerdo suscrito entre el gobierno nacional y el grupo terrorista FARC para la finalización del conflicto armado

ACORE y el acuerdo suscrito entre el gobierno nacional y el grupo terrorista FARC para la finalización del conflicto armado

A finales del mes de agosto del año anterior, diversos medios de comunicación hicieron público un documento secreto, según el cual, el gobierno nacional conjuntamente con el grupo terrorista FARC, iniciaría una mesa de conversaciones con el propósito de llegar a un acuerdo final que permitiría la terminación del conflicto armado que existe actualmente en el territorio nacional.

Este documento que posteriormente fue confirmado como autentico en todo su contenido, constaba de cinco puntos principales, e incluía una agenda pormenorizada sobre temas relacionados con desarrollo agrario, participación política, fin del conflicto, cultivos ilícitos, resarcimiento a las víctimas,  acuerdo final y algunas reglas de funcionamiento.

El señor Presidente de la Republica, confirmo en su momento  la realización de este acuerdo, anunciando al país tres determinaciones fundamentales sobre las cuales se pondría en ejecución inmediata:

  1. No repetir los mismos errores del pasado.
  2. Lograr la  terminación del conflicto en el menor tiempo posible, evitando su prolongación indefinida.
  3. Mantener e incrementar las operaciones militares en todo el territorio nacional.

Al analizar la agenda acordada por los negociadores, salto a la vista que los temas previstos, correspondían en términos generales a los mismos  que habitualmente este grupo terrorista ha llevado a otras mesas de negociación realizadas con gobiernos anteriores y que al final, por distintas circunstancias,  han terminado en rotundos fracasos, que solo beneficiaron diversos intereses  de esta organización criminal. Esperábamos en ese momento que no se repetiría la misma historia, ya que esta ha sido la constante en este tipo de negociaciones.

Al observar esta agenda, el concepto generalizado fue  que parecía redactada en su totalidad por los terroristas. No se veía por ninguna parte temas de interés nacional que el gobierno debe preservar y proteger a toda costa como valores supremos innegociables. La impresión fue que solo contenía claras imposiciones de los terroristas y pocas o ningunas de nuestros negociadores. Esto era muy preocupante.

La paz, sin duda alguna, siempre ha sido un anhelo nacional  y en esas circunstancias, se quiso  creer una vez más en la buena voluntad de este grupo armado.

Como oficiales de la reserva activa de las FF.MM., respecto a este importante y crucial tema, reafirmamos en ese momento lo dicho en pronunciamientos anteriores, particularmente en  carta abierta que le fuera enviada el 14 de junio del año anterior a nuestro Comandante en Jefe, y de la cual extractamos los siguientes  apartes:

“Señor Presidente, a la paz, no le tenemos miedo. Lo que si tememos, al igual que muchísimos colombianos, es a la forma como se pudiera negociar”………….

”Usted bien sabe que nuestras Fuerzas Militares están plenamente capacitadas para derrotar esta amenaza (FARC), siempre y cuando se les proporcione la seguridad jurídica requerida y una legislación antiterrorista adecuada”…………..

“Sobra repetir todo, lo que inexplicablemente se ofrecería en cuanto a impunidad y oportunidad para algunos de estos terroristas, que les permitiría ocupar posiciones de gobierno o en cuerpos colegiados, sin castigo, sin verdad y sin ningún tipo de reparación, no obstante haber sembrado de sangre, miseria y horror los campos colombianos. Al ofrecer todo este tipo de ventajas, se les estaría entregando importantes cuotas de poder que jamás hubieran alcanzado, a través de su lucha armada”…………..

Al firmar un acuerdo en las condiciones planteadas por esta agenda de discusión,….”es lo que haría un país derrotado por la agresión terrorista: entregar todo o casi todo, por nada o casi nada. Señor Presidente, tenga la certeza que este no es el caso colombiano.” La única guerra que hemos perdido hasta el momento, es la jurídica en los distintos estrados judiciales.

Conscientes de lo que fue expresado públicamente a nuestro Comandante en Jefe respecto a éste proceso, consideramos también muy pertinente formular posteriormente las siguientes consideraciones:

  1.  Bajo ninguna circunstancia podemos  sacrificar nuestros principios y valores democráticos, con el fin de lograr inciertas soluciones.
  2. Un manejo político inapropiado o equivocado frente a  exageradas demandas, constituiría un daño irreparable al futuro de nuestro país. Se pondría en alto riesgo el porvenir de la Republica.
  3. La excesiva generosidad del Estado en este proceso, constituiría una gran muestra de debilidad que será hábilmente explotada por los terroristas.
  4. El gobierno solo debe ofrecer lo que nuestras instituciones democráticas otorgan a todos nuestros conciudadanos.
  5. La paz puede ser la victoria, pero como bien se dice, para alcanzarla,  hay que ganar la guerra. Ganar la guerra es quebrar la voluntad de acción de los terroristas. Es debilitarlos tanto como sea necesario para lograr que renuncien a sus aspiraciones y se sometan a las leyes de la Republica. Esto no implica exterminar hasta el último terrorista.
  6. Queremos una paz estable y duradera y unas Fuerzas Militares altamente  motivadas y fortalecidas que tengan la suficiente capacidad para garantizarla.
  7. No queremos terroristas ejerciendo cargos de poder y militares que han defendido legal y constitucionalmente esta nación,  condenados, humillados y confinados en las distintas cárceles del país.
  8. Negociar en medio del conflicto, ofrece ventajas y desventajas. Esta organización criminal tratara de aprovechar esta circunstancia para intensificar su accionar terrorista y  obtener algunos beneficios en la mesa de conversaciones. En su momento oportuno, deberá  imponerse un cese al fuego unilateral que prohíba expresamente el accionar terrorista indiscriminado contra la población civil, el uso de campos minados, el desalojo de tierras, el secuestro, la extorsión y la comisión de otros delitos atroces que perturben la tranquilidad ciudadana.
  9. Todo  tema relacionado con  nuestras Fuerzas Militares, debe ser innegociable. De todos es bien conocido, la intención de debilitar nuestro aparato militar, único freno real y efectivo, que les impediría lograr en un futuro inmediato,  implantar un régimen extremista,  al estilo de los ya existentes en nuestra región. En este proceso de negociaciones, sin duda alguna trataran de imponer como mínimo, algunas condiciones   como la eliminación definitiva del fuero y de la justicia penal militar, la doctrina de seguridad nacional,  la revisión de la situación laboral de nuestros combatientes en su carácter de régimen especial, reducción del pie de fuerza y restricciones significativas  de tipo presupuestal. También podrían incluir la creación de una guardia o milicia nacional, que podría ser integrada por los terroristas que sean desmovilizados.
  10. Existe gran preocupación en cuanto a la posible negociación de que puedan ser objeto nuestras Fuerzas Militares, tal como se expuso en el numeral anterior. Para evitar este riesgo, los oficiales pertenecientes a las reservas activas de nuestras FF.MM., consideraron indispensable tener una amplia participación de carácter permanente en las mesas de dialogo previstas y no en mecanismos diferentes como los que le fueron anunciados  al Partido Comunista Colombiano (PCC) por parte del Señor Presidente de la Republica. Para este propósito, se propuso la designación de un Oficial que actuaría como vocero permanente con carácter de plenipotenciario, llevando la representación institucional. Tal propuesta, fue oportunamente aprobada.

Las consideraciones anteriores fueron presentadas como un decálogo de compromisos, con la esperanza de que sean tenidos en cuenta en este importante proceso, el cual a nuestro juicio y como requisitos mininos, debe finalizar con los siguientes acuerdos:

  1. Desmovilización total y entrega de armas.
  2. Suspensión definitiva de  todas las actividades atinentes al narcotráfico, incluyendo producción, comercialización,  entrega de rutas y bajo ninguna circunstancia, darle carácter de delito conexo al delito político para que pueda ser efectiva su penalización.
  3. Acción penal  real y efectiva contra quienes se desmovilicen, mediante la correcta y justa aplicación de los beneficios que sean  contemplados en la ley estatutaria  que establezca el marco jurídico para la paz de reciente aprobación. La justicia transicional, debe castigar como mínimo los delitos atroces y todas las conductas  considerados de lesa humanidad.

Finalmente queremos reafirmar una vez más, nuestra clara intención de respaldar este proceso dentro de las circunstancias aquí planteadas, esperando que los resultados que sean obtenidos, constituyan el primer paso para lograr  ese anhelo nacional de conseguir una  paz firme y duradera, con la plena aceptación y satisfacción de la totalidad del pueblo colombiano.

Brigadier General (RA) Jaime Ruiz Barrera
Presidente Nacional ACORE

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