La hecatombe judicial

Colombia, es obvio, tiene muchos problemas por solucionar, tanto estructurales como coyunturales. Pero considero que de todos ellos el más grave es la ruinosa situación del poder judicial. En el Centro de Pensamiento Primero Colombia, nos hemos dedicado juiciosamente a analizar ese problema, fruto de ese trabajo es el “policy paper” abocado a la reforma de la justicia (http://www.pensamientocolombia.org/policy-paperforo-reforma-a-la-justicia).

La gravedad del problema es que sin justicia, no puede existir Estado de Derecho y sin éste, la democracia es imposible. Luego el problema de la justicia en Colombia, atenta directamente contra la estabilidad democrática en el país. El problema tiene muchos componentes, pero es indudable que el más grave es la corrupción en su seno, y por lo tanto, solamente nos dedicaremos a tratar ese tema en  este artículo.

La corrupción de la justicia en Colombia, tiene dos aristas: la crematística y la ideológica. La  primera  tiene un origen obvio, el deseo de riqueza así sea no bien habida que hace que los jueces y demás funcionarios judiciales desvíen  el ejercicio de sus funciones hacia la prosecución de favores (no enjuiciamiento, rebaja de penas, cambio de modalidad de la pena, etc.) a cambio de dinero.

Esta corrupción crematística no es inherente  al sistema judicial, ni lo es solamente en el colombiano. Pero su presencia ha traspasado los límites  “normales” de la corrupción que se presenta en todo sistema humano y que es fácilmente detectable y corregible. En Colombia la corrupción judicial es una característica propia del poder judicial,  pues ha adquirido connotaciones epidémicas; creo no ser injusto en aseverar que la mayoría de los administradores de justicia están corruptos, desde el más alto nivel (Magistrados a sueldo por el capo Sale) hasta los más humildes escribientes o dragoneantes del INPEC). Apenas  ahora (¿cuál será el motivo?) la Fiscalía comienza a perseguir funcionarios corruptos, como se ve en las noticias de hoy, en el que se reseña la captura de 11 funcionarios, entre ellos dos jueces  (¡candidatos a Magistrados!); obvio que la investigación, como lo acostumbra la Fiscalía Montealegre, tiene un tinte publicitario y jamás pasará de encarcelar una pocas sardinas, dejándole más espacio libre a los tiburones de la corrupción judicial. Prueba de ello es la alarmante cantidad de 15.000 investigaciones disciplinarias activas contra jueces y fiscales.

Pero la corrupción crematística es una nimiedad al lado de la corrupción ideológica. Se trata de la infiltración del aparato judicial por elementos de los carteles narcoterroristas (tanto los de las FARC, como los de capos como Lucio, quién mandaba en la Fiscalía de su esposa Viviane Morales).

Esta infiltración tiene por finalidad el derrumbamiento del sistema democrático, con distintas modalidades, desde la del juez  de descongestión en Cúcuta que le da casa por cárcel a uno de los principales secuestradores del ELN, para permitirle su fuga; hasta la de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que acometen una criminal persecución contra el Presidente Uribe, sus familiares, allegados y seguidores políticos.

Un poder judicial en manos de los capos de las FARC y de los nuevos carteles de la droga, es impensable e insostenible en una verdadera democracia,  lo peor es que es una justicia torcida con cara de impoluta, pero los colombianos no somos bobos, la prueba  de ello es el bajísimo nivel de confianza en las encuestas.  Por ello es imprescindible el acabar con la hecatombe judicial colombiana, en el trabajo arriba referido damos algunas ideas que consideramos indispensables realizar, y que con toda seguridad el Senado uribista a partir del 2014, las va a implementar, bajo la guía del Presidente Uribe y de José Obdulio Gaviria quien ha encabezado el debate sobre esta materia.

Director  Blog Debate Nacional

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