Supongo, como muchos colombianos, que los principios de verdad, justicia y reparación serán aplicados en la negociación entre el gobierno y las Farc.

Estos principios son caros a la justicia transaccional y tienen repercusiones importantes, tanto para cerrar una negociación como para abrir caminos de reconciliación entre los combatientes y la sociedad civil.

¿Quién repara a las víctimas? Me lo pregunto al pensar en el caso de los dos policías de Tumaco torturados y asesinados por fuera de combate y en estado de indefensión. Y lo hago porque este es un caso ejemplar de crímenes de guerra cometidos en el marco de un conflicto armado interno, como lo formula el Derecho Internacional Humanitario. Y no entiendo cómo puede ser que las Farc, al aceptar que cometieron un crimen de guerra, no hagan una sola mención a la reparación de las víctimas de esta atrocidad.

Como es lógico pensarlo, esta actitud no sólo mina el proceso de paz emprendido, arrojando sombras sobre la sinceridad de las Farc en las negociaciones, sino que reafirma el convencimiento de que los miembros de las Farc son los principales violadores del Derecho Internacional Humanitario en el país. La lista es larga, toma de rehenes, asesinatos por fuera de combate, uso de armas que causan daño indiscriminado, atentados contra edificaciones protegidas, como centros de culto, escuelas y patrimonios culturales, uso de minas quiebrapatas, reclutamiento de menores, etc., etc. Todos crímenes de guerra, por los cuales nadie ha respondido.

La justicia transicional debe comenzar por aclarar estos casos, comenzando por los asesinatos fuera de combate. El caso de los diputados del Valle es emblemático, pero no es el único. Como esos crímenes hay muchos más, a lo largo de los años.

Quiero recordar una serie de asesinatos, que en su momento causaron conmoción y que ayudan a explicar el carácter en extremo dogmático de las Farc y su tenebroso comportamiento político. Se trata de los crímenes cometidos contra tres integrantes del Moir, otro movimiento de izquierda, que no compartía la política del Partido Comunista, ni menos el accionar criminal de los grupos de las Farc en el campo.

Se trató de Luis Eduardo Rolón, asesinado el 30 de junio de 1985 en San Pablo, sur de Bolívar. Aydeé Osorio, estudiante de enfermería, asesinada en El Arenal un corregimiento de Morales, también sur de Bolívar, el 7 de marzo de 1986. Y Raúl Ramirez, estudiante de medicina de la Universidad del Valle, asesinado en Puerto López, corregimiento de El Bagre, en Antioquia, el 12 de noviembre del mismo año. Los tres fueron abaleados por cuadrillas de las Farc, sin fórmula de juicio ni advertencia previa. Ni las Farc, ni el partido Comunista han reconocido hasta ahora la autoría, tanto material como intelectual de estos crímenes.

¿Quién reparará a las familias de estos jóvenes ultimados? ¿Cuándo se conocerá la verdad de estos hechos atroces? ¿Quién hará justica al respecto?
Hay miles de colombianos que son víctimas de estos procederes criminales de las cuadrillas de las Farc. ¿Se les reconocerán sus derechos a la verdad, justicia y reparación? Hay que hacer un primer listado, con todos los casos de este tipo, y ponerlo a discusión en la mesa de La Habana.

En mi sentir, sin el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario, la paz no se logrará.