Informe Conjunto

En días pasados el Gobierno Nacional distribuyó a través de algunos medios de comunicación escritos un folleto titulado Informe Conjunto de la Mesa de Conversaciones. Desde luego que todos los puntos que se discutan en La Habana entre las partes tienen importancia capital y ninguno es desdeñable. Es así como los dos puntos tratados hasta ahora, y de los cuales se da a conocer lo acordado, son sensibles: Política de desarrollo agrario integral y Participación política.

De la lectura de dicho documento lo primero que viene a la mente es que la contraparte del gobierno nacional no está sola, sino que está muy bien asesorada. No en vano solicitaron ellos que las negociaciones fueran en La Habana, Cuba, donde se les garantizaba un mayor grado de confidencialidad y misterio de quiénes son los asesores de la contraparte. Además, la lectura deja otro sabor amargo, pues da la impresión -¡Cuál impresión!-, la certeza, que el gobierno del señor Santos se está comprometiendo a todo lo que le propone la contraparte, tanto en lo agrario como en lo político, y de qué manera. Recientemente el colombianólogo Malcolm Deas afirmaba que si en Colombia “no va a haber revolución hay que aprender a hacer reformas”. Pero esas reformas de tipo político empezaron en 1986, en el gobierno del cucuteño Virgilio Barco Vargas, cuando se aprobó la elección popular de alcaldes –inicio de la apertura política-, luego vino la Asamblea Constituyente de 1991, que amplió dicha participación y reconoció nuevas fuerzas políticas que hoy participan en debates electorales. Da la impresión que el Gobierno ha accedido a todo en los dos primeros puntos de la Agenda del Acuerdo General, y entonces no se entiende por qué, después de tanto desgaste físico, económico y de tiempo, la contraparte no le resta presión al conflicto y, por contera, solicita la convocatoria de otra Constituyente si todas sus peticiones han sido satisfechas.

Finalmente vale preguntarse. ¿Si los actuales partidos políticos mayoritarios, identificados ideológicamente, no han podido sentarse a redactar el Estatuto de la oposición –que es para ellos mismos-, como lo ordena la Carta, la misma que da las pautas, ¿cómo será sentarse a redactarlo con los interlocutores de La Habana –como ya se comprometió el Gobierno-, ubicados ideológicamente en la otra orilla? Tendremos que tragarnos algunos sapos, me decía con resignación un amigo bogotano.

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