Por fin se resolvió el asunto Petro, aunque a un costo muy alto. Santos hizo lo que debía, aunque tarde y obligado. Reculó, otra vez, porque no tuvo opción. No hay que olvidar que antes había afirmado que "cuando la Comisión Interamericana (CIDH) nos preguntó (…) usted qué opina sobre este caso, le respondí: no opino, yo respeto lo que ustedes como Comisión determinen". Imagino la sorpresa de los comisionados que, confiados en la palabra del Presidente, adoptaron las medidas cautelares. Por eso Petro no tuvo reparo en llamarlo mentiroso.
Santos diría que "solo los imbéciles no cambian de opinión cuando cambian las circunstancias". Su opinión inicial, parece, no cambió. Ahora ha dicho que no le gustan "semejantes facultades" del Procurador ni le gustó destituir a Petro. Uno no sabe de verdad si lo piensa, si quiere aplacar al enfurecido exalcalde o si busca los refundidos votos progresistas. Tampoco han cambiado las circunstancias.
Pero lo que estaba en juego era mucho. Primero, todo el andamiaje institucional. Ya todas las altas cortes se habían pronunciado. La Constitucional, en una sentencia de unificación jurisprudencial, había manifestado que la facultad del Procurador de destituir e inhabilitar a funcionarios de elección popular era constitucional y se ajustaba a la Convención Americana de Derechos Humanos. Y la Suprema, el Consejo de Estado y el Superior de la Judicatura habían negado tutelas al principio falladas a favor de Petro. Santos no podía decidir en contra de la Constitución y los más altos tribunales.
Después, aceptar las medidas cautelares hubiera acabado con el control disciplinario y fiscal en Colombia. En un país en que la justicia penal es eterna y la Fiscalía altamente ineficiente, eliminar las facultades del Procurador sería el paraíso para los funcionarios electos que son corruptos o que desconocen la ley. No habría manera de ponerle freno a sus desmanes mientras que cumplen los períodos para los que fueron electos. Además, de aceptarse la tesis de que no es posible restringir derechos políticos sino por sentencia de juez penal y con doble instancia, se acabaría no solo con la facultad del Consejo de Estado de despojar de investidura a los parlamentarios sino con la del juzgamiento de los mismos en única instancia por parte de la Corte Suprema.
También hubiera significado subordinar nuestro ordenamiento jurídico a la opinión de los siete comisionados de la CIDH que, además, ni siquiera deben ser abogados. Aunque la Constitucional haya sostenido que sus "recomendaciones" son obligatorias, y haya dicho lo mismo de las opiniones de las comisiones y comités de Naciones Unidas, esta es la oportunidad para no perseverar en tal error. Ni la CIDH ni esas comisiones y comités son cortes o tribunales internacionales y sus posiciones son solo opiniones y recomendaciones que pueden o no ser aceptadas por los Estados. No son sentencias, no son derecho, no obligan a los Estados. Hacerlas obligatorias es darles un carácter que el derecho internacional les niega y que la comunidad internacional no acepta.
Finalmente, ¿cómo hubiera podido explicar Santos que sí acata unas medidas de un órgano político como la CIDH y en cambio no la sentencia en el caso de Nicaragua de, nada más y nada menos, la Corte Internacional de Justicia?
Colombia por tradición ha acatado las medidas cautelares que buscan proteger la vida y la integridad física de los beneficiados. Pero las que quieren tutelar derechos políticos no solo son muy inusuales sino cuestionadas. Cuando México se negó a aceptar unas medidas adoptadas a favor de Jorge Castañeda y la CIDH las llevó a la Corte Interamericana, el tribunal las desestimó. Desde entonces, la CIDH no había adoptado nuevas medidas cautelares por derechos políticos.
Ahora lo hace por complacer al Alba y a influyentes oenegés de izquierda. Sin embargo, nada ha dicho de la solicitud de medidas que hace trece años, sí, trece, pidió José Jaime Uscátegui para su padre, el general Uscátegui, condenado injustamente por la masacre de Mapiripán. Con frecuencia la CIDH solo ve por el ojo izquierdo.
