Y después del paro ¿qué?

Cuando el paro agrario llega a su tercera semana, y luego de varios días de violencia y anarquía lideradas por milicias urbanas de las Farc que afectaron el orden público, el gobierno dice haber logrado acuerdos concretos con los campesinos para ponerle punto final a la crisis. La única pregunta que cabe hacerse es ¿qué pasará después de que el paro finalice?

El pasado 1 de septiembre, Juan Manuel Santos viajó a Ipiales (Nariño) a sellar los acuerdos entre el gobierno y los campesinos e indígenas, y dijo que éstos son “un paso importantísimo en la normalización del país”. Sin embargo, parece que las palabras del Presidente no surtieron efecto, ya que los bloqueos continúan en Nariño, Cauca, Huila y Caquetá.

Dichos bloqueos ocasionaron que el sector avícola lanzara una advertencia de que pueden estar ad portas de desaparecer, ya que las pérdidas durante los días de paro sobrepasan los 60 mil millones de pesos; además del riesgo de muerte en el que están 19 millones de pollos de engorde, 16 millones de aves ponedoras y 1 millón de aves reproductoras, porque la comida que reciben a diario no ha podido llegar a las fincas. Urge que les solucionen el problema para transportar el alimento de estos animales y evitar la quiebra de los avicultores.

Pero ¿cuáles son las medidas que se tomarán para dar cumplimiento al pacto hecho con los agricultores? Las principales son el control a los precios de fertilizantes, insumos, plaguicidas, a través de la eliminación de aranceles a 23 productos, la importación directa  de fertilizantes, la vigilancia de precios de los plaguicidas y fertilizantes, y el fortalecimiento de mecanismos para combatir el contrabando. Otro de los compromisos del gobierno es estudiar las salvaguardias para evitar la importación de ciertos productos que están entrando al país a precios muy bajos, o imponerles arancel, para que no siga perjudicando a los campesinos.

Para el sector lechero, el acuerdo es comprarles 40 mil litros de leche diarios a los productores durante 15 meses para nivelar los precios, y una inversión adicional de 60 mil millones para que se puedan financiar.

Después de todos esos anuncios, todavía hay descontento en ciertos sectores, continúan las manifestaciones, bloqueos y algunas alteraciones del orden público. Pero no todos los partícipes de marchas y bloqueos son campesinos reclamando sus derechos. Hay un factor común en los lugares donde han ocurrido disturbios, y es la participación de encapuchados de diferentes universidades públicas. Estos personajes son milicianos adoctrinados para este tipo de acciones violentas que buscan debilitar la institucionalidad, pero tratan de mezclarse con los campesinos y productores del agro para disfrazar su lucha armada. Además, estos delincuentes saben que están obrando mal, saben que su participación no es legítima; son asonadas y ataques contra la propiedad privada y la Fuerza Pública, valiéndose también de menores de edad que dejan a la policía maniatada para actuar en su deber constitucional.

Pues bien, con este panorama de caos e incertidumbre, Santos sólo tiene la opción de cumplir lo que prometió. Debe delegar en sus ministros la misión de revisar decretos y presentar en el Congreso los proyectos de ley que sean necesarios para materializar esos acuerdos; claro está, si es que quiere una solución de fondo para el campo, lo cual se puso en duda en días pasados, cuando el gobierno decidió recortarle casi un 44% al presupuesto en 2014. Sin embargo, esta semana, y como es costumbre, cambió de parecer y ahora le pide al Congreso que apruebe una adición de 700 mil millones de pesos a este sector.

En cuanto a los causantes de la ola de violencia en estos días de paro, la justicia debe actuar sin reparo, porque de lo contrario se seguirán presentando estos hechos y con más fuerza. El Estado no debe permitir que se ponga en peligro la integridad y la seguridad de toda la sociedad; por lo menos un Estado serio no lo hace. Tampoco se trata de usar la fuerza desmedida contra la población civil, si no ha sido partícipe de tales acciones. Es inaceptable que el Ministro de Defensa diga que sabe que las Farc infiltraron el paro, pero no se presenten capturas masivas de dichos autores, intelectuales y materiales. Sólo unos pocos fueron capturados y muchos ya están en libertad.

Pero es aún más inaceptable que Santos y sus delegados sigan sentados en Cuba discutiendo las políticas agrarias, económicas y de seguridad del país, legitimando a unos terroristas que todos los días se fortalecen en su lucha armada y se burlan de los colombianos. Ellos no tienen por qué decidir el destino de la nación, y le recuerdo al Presidente que fue elegido por 9 millones de ciudadanos que exigimos que tanto el secretariado de las Farc como sus demás miembros paguen por los cientos de crímenes de lesa humanidad, incluida la holandesa.

Y ahora que hay paro camionero, ¿el gobierno por fin escuchará las peticiones de todos los colombianos de reformular el precio de los combustibles, o, por el contrario, seguirá con el cuento de que producen a pérdida y no es posible reducir el costo para el consumidor final? Para no calentar más los ánimos, decidieron congelar los precios durante septiembre, pero ya veremos que si no hay una aprobación legislativa para cambiar esta política, todo seguirá igual.

Ojalá que las medidas de fondo que supuestamente adoptará Santos, se lleven a la realidad y nos demuestre que por primera vez decidió gobernar, escuchar al pueblo y velar por los intereses de la nación.

@cariortiz

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Buscar

Facebook

Ingresar