LA LEY DEL EMBUDO

Por supuesto que se deben aclarar las denuncias que afectan a algunos miembros de las Fuerzas Armadas. Solo investigando con rigor y justicia se conserva la credibilidad de una institución tan respetada y apreciada por las grandes mayorías nacionales.

Hay que mantener la transparencia del Ejército, exigiendo que las investigaciones concluyan y no se queden en simples especulaciones morbosas.

Mas también hay que aclarar las denuncias sobre otras entidades del Estado que están en el ojo del huracán. No armar los escándalos en un solo sentido, sino investigar situaciones contra el derecho presentadas en el cuerpo del Estado. La ley del embudo es antiética.

Hace algunos días el columnista Rafael Nieto Loaiza formuló desde este periódico una serie de preguntas/denuncias sobre la indemnización que el gobierno colombiano habría pagado –en forma silenciosa– a la familia del ecuatoriano que murió en el campamento guerrillero, durante la Operación Fénix que dio de baja a "Raúl Reyes".

¿Cuál fue el título en virtud del cual se pagó esta "indemnización"?, interrogaba el escritor y abogado a las autoridades colombianas. Y seguía así sacudiendo el alto estamento oficial del país: "¿Si la operación fue legítima, cómo se fundamentaría semejante reconocimiento? ¿Y si no hubo reconocimiento, cómo se justifica el pago?" Silencio hasta ahora frente a las preguntas. Los responsables en absolverlas se tragan la lengua.

Nieto no se detenía aquí. Volvía a la carga: ¿Sería tal vez la condición de que "cesara el juicio contra Juan Manuel Santos, ministro de Defensa en la época de la operación Fénix? ¿Efectivamente terminó ese juicio?" Pero sigue el secreto, arropado por el mutismo presidencial. Que solo rompe la constante del silencio cuando de pullar a quienes discrepan de las conversaciones de La Habana se trata.

Han pasado varios días de haber formulado estas inquietudes el columnista Nieto Loaiza. Quizá el bullicio electoral asordina sus acusaciones. Estamos inmersos en el reino de la complicidad que conduce al imperio de la impunidad. Se esconden las verdades y las explicaciones para no torpedear la reelección. La ley de la reserva y los disimulos cubre todo el espectro del actual gobierno. Todo lo que mortifica al candidato, se evade por los anillos de la seguridad de su imagen interesados en mantener su estampa de estadista.

Hay que tapar. Tapar y tapar fue el caballito de batalla de un controvertido político cuando las hegemonías bipartidistas parapetadas en el poder, callaban a punta de culata a los opositores del régimen. Hecho que se repite, con más facilidad y comodidad, cuando no existe una oposición sólida que desde el Congreso recoja estos interrogantes. Y replicados en un debate de control político y moral, cite a los ministros a que absuelvan esas dudas.

Los medios de comunicación con cubrimiento nacional, hinchados de tanta publicidad oficial, no están interesados en meterles el diente a las preguntas de Nieto Loaiza. Le dan crédito a otras denuncias –como las que hieren al Ejército– para tapar las que se levantan contra la reelección presidencial.

Cae el telón para una nueva farsa. La del silencio, la del sigilo con la cual descansa y se ha ayudado al bien morir, el control severo de los actos de gobierno.

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