En las redes sociales y en los medios de comunicación se viene reflejando un descontento generalizado en relación con el salario que reciben los parlamentarios.

El hecho adquiere notoriedad pública sencillamente porque el ciudadano de la calle no entiende porque se paga un salario de privilegio a los integrantes de uno de los poderes públicos que poca satisfacción genera a los colombianos.

Hay que señalar que uno de los factores críticos que en este inicio del siglo XXI afecta a la mayoría de los Estados de la comunidad mundial es precisamente la crisis de la política, de los políticos y de buena parte de las instituciones públicas a través de las cuales se ejerce la gobernabilidad. Para no ir más lejos, en estos días, en los Estados Unidos los ciudadanos, sorprendidos e impotentes, asisten a un cierre del Gobierno.

Ya es un lugar común decir que los ciudadanos están perdiendo la confianza en las instituciones que los gobiernan, pero especialmente en las personas que los gobiernan y sobre todo en los Congresos que los representan.

Sin embargo, los seres humanos todavía no hemos inventado nada distinto a la política y las instituciones públicas para que la sociedad funcione con un mínimo de reglas de juego y sin que nos acabemos los unos a los otros.

Claro, hay países donde predominan las instituciones incluyentes y que por lo tanto cuentan con espacios mucho más democráticos en lo económico, social y político; son países que brindan mejores oportunidades a sus ciudadanos, reflejándose en un mejor desarrollo y en una mejor calidad de vida . Y existen otros países donde predominan las instituciones excluyentes o “extractivas” según la terminología de Daron Acemoglu y James A. Robinson en su libro “Porqué fracasan los países”. Estos son países con una institucionalidad concentrada y manipulada en unas pocas manos que impiden la prosperidad y originan una constante pérdida de confianza y credibilidad de los ciudadanos en sus gobiernos.

Colombia se encuentra en un punto intermedio; en algunos aspectos es un país incluyente, podría afirmarse que en cerca de un centenar de municipios y ciudades las instituciones incluyentes funcionan con ciertos vacíos y limitaciones. Funcionan, con imperfecciones, la justicia, las decisiones de los cuerpos colegiados y los gobiernos en sus tres niveles. Pero al mismo tiempo en las zonas rurales y en cerca de mil pequeños poblados lo que predomina es la exclusión, las instituciones “extractivas” controladas por unos poderes informales que rayan en la criminalidad y que, en últimas, son los soportes sobre los cuales reina la violencia. En ese caldo de cultivo es donde crece el narcotráfico, las bacrim, la guerrilla, la minería ilegal, el despojo y la criminalidad de todos los signos y colores.

En el marco de esta realidad nacional es que tiene que centrarse el proceso de toma de decisiones y la acción de un nuevo Congreso, de un Congreso diferente. Un Congreso que bajo el liderazgo de un conductor como Álvaro Uribe pueda retomar el rumbo y sentar los fundamentos para la recuperación de la confianza y la credibilidad ciudadana.

Las elecciones del 9 de marzo del 2014 para elegir un nuevo Congreso es la oportunidad que tenemos los colombianos para otorgar un mandato cuasi constituyente que pueda sembrar y consolidar la seguridad democrática para los ciudadanos en todo el territorio nacional.

Un Congreso que devuelva la confianza y genere oportunidades para la inversión y el emprendimiento económico a lo largo y ancho del país.

Un Congreso que combata la pobreza, reduzca la desigualdad y propicie la cohesión social.

Un Congreso que haga respetar el manejo y uso de los recursos públicos mediante una rigurosa política de austeridad.

Y por último, un Congreso que ejercite el dialogo popular como práctica permanente para nutrir sus decisiones con contenidos democráticos que solo se encuentran auscultando lo más profundo del sentimiento, los deseos y las esperanzas de la gente.