l auge del narcotráfico en nuestro país no es producto de la casualidad: es en gran parte fruto de la instalación de un marco institucional facilitador donde el narcotráfico y el consumo no pueden más que florecer. No afirmo que el marco facilitador se haya creado a propósito, no tengo manera de saberlo, pero es evidente que existe. Por eso, vale la pena detenerse y resaltar los elementos que lo componen.
El primer elemento del marco facilitador es la permeabilidad de nuestras fronteras. No está radarizado 90% del espacio aéreo argentino, los ríos y puertos no tienen controles y los pasos fronterizos son fáciles de penetrar. Cuando era jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina señaló que la Argentina contaba con 20 radares primarios. La realidad es que esos radares no sirven para la vigilancia de vuelos narcos ya que no pueden detectar aviones que no cooperan para determinar su ubicación. Si bien en la frontera norte se instalaron cuatro radares militares desde el año 2011, éstos tampoco permiten la captura de vuelos ilegales, ya que no están acompañados de sistemas que posibiliten su interferencia. Sólo aportan el dato de la ubicación del vuelo y, por ende, sólo sirven para contabilizar la cantidad de aviones que efectúan vuelos ilegales.
A la permeabilidad de las fronteras se suma la inoperancia del organismo responsable de luchar contra el lavado de dinero: la Unidad de Información Financiera (UIF). Durante el mandato de José Sbatella, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) señaló la "falta de profesionalismo y criterio técnico de la UIF", motivando que ingresara en la "lista gris, de observación regular" del GAFI. Hay por lo menos cuatro causas penales en las que se investiga a Sbatella por la omisión de realizar las denuncias correspondientes en casos que vinculan a Lázaro Báez y Sergio Schocklender. El mes pasado, el juez federal Claudio Bonadio allanó la sede de la UIF en una de las causas en las que se investiga si el organismo paralizó reportes de operaciones sospechosas que mencionaban a Báez. A pesar de las denuncias judiciales en su contra y de los cuestionamientos a su gestión, la Presidenta ratificó a Sbatella al frente del organismo.
Leyes como la de Exteriorización Voluntaria de la Tenencia de Moneda Extranjera, que definió un amplio blanqueo de capitales, fortalecen el marco facilitador para el narcotráfico. Esta ley permitía el ingreso de dinero no declarado al país – entre ellos el de narcotráfico – sin tener que precisar el origen de los fondos y sin sufrir penalidades.
Otro elemento es una Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) que no se encuentra en condiciones de cumplir su función. Tras permanecer acéfala por casi un año, la Sedronar está a cargo del padre Juan Carlos Molina, quien admitió públicamente su propia falta de experiencia. Debido a esto, la Presidenta firmó el decreto 48/2014 que modifica la estructura de trabajo del organismo y transfiere la responsabilidad de la lucha contra el tráfico de drogas al Ministerio de Seguridad. De este modo, el accionar de la Sedronar quedó limitado al trabajo preventivo y a la recuperación de adictos. Además, Molina denunció una serie de irregularidades en el organismo: contrataciones, gastos desmesurados y utilización discrecional de fondos públicos, junto con la falta de actualización de la lista de estupefacientes desde el año 2010, que expone a nuestro país al tráfico de sustancias que no figuran en los registros oficiales. Más importante, se despidió a los jefes técnicos de todas las direcciones, con años de experiencia e información sobre narcotráfico y adicciones, y se incorporó a integrantes de la agrupación kirchnerista Kolina y de la Fundación Valdocco – que preside Molina – sin ninguna experiencia en la función pública.
Los bajos sueldos de los policías, gendarmes y otras fuerzas de seguridad contribuyen al marco facilitador por la desmoralización y desvalorización de ambas fuerzas. Esto facilita a que algunos miembros de las fuerzas sean permeables a la corrupción y en última instancia cómplices del narcotráfico. Si bien a fines del año pasado la Presidenta impulsó un aumento en los suplementos salariales de ambas fuerzas, sus salarios básicos siguen sin tener correlación con los servicios prestados.
Finalmente, la Argentina decidió aislarse de la cooperación bilateral y regional que le permitiría combatir más eficientemente el narcotráfico. El año pasado, ante la falta de interés de nuestro gobierno, la agencia antinarcóticos de Estados Unidos (DEA) redujo su dotación en la Argentina a un solo agente, limitando así el intercambio de información y de capacitación con la principal fuerza antinarcóticos del mundo. En contraste, Brasil firmó con la DEA varios convenios bilaterales que enmarcan el desarrollo de capacitaciones, investigaciones criminales conjuntas, entrenamiento militar y civil y el intercambio de información. Además, Brasil, Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador participan del programa de entrenamiento bilateral de la DEA "Unidad de Investigaciones Sensibles". La Argentina brilla por su ausencia. A Brasil este tipo de entrenamiento y cooperación bilateral le sirve no solamente para combatir el narcotráfico dentro de su territorio, sino también para ampliar su influencia regional, como demuestra el convenio que tiene con Estados Unidos y Bolivia para reducir la producción de cocaína en este último. El narcotráfico es uno de los temas de la agenda global y Brasil encuentra así una manera de incidir y de ganar reputación en el concierto internacional.
En una región donde se concentra más del 85% de la producción mundial de marihuana y más de 90% de la de cocaína, es obvio que sin un marco institucional adecuado se corre el peligro de sucumbir ante las garras terribles de la industria de la droga. En la Argentina no sólo falta una política nacional unificada para combatir el narcotráfico. La realidad es mucho peor: existe un marco institucional que crea todas las condiciones necesarias para su crecimiento.
