Aún con su rectificación posterior, tal vez por la amenaza del gobierno de romper los diálogos si las FARC contaban “la verdad”, la carta de Timochenko a Santos ha puesto en evidencia una crisis que se venía larvando de tiempo atrás. Y nos confirma plenamente en lo que hemos dicho desde el principio: esos diálogos no van para ninguna parte, son una completa farsa, no hay forma de que salgan bien. El gobierno de manera consciente y deliberada está engañando a la opinión generando en provecho propio falsas expectativas , mientras la guerrilla utiliza los diálogos como gratuita y potente tribuna para su protagonismo mediático, y para explotar el absurdo reconocimiento que le ha dado Santos como contraparte política del Estado.
El telón de fondo coyuntural de esta crisis que hace entrar los diálogos en estado de coma es la vertical caída de prestigio del gobierno, que arrastra consigo la viabilidad de un acuerdo de paz. Un gobierno con tan solo un 20 por ciento de apoyo a su gestión no tiene el músculo necesario para hacer ningún tipo de concesiones a la guerrilla. Adicionalmente, la opinión pública se ha endurecido como nunca antes en contra de la posibilidad de que se firme un acuerdo de paz con impunidad, es decir, sin cárcel para los responsables de crímenes horrendos, sin entrega de armas, y con escaños en el Congreso para sentenciados por crímenes atroces. Aún cuando el gobierno quisiera hacer estas concesiones, no lo puede hacer en contra de la abrumadora mayoría de la opinión pública, y menos aún con sus bajos índices de popularidad.
Claro, la baja popularidad del gobierno es un obstáculo enorme para adelantar unos diálogos de paz. Pero esas conversaciones tenían problemas estructurales desde el comienzo, incluso cuando el gobierno gozada de un mayor favor entre la opinión. A punto de cumplirse un año del inicio formal de los diálogos, la carta de Timochenko confirma lo que dijimos desde el comienzo acerca de los problemas estructurales de esas conversaciones: no hay acuerdo sobre la agenda, ni sobre los procedimientos, ni sobre los tiempos. Por tanto son a todas luces inviables.
En efecto, es absolutamente increíble que esos diálogos se sigan adelantando cuando no hay existe un acuerdo sobre lo mínimo necesario para adelantarlos: una agenda común de conversaciones. Para el gobierno la agenda son exclusivamente los cinco puntos contenidos en el Acuerdo General, mientras que para las FARC las consideraciones introductorias de ese documento permiten ampliar de manera ilimitada el alcance de la agenda. O sea, no hay una agenda común. Entonces, a falta de una, hay dos agendas. Cada parte tiene la suya. Y como la regla de oro de esos diálogos – aparte de la igualdad de las dos partes en la mesa, vaya estropicio- es que nada está acordado hasta que todo esté acordado, entonces ambas partes continúan los diálogos bajo el entendido de que la suya es la verdadera agenda y que la del otro es la equivocada. Cada quien habla de la suya, sin atender las razones de la contraparte.
Por eso las FARC presentaron a la opinión pública más de cien propuestas en el primer punto y han presentado decenas en el segundo, sin que el gobierno las atienda en la mesa. Por esta razón el cacareado acuerdo sobre el primer punto fue un texto vago y abstracto, sobre objetivos generales sin ningún desarrollo, que podría ser la introducción de cualquier plan de desarrollo agrario, de cualquier gobierno, de cualquier país, en cualquier momento. Pero nada en concreto. Los temas duros de la agenda de la guerrilla quedaron “pendientes”: zonas de reserva campesina, tratados de libre comercio, política minero-energética, desmilitarización del campo, etc, etc. Sobre el segundo punto ni siquiera hay aún un acuerdo preliminar. La pregunta es si lo que no se aprobó en el primer punto se tramitará en una eventual segunda ronda de conversaciones. Lo que lleva preguntarnos también cuánto durará la primera ronda completa si al cabo de un año solo se ha aprobado parcial y temporalmente el primer punto de los seis de la agenda. Para nada de esto hay respuestas. Solo es claro que en estas condiciones el trámite de la agenda no es viable.
Tampoco hay un acuerdo en los procedimientos. Ambas partes incumplen lo acordado: el gobierno la bilateralidad y la guerrilla la confidencialidad. En efecto, dejando a un lado de manera abierta el principio de bilateralidad , según el cual las decisiones se toman de común acuerdo entre las partes, el gobierno presentó al Congreso un proyecto de ley para realizar un referendo y avalar el supuesto acuerdo definitivo de paz en las elecciones de marzo o mayo del año próximo. Las FARC han insistido en que no fueron consultadas sobre esa iniciativa, que es unilateral, que no están obligadas a participar en ella, ni a aceptar sus resultados. Esto es delirante: el gobierno quiere un referendo para avalar un acuerdo que no existe, mediante un mecanismo que rechaza la parte que debe aceptarlo. Por esta razón es válido sospechar que con ese referendo el día de las elecciones parlamentarias o presidenciales, lo que realmente esta montando el gobierno es una trampa electoral, en su favor y en contra de la oposición.
La guerrilla también acusa al gobierno de violar la bilateralidad al presentar como un hecho cumplido el Marco Jurídico para la Paz. Claro, como en forma insensata el gobierno aceptó que las dos partes eran iguales en la mesa y que todo se acordaría por consenso, las FARC reclaman que el tema de justicia debe ser acordado bilateralmente como producto de los diálogos. Lo que da pie a este reclamo es una falla de origen: la forma como fueron concebidos e iniciados esos diálogos.
Por su parte, las FARC con sus declaraciones diarias a los medios de comunicación y la publicación de decenas de documentos sobre sus propuestas a la mesa, viola flagrantemente el principio de confidencialidad, que limitaba las declaraciones públicas a las acordadas entre las dos partes. Ahora amenaza al gobierno con revelar “la verdad” sobre los diálogos, como desquite por impulsar unilateralmente el referendo. Es decir, una parte se desquita violando la confidencialidad, porque la otra violó la bilateralidad. Y viceversa. A pesar de la reculada de Timochenko, esta amenaza ha quedado pendiente.
Y no hay acuerdo sobre los tiempos de los diálogos. El gobierno tiene afán para firmar cualquier acuerdo antes de las próximas elecciones para presentar algo positivo de una gestión nula que es castigada duramente por la opinión. Las FARC, por el contrario, señalan que los diálogos no deben estar determinados por los tiempos electorales, y que estos deben durar el tiempo necesario para tramitar en la totalidad de su agenda ilimitada, que incluye, como un inamovible, una asamblea constituyente.
Con los ojos muy abiertos, pero mintiéndole por conveniencia a la opinión pública, ambas partes saben que esos diálogos corren hacia el fracaso. Entraron en estado de coma irreversible, y así podrán durar semanas y meses, antes de su fallecimiento definitivo. Lo que empieza mal, termina mal, dice la sabiduría popular.
@alrangels
