El 21 de enero de 2014, la prensa informó que el Consejo de Estado había condenado, cuatro meses atrás, a la Nación por un ataque guerrillero contra una estación de Policía y más de 40 viviendas de un pueblito de Arauca y que, en consecuencia, estaba pidiendo ahora que las estaciones de Policía sean retiradas de los centros urbanos con el argumento de que esas estaciones “ponen en riesgo a la población aledaña” durante los ataques de la guerrilla. La sorpresa fue enorme y agudos observadores cuestionaron tanto el fallo como la exigencia.

Desde ese día quedó visto que para el Consejo de Estado quien debe pagar no son los terroristas sino la Policía pues ella es la que provoca tales ataques al edificar sus cuarteles en áreas urbanas.

Debemos estar en un gran error los que creemos que esas estaciones fueron ubicadas razonablemente, es decir donde la población más las necesita, y que sacarlas de allí desprotegerá a los civiles y a las autoridades políticas y administrativas ante los recurrentes ataques de la guerrilla.

Sin embargo, el CE en su gran sabiduría dice que eso no va. Desde el fondo de nuestra ingenuidad podemos preguntar al menos: ¿al invertir los términos del problema–sacar a la policía de los pueblos es la mejor manera de proteger a los civiles–, el CE no está retomando, de hecho, y sin sonrojarse, la doctrina de las Farc? Esa banda quiere que los poblados y ciudades queden a la merced de sus granadas, obuses, fusiles y huestes depredadoras.

Al pedir que la Policía se retire de las ciudades y pueblos, y erija sus estaciones en zonas aisladas, donde serán obviamente más fácilmente el blanco de las bandas, y la protección de la población será más obstaculizada, el CE no sólo debilita los mecanismos de seguridad que el país ha construido y pagado con sangre durante décadas de lucha heroica contra el crimen organizado, sino que viola la ley natural, la lógica y hasta la Constitución.

Al obrar de esa manera el Consejo de Estado está, además, en camino de convertirse en el hazmerreir de los colombianos y de los otros Consejos de Estado del mundo.

Los magistrados del CE alegan que las cosas son así pues la ley y hasta la jurisprudencia los respaldan. Seguramente dicen la verdad. Los magistrados parecen tener a su disposición una batería de normas heteróclitas que les permiten tomar esas decisiones que los ciudadanos consideramos absurdas. Los malabarismos que logran hacer con esas normas son, evidentemente, “de derecho”, aunque sean actos injurídicos que ponen en peligro la vida de millones de colombianos.

Utilizando ese arsenal, los magistrados Danilo Rojas Betancourt, Stella Conto Díaz del Castillo y Ramiro de Jesús Pazos Guerrero, pudieron, el 27 de septiembre de 2013, condenar a la Nación a pagar millones de pesos por tres ataques que la guerrilla había cometido en 1999 contra la Policía y la población civil de Puerto Rondón (Arauca). Colombia es, pues, el único país del mundo donde los terroristas matan y destruyen y, en una segunda fase, logran que el erario público, es decir los contribuyentes y las víctimas de esos ataques, se vean obligados, en virtud de una ingeniosa legislación, a pagar una segunda vez tales horrores.

Esa realidad nos obliga a admitir que estamos ante un trabajo de zapa de amplio espectro que ciertos actores políticos-judiciales han hecho en los últimos veinte años, en el campo de las normas de derecho y de la composición de ciertas cortes, para poner de rodillas a la fuerza pública.

La curiosa legislación que existe hoy es, sin duda, el resultado, también, de la incuria, dejadez y bastardía intelectual de cierta clase política que jamás se preocupó por la relación que podía existir entre la aprobación de leyes y decretos incoherentes y la seguridad nacional.

El resultado práctico es este: las Farc ahora tienen un excelente argumento para atacar a los civiles. Al hacerlo saben que tres o cuatro años más tarde el Consejo de Estado les dará razón e impondrá sanciones no al agresor sino al agredido Estado colombiano y tomará medidas que debilitan objetivamente las posiciones militares del mismo.

Gracias a la legislación monstruosa, pulverizar civiles, arrasar pueblitos, aniquilar iglesias, minar escuelas, acueductos y torres eléctricas, lleva inflexiblemente a dos éxitos adicionales del terror: 1. La desprotección de la sociedad y del Estado en las áreas de agresión narco-terrorista; y 2. La difusión de la idea perversa de que la Policía al salir de las urbes le “brinda protección” a la población y al hacer lo contrario pone en peligro a los civiles. Pues, como se sabe, las Farc y el Eln nunca han maltratado la población civil: solo atacan a la fuerza pública y si hay bajas civiles es por culpa de los civiles y del Estado, no de los amables “insurgentes”.

Esa legislación le permite al CE inmiscuirse en temas que pertenecen al poder ejecutivo, como retirarle combatientes a las Fuerzas Militares y a la Policía, o fijarles  tareas a esas fuerzas, o distraerlas en actividades desligadas del orden público, a pesar de que el país enfrenta a diario todo tipo de violentos ataques en el marco de la guerra asimétrica más perfeccionada del mundo.

Otros ejemplos ilustran esa situación asombrosa: el 17 de diciembre de 2013, por ejemplo, el CE ordenó al Ministerio de Defensa hacer cumplir el “servicio militar ambiental”. En otros términos: que el 20 % de los llamados a cumplir el servicio militar obligatorio –nada más ni nada menos–trabajen en la preservación del medio ambiente, de la flora y fauna del país. La encomiable orden, pedida por un sagaz ecologista, sería el resultado de una interpretación abusiva de los artículos 102 y 103 de la ley 99 de 1993. Estos dicen que los llamados al servicio militar obligatorio, “prestarán servicio ambiental, preferentemente entre quienes acrediten capacitación en las áreas de que trata esta ley”.

La curiosa providencia que ve así las cosas fue firmada por la magistrada Susana Buitrago Valencia, en respuesta a una apelación del ministerio de Defensa.

Días antes, el 5 de diciembre, la prensa había descubierto otra lindeza: que había normas vigentes que le abren avenidas a cierto tipo de contrabandistas. Esta vez  la víctima fue la Fiscalía. El Consejo de Estado la condenó, en efecto, a pagar una indemnización por haber detenido a tres españoles que habían ingresado clandestinamente al país más de 200 mil dólares, en el año 2001. La magistrada Stella Conto Díaz del Castillo, quien participó también en el fallo del 27 de septiembre de 2013, falló en el sentido de que los citados contrabandistas no habían cometido delito alguno pues su acto sólo constituía una “infracción”. En consecuencia, la detención de nueve meses había sido “injusta”.

La víspera, el Consejo de Estado había vuelto a condenar al Ministerio de Defensa y al Ejército a pagar más de 2 mil millones de pesos por la desaparición, 17 años atrás, de siete hombres en una carretera de Antioquia. En vano los abogados del Ejército explicaron que en el episodio del 14 de agosto de 1996 no hubo intervención de la fuerza pública: el responsable había sido una banda paramilitar.

Haciendo caso omiso de la gravísima situación de orden público que existía en 1996, el magistrado Enrique Gil Botero sacó las conclusiones citadas y atribuyó los crímenes de esas bandas a un supuesto “comportamiento permisivo” de la administración pública. Peor, invocó una supuesta –y no probada—“connivencia entre las autoridades públicas y los grupos armados ilegales”. Tal es el armazón de la teoría tan en boga de que el Ejército era culpable “por omisión” al no haber impedido la realización de ese crimen.

Este fallo hace recordar otro no menos indecente de 2009. El 30 de abril de ese año, el país supo que el CE, respondiendo a una tutela, había prohibido la presencia de soldados regulares en las zonas de combate, a donde solo podrían ir, según los magistrados, militares profesionales. Un diario de Bogotá hizo las cuentas y descubrió que ese fallo, de ser acatado, le quitaría el 76% de sus combatientes a las Fuerzas Militares y el 40% de sus marinos a la Armada nacional.

Juan Manuel Santos, ministro de Defensa de ese momento, y el general Freddy Padilla de León, comandante de las Fuerzas Militares, expresaron su inconformidad. Empero, no se sabe si esa decisión del CE fue anulada o si se está cumpliendo hoy pues el ministerio de Defensa y los medios no volvieron a tocar el tema. En todo caso, tal decisión del CE fue firmada en un contexto muy agitado: en medio de una ofensiva de activistas en Estados Unidos, Gran Bretaña y Suiza, que había logrado que Londres retirara su ayuda militar a Colombia, invocando unas presuntas violaciones de los derechos humanos.

El escritor húngaro Sandor Marai, quien vio caer su país bajo el dominio soviético en 1946, describió ese proceso de “disección en vivo” de una nación, en el que una a una, en perfecto silencio, las instituciones y las libertades fueron cayendo. Lo que él describe en su libro¡Tierra, Tierra! (Ediciones Salamandra, Barcelona) invita a pensar lo que está ocurriendo en Colombia. “Los comunistas trabajaban con cautela, con un cronómetro en la mano. Desmembraban el cuerpo de la nación, como hace un profesor de anatomía con las distintas partes de un organismo en una práctica de laboratorio. Por el momento respetaban los órganos vitales, aún no habían sajado los nervios fundamentales, pero ya iban disecando las vísceras con ayuda de tijeras y pinzas”.

Que el lector saque sus conclusiones y obre en consecuencia.