Si de fortalecer los partidos y debilitar el personalismo se trata, es urgente acabar con el voto preferente y crear la circunscripción mixta para el Senado.

Si hay un problema que es madre de todos los vicios de la política colombiana es el extremo personalismo con que se ejerce la misma. Ya lo decía el profesor Eduardo Santa por allá en 1955, en su texto Sociología política colombiana, cuando anotaba que los grandes principios no constituyen la ideología de los partidos sino su mascaron de proa… Porque estos son bandos para la conquista y la ocupación del Estado y el presupuesto.

En similar sentido coincidía el profesor Mario Latorre en 1974 en su libro Elecciones y partidos políticos en Colombia, o hacia 1983 Thommas Michael Wilson en su investigación Factionalism and Party Politics in Colombia.

Y es que, cuando el exceso de individualismo prevalece en política se inhibe la amplia participación, los representantes elegidos no generan consensos, la política pública responde a los menesteres del clientelismo, y la corrupción se estimula. Como telón de fondo, los partidos son enclenques o meras franquicias de intermediación.

Por ello, la discusión de la reforma política debiera ser, desde hace décadas, cómo modificar el sistema electoral, el funcionamiento de las instituciones electorales y las fórmulas de conversión de votos en escaños para fortalecer los partidos, mejorar la representatividad de los elegidos y la gobernabilidad.

Sin embargo, no solo es desconcertante la incompetencia y las formulaciones contradictorias en materia de propuestas de reforma política, sino que se presentan sin ningún sustento empírico. En el peor de los casos, apuntan a corregir aparentes defectos cuando los problemas son en realidad distintos.

Tan esencial es tener claro qué se necesita reformar y por qué que los constituyentes de 1991 desperdiciaron una oportunidad de oro. A cambio, impulsaron las famosas microempresas electorales, que dieron al traste con la gobernabilidad del país durante más de una década, y que todavía perviven a través del voto preferente.

El último de los ejemplos de las improvisaciones lo han dado el presidente Santos y su ministro del Interior, Aurelio Iragorri, al proponer la reelección de alcaldes y gobernadores, o la extensión de su período para que sea de 6 años y homologarlo con el del presidente.

Propuestas todas inconvenientes, que se han vuelto costumbre, y que se hacen al calor de los congresos de municipios, para ganar un fugaz aplauso o evitar una rechifla.

Pero el Ministro, que debiera tener claro no solo las reformas indispensables, sino las posibilidades de que pasen en el Congreso y que no vayan en contra de las negociaciones de La Habana, opta por una lluvia de ideas a ver cuál de todas pega.

Si bien la eliminación de la reelección presidencial pudiera ser conveniente, eso de sugerir que se alargue el periodo a 5 o 6 años, como si la ingeniería constitucional fuera un capricho, es señal de la pobre calidad del debate.

A diferencia del parlamentarismo, el presidencialismo tiene un mandato rígido. Cuando un gobierno de 6 años se desgasta con prontitud tiene el inconveniente de conducir a un punto muerto, a una cerrazón en la relación ejecutivo – legislativo, y en consecuencia, cualquier cambio en la jefatura del Estado se asocia a ingobernabilidad y quiebre institucional.

Aunque es cierto que la circunscripción nacional para Senado encareció las campañas, volver a las circunscripciones departamentales es ir en contravía de la representación de las minorías en la cámara alta. A estas alturas, tal propuesta afectaría al Polo Democrático, a la Alianza Verde, incluso al Centro Democrático, e iría en contra del espíritu de los acuerdos a que se pueda llegar en La Habana.

Pero si la falta de claridad no fuera ya suficiente, se ha creído erróneamente que un estatuto de la oposición va a resolver las desventajas de la oposición y las minorías como por arte de magia. Ningún estatuto de la oposición puede suplir las carencias de una sociedad sin partidos fuertes y democráticos.

Lo que no menciona el Ministro y sí es urgente, es acabar con el voto preferente. Debieran los candidatos presidenciales tomar nota y comprometerse a suprimir el voto preferente y aprobar una circunscripción mixta para el Senado entre departamental y nacional. Con ello cada departamento pudiera elegir uno o dos senadores y los 40 o 70 restantes se asignarían de acuerdo a la votación de cada partido a nivel nacional. Pero ¡ojo! sin eliminar la lista única ni el umbral. De lo contrario, me temo que en 50 años estaremos en lo mismo, en la confusión de la reforma, con partidos débiles y en el extremo personalismo de la política colombiana.