En una cascada que no se detiene y que tiene al país en vilo, durante las dos últimas semanas se han producido no menos de cinco escándalos por interceptaciones –legales o ilegales, ciertas o supuestas, váyase a saber- de comunicaciones de todo tipo.

Prendió la mecha la semioficial revista Semana con el de la fachada Andrómeda, para seguir unos días después con el de la supuesta “corrupción” en el ejército; luego estalló el de Univisión sobre comunicaciones de periodistas con delegados de la guerrilla en La Habana; no se quedó atrás Blu Radio que pasó a divulgar parte de las “chuzadas” de la inteligencia militar a alias Timochenko, el jefe de las Farc; para rematar con la difusión de algunos correos privados del presidente Santos.

Abundan las teorías y explicaciones sobre el origen y propósitos de la marejada de revelaciones. No queremos aventurar una más sino dejar expuestas algunas inquietudes y conjeturas, circunstanciales y particulares, que nos han brotado de la nutrida información que ha circulado en los medios. Nos preocupa demasiado la inédita situación que se ha generado, pero tampoco creemos tener suficientes elementos de juicio para sentar cátedra sobre el tema.

Para empezar, en todo caso, sí debemos indicar que algo fétido apesta el ambiente. Nos resistimos a creer que ha sido obra del azar la aparición de semejantes entramados, de tan diferente origen y con tan disímiles blancos. Como en una especie de fuego cruzado mediático, de guerra irregular de delaciones, acusaciones y señalamientos. Lo primero que nos genera dudas es precisamente la seguidilla de filtraciones en tan corto tiempo, que nos deja sin resuello. Más otras dudas evidentes, resultantes de las contradicciones de los funcionarios gubernamentales, empezando por el Presidente; de los vacíos y suposiciones y especies sin fundamento que se traslucen en las informaciones de los medios que originaron los escándalos; del manejo mediático interesado que ahoga unos temas y resalta otros; del “lavado de manos” de las altas autoridades, que descargan en subalternos desprevenidos e indefensos sus iras y desafectos.

Pero sobre todo se husmea un tufillo pestilente de maniobra artera, con trasfondo político, que finalmente enloda y estigmatiza a las fuerzas armadas, o a sectores importantes de ellas que seguramente abrigan fundadas reservas sobre su futuro y el del país que se derivaría de los acuerdos que en la penumbra se pactan en La Habana. Pero entremos a reseñar nuestras inquietudes, un poco a las volandas y sin un orden definido.

Gran parte de las presunciones de Semana, por ejemplo, han resultado infundadas. El caso de Andrómeda es un auténtico parto de los montes. No solo era una operación legal sino que no podía realizar interceptaciones telefónicas (las llamadas “chuzadas”), porque no tenía los equipos requeridos ni era su fin, e inclusive, según el general Jorge Zuluaga –que pese a ser separado del cargo de director del CITEC sigue activo- allí no se podían tampoco interceptar correos electrónicos. No se hizo “nada de lo que dice la revista”, ha afirmado. La misma Fiscalía, tan dada a divulgar especies, que tan velozmente allanó el local y decomisó los computadores, ha guardado silencio sobre el particular. ¿Entonces?

Cosa parecida ocurre con las denuncias de corrupción. Se han cotejado los casos mencionados por el detenido coronel Róbinson González del Río, sobre supuestas contrataciones en distintas áreas del ejército, y no se ha encontrado sustento real, bien porque los contratos no se efectuaron o porque no fueron adjudicados a quienes el coronel insinuaba. De igual manera la relación establecida por los medios entre los “falsos positivos” y la supuesta corrupción carece de fundamento, y de las grabaciones destapadas nada de ello se infiere. Sólo que el coronel González está procesado por dos casos de “falsos positivos”.

No queremos indicar que en las fuerzas militares no pueda haber corrupción, como en distintas áreas del Estado. Sino que, precisamente a unos días de haber sido denunciado por el Centro Democrático el monumental “carrusel de la reelección” y muy seguramente con el ánimo de echarle tierra se apele a lanzar un globo de distracción como este, queriendo maliciosamente mezclar a Uribe -como se ha intentado sin éxito- y afectando muy seriamente el prestigio y la moral de la fuerza pública.

Las actitudes de enfado y abierto rechazo a las medidas adoptadas por el gobierno frente a los escándalos, visibles en la mayoría de los altos oficiales descabezados, reflejan el impacto demoledor de las injustas acusaciones y las destituciones fulminantes. Es el caso del de más alto rango, el general Leonardo Barrero. Hasta el punto que un editorial del diario El Mundo de Medellín lo defiende con entereza, desnudando las precarias razones presidenciales para ordenar su baja: no por corrupción, sino por unas declaraciones inapropiadas, que en el fondo no eran tan inapropiadas. O el del general Javier Enrique Rey Navas, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Militares, quien renunció en solidaridad con sus colegas y se atrevió a declarar a la prensa: “Voy a demandar a la revista Semana (…) Lo que está en el artículo es falso, es mentira”.

Las grabaciones difundidas por Semana reposan en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes hace meses; de allí fueron obtenidas por la revista. Conociendo las fuerzas políticas que manejan esa célula legislativa, completamente gobiernistas, ¿es aventurado deducir quiénes han filtrado las grabaciones? ¿A las espaldas de sus jefes?

En cambio las graves revelaciones de Blu Radio de comunicaciones interceptadas a Timochenko, que el gobierno no ha desmentido, han sido arrojadas a la basura. Allí se constata que el jefe terrorista tiene a Caracas como su sede regular para reuniones y citas con personalidades; se corrobora que las Farc busca exprimir al gobierno Santos al máximo en la mesa de negociaciones, redoblando sus actividades violentas; queda claro que no aceptarán un día de cárcel y que ese es un inamovible suyo en La Habana. Para no hablar de la cita del jefe criminal con Vargas Lleras en la capital venezolana, misterio que aún no ha sido esclarecido. Pero, claro, todo eso mejor sepultarlo que puede ser incómodo, ahora en la campaña electoral.

Y ni qué decir de las “chuzadas” a la cuenta de correos de presidente Santos, un novelón de proporciones inconcebibles. El periodista Daniel Coronell, amigo entrañable del presidente y columnista destacado de Semana, fue -¡qué coincidencia!- el encargado de lanzar la especie. En su habitual columna del fin de semana pasado reproduce un correo presidencial de diciembre de 2012, que relata un pretendido negocio de unos cuadros de Botero, adornando la historieta de toda suerte de suposiciones escabrosas. Como por ejemplo atribuir la responsabilidad a los militares a través de una fachada de inteligencia del estilo de Andrómeda, sin ninguna prueba. Rematando su veneno con esta insinuación malévola: “hay un sector militar que trabaja en contra del presidente y le reporta a alguien que no es su jefe actual.”

En todo caso Coronell no habla sino de un correo. Aunque los medios han mencionado otro relacionado con los gastos de una hija del presidente que estudia en el exterior, Coronell no refiere sino el de los cuadros de Botero. “En las últimas dos semanas he hablado varias veces con el presidente Santos sobre estos hechos”, explica el confeso confidente. Quedándole, agrega, la impresión de que Santos “sigue en proceso de negación”, sopesando distintas hipótesis. “¿Será una cosa puntual de un solo correo?”, es la última variante que a juicio del columnista el presidente contempla.

Pero ¡oh sorpresa! En el comunicado que expidió Santos unas horas después de aparecida la columna de su marioneta, para referirse al episodio, que califica como “una actividad criminal que no dudo en calificar como grave, insólita e inaceptable”, se extiende de manera equívoca a distintos pormenores del misterioso asunto, que nos dejan perplejos y desconcertados. Ya no es un correo, ni dos, ahora son “más de mil de mis correos que desde hace algunos días se están filtrando selectivamente”, como parte de una “estrategia común en estos casos” como es la de “circular -gota a gota- correos verdaderos entremezclados con correos apócrifos”. Muy extraño que de golpe se suponga que son más de mil correos y que van a ser filtrados –mezclados con otros apócrifos- gota a gota… O que ya se sabía, porque ese era el plan… Como inquietante resulta también la afirmación del presidente de que la divulgación de los correos sea un hecho que coincide “con el inicio de la campaña electoral y que sugiere motivaciones políticas”. Si los dos correos hasta ahora conocidos ninguna relación tienen con la campaña ni el gobierno, ¿cómo presumir que se proponen “causarle el mayor daño posible” porque tienen “motivaciones políticas”?

Es una suma de cosas que nos deja incómodos y fastidiados: el personaje y la revista usados para las filtraciones; la suposición de que hay una estrategia para hacer daño al presidente, divulgando gota a gota más de mil correos; y que existe un fin político preciso en ese plan, todo nos parece sumamente extraño. Huele  -o hiede- más bien a un plan conocido, que al sorpresivo descubrimiento de un entuerto que hay que investigar.

Y una acotación que no puedo dejar pasar. Ahora que se habla de corrupción en las fuerzas militares y que Santos se manifiesta tan vertical en hacerle frente, a la vez que golpea a los altos mandos sin esperar las investigaciones correspondientes, es bueno preguntar: ¿y el presidente y el ministro no tiene una responsabilidad política que deben asumir? Es bueno recordarle al país que cuando Juan Manuel Santos fue ministro de Defensa, durante el gobierno de Uribe, y Juan Carlos Pinzón era su viceministro de Estrategia y Planeación, llevaron a cabo una ambiciosa reforma administrativa en el ministerio de defensa y crearon el Grupo Empresarial de la Defensa.

Tan magna reforma se llevó acabo entre 2007 y 2008. Se conoció entonces que el Icontec le entregó certificación de calidad en sus procesos al ente creado. Era la aplicación de los principios del “buen gobierno” y de la “gerencia pública sectorial”, se pregonó por sus gestores. Y el vanidoso ministro Santos, en agosto de 2008 no dudaba en exclamar ante los medios embelesados: “¡La gerencia es la nueva arma de las Fuerzas Armadas de Colombia!” ¿No debe responder el señor Santos, que primero como ministro y luego como presidente ha estado por cerca de ocho años al frente de los destinos del ministerio de defensa? ¿Todo ha sido a sus espaldas, como le ocurrió a un conocido expresidente, enemigo de antaño y socio de hogaño?

Lo que sí se cuela por numerosos poros es que en el trasfondo hay un forcejeo alrededor del futuro de las fuerzas armadas y el proceso de “paz” en curso. No son accidentales las referencias del general Barrero a que no se debe negociar el futuro del estamento militar, dicho antes y después del escándalo en que se lo involucró. Ni podemos taparnos los ojos ante las palabras del general Javier Rey en su escrito solicitando medidas cautelares ante la CIDH: "Mi juzgamiento será complejo, llego precedido de un ambiente de creciente sospecha, deliberadamente predispuesto; todo ello porque mis reflexiones cuando me eran requeridas en torno al proceso de paz resultaban incómodas.” El mismo general que entrevistado por una cadena radial expresó sin tapujos: “Yo renuncio por honor y dignidad (…) Y lo hago ahora porque lo que uno ve es un complot contra las instituciones, entre ellas el Ejército”.

El periódico El Tiempo, otro de los reconocidos medios oficialistas, que regularmente está bien informado de lo que acontece en las altas esferas del Estado, a propósito de las “chuzadas” a los correos del presidente no descartaba en su editorial de hace apenas tres días que tras el desaguisado estuviera “un supuesto inconformismo con decisiones del mandatario relacionadas con el proceso de paz” por parte de sectores de la Fuerza Pública. Cuando el río suena, piedras lleva.