El acuerdo sobre el segundo punto es un mar de babas en el que nada un tiburón. Casi seis meses se gastaron los voceros del gobierno y de las FARC para acordar la realización de dos foros y el nombramiento de una comisión, y en llenar varias cuartillas de una retórica insulsa sobre un supuesto robustecimiento de la democracia: ahí están las babas. Pero buena parte de ese tiempo con seguridad lo invirtieron en acordar los detalles de las circunscripciones de paz, detalles que no nos quieren contar: ahí está el tiburón.
Pero antes de analizar las babas y el tiburón es preciso señalar que el mayor exabrupto de los diálogos que producen ese documento es el hecho de que el gobierno está graduando como interlocutores válidos dizque, según palabras de Humberto de la Calle, para “poner en marcha una nueva apertura democrática” y para “generar un proceso de profundización de la democracia”, precisamente a quienes han sido durante décadas los principales y más letales y mortíferos enemigos de la democracia colombiana. Las FARC han asesinado, secuestrado, desterrado y amenazado a miles y miles de activistas, dirigentes, concejales, diputados, alcaldes, gobernadores y parlamentarios de los partidos democráticos en nuestro país.
Durante largas décadas esa ha sido su estrategia para copar los poderes locales y regionales, y para cuestionar el poder del Estado sobre el territorio. La masacre de los concejales en Rivera, Huila, la matanza de los diputados del Valle, el asesinato del Gobernador de Antioquia Aníbal Gaviria, la masacre de la familia Turbay en Caquetá, los múltiples atentados contra el Expresidente Álvaro Uribe y el reciente atentado contra el Exministro Fernando Londoño, son apenas botones de muestra de esa estrategia infame de aniquilamiento y genocidio contra la dirigencia democrática en Colombia. Da grima ver cómo ni el Partido Liberal, ni el Partido Conservador, principales víctimas de esa campaña infame, jamás han reivindicado a sus víctimas, nunca han denunciado ese genocidio de las FARC en su contra, y prefieren callar y olvidar, invisibilizando a sus victimarios, como si esos crímenes nunca hubieran existido.
Pues con esos enemigos de la democracia es que el gobierno está negociando un estatuto de la oposición, las reformas al régimen electoral, cambios en el régimen de partidos, y un pomposo “Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política”, dizque para que nuestra democracia sea “más fuerte, más participativa, más pluralista y transparente”. Como si para lograrlo no bastaran los partidos que son leales con la democracia y no recurren a la violencia sino al apoyo ciudadano para realizar los cambios que el país requiere. Como si la democracia colombiana estuviera incompleta sin las FARC, sus enemigos mortales. Esas FARC que no representan a nadie en Colombia, que no tienen ninguna representatividad política, ni ninguna legitimidad social, que escasamente se representan a sí mismas como un grupo de poder cuyo único instrumento es el terrorismo.
El gobierno ha aceptado, en contra de la mayoría de los colombianos, como ya veremos, darle a las FARC curules gratis en el Congreso Nacional, por medio de las Circunscripciones Territoriales de Paz. Aunque con toda seguridad eso ya está acordado, sin embargo no nos han dicho cuántas van a ser esas circunscripciones, dónde van a estar ubicadas, cuántas curules tendrá cada una de ellas y cuántas serán en total, cuánto tiempo van a durar, cuáles requisitos deberán cumplir sus beneficiarios. Seguramente el número de curules será suficiente para que las FARC tengan una representación decisoria en la Cámara de Representantes; las circunscripciones estarán ubicadas en sitios donde las FARC tengan sometida y amedrentada a la población; la duración será la adecuada para poder consolidar estructuras electorales; todos los miembros del Secretariado y del Estado Mayor van a poder ser elegidos, porque el gobierno sigue comprometido en que les dará total impunidad a sus crímenes de lesa humanidad, por los cuales no pagarán ni un solo día de cárcel, como exigen las FARC; y finalmente, pero en primer lugar, el remedo de “elecciones” en esas circunscripciones se harán sin que las FARC hayan entregado las armas, porque han insistido en que no las van a entregar y al gobierno ha aceptado que es suficiente su “dejación”, lo que quiere decir que las conservarán en su poder, pero dizque sin usarlas.
Estamos entonces ad portas de una paz armada, donde los partidos democráticos desarmados se enfrentarán a un partido armado que tendrá unas circunscripciones electorales diseñadas exclusivamente para él, donde con la amenaza velada o abierta de las armas no permitirá una competencia libre, cuyos candidatos serán criminales de guerra y de lesa humanidad, y cuyo efecto será el control del territorio y de la población durante un tiempo indeterminado, todo esto garantizado por un Estado central que verá definitivamente fracturadas su unidad y su soberanía. De este tamaño es el tiburón que nos está vendiendo Santos.
Pero ya tiene un opositor inmenso: la opinión pública. Se equivocan de medio a medio quienes creen que ese segundo acuerdo es apoyado por la ciudadanía; por el contrario, el rechazo ha sido rotundo. Luego de su anuncio un sondeo en la FM revela que el 83% no está de acuerdo con la participación en política de las FARC; en otro sondeo de El Colombiano el 63% piensa que ese acuerdo fortalece a las FARC y debilita al Estado; según Opinómetro de El Tiempo, el 62% no respalda ese acuerdo. A esto se suma la encuesta previa de la Universidad de Los Andes, según la cual el 76% está en contra de entregar espacios políticos a las FARC, tendencia que ya señalaba la encuesta Polimétrica de Cifras y Conceptos que revelaba que el 78% rechaza la participación electoral de los miembros del Secretariado, y el 80% está en contra de que las FARC dejen de usar las armas sin entregarlas al gobierno. Contra esta barrera enorme se estrellará este atentado contra la democracia que es el acuerdo sobre el segundo punto anunciado en La Habana.
