¿Por qué, después de dos años de investigaciones, de pruebas y delaciones sobre las actuaciones del exalcalde Samuel Moreno Rojas y su hermano el exsenador Iván Moreno, aún no han podido realizar el juicio que merecen por haber montado el carrusel de contratación, el peor ejemplo de corrupción y saqueo al erario en los últimos tiempos?

¿Por qué se liberó a miembros de la banda de los urabeños en diciembre y sólo nos dimos cuenta un mes después? ¿Por qué a un personaje tan peligroso como ‘cesarín’, uno de los jefes de la tenebrosa oficina de Envigado, le otorgan prisión domiciliaria por ser padre cabeza de familia, a pesar de su peligrosidad y de haber sido condenado a 20 años de prisión por asesinato, concierto para delinquir y otras bellezas?

¿Por qué se permite que una metódica operación encaminada a mantener a Gustavo Petro en la Alcaldía de Bogotá y que es de conocimiento público, entrabe la administración de Justicia con centenares de tutelas, al punto en que nadie sabe qué va a pasar?

¿Por qué se mantiene abierta la investigación sobre el Palacio de Justicia, a pesar de que durante 28 años se ha demostrado hasta la saciedad la incapacidad de la Fiscalía y de la Justicia para encontrar la verdad?

¿Por qué no ha sido posible para la Fiscalía y la Justicia encontrar la verdad de los asesinatos de Luis Carlos Galán, de Álvaro Gómez Hurtado, de centenares de miembros de la Unión Patriótica, de Gerardo Bedoya Borrero y cientos de periodistas como Orlando Sierra, director de opinión de La Patria? ¿Y por qué se abusa del recurso de declararlos delitos de lesa humanidad para impedir que se cierre la investigación a sabiendas de que ya no es posible conocer la verdad y a pesar de que está demostrada la incapacidad del Estado o el desinterés por encontrarla?

¿Por qué no se le ha dado solución a la impunidad que para los funcionarios con fuero significa mantener a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes? ¿Por qué aceptamos que alguien pueda ser juez o acusador por el sólo hecho de ser elegido congresista?

¿Por qué es imposible reformar o acabar con el Consejo Nacional de la Judicatura, a pesar de los escándalos que muchos de sus integrantes, casi todos presidentes de la entidad, ha protagonizado a través de su existencia? ¿Por qué ninguno de ellos ha sido enjuiciado por sus actos?

¿Por qué se demoraron cinco años en reconstruir el Palacio de Justicia en Cali, luego de que las Farc lo volaran? ¿Por qué es imposible lograr que se ponga en funcionamiento, a pesar de haber invertido más de $70.000 millones? ¿Y por qué están suspendidos los términos judiciales en la ciudad desde el 19 de diciembre del año pasado hasta hoy, sin que nadie se haga responsable de la ausencia de Justicia que se vive en la ciudad?

¿Por qué se incluye en una comisión para estudiar reformas a la Justicia a varios de quienes, como el expresidente de la Corte Suprema, Augusto Ibáñez, se declararon promotores del gobierno de los jueces y politizaron el ejercicio de la jurisdicción? ¿Por qué es imposible reformar la Justicia en Colombia, a pesar del daño que causa mantener el actual estado de cosas?

Cuando usted responda estos porqués, encontrará una de las principales causas del descrédito que padece el Estado y de la violencia que vive el país.