Por el afán de firmar un acuerdo de paz con las Farc, el Gobierno nacional, algunos medios de comunicación y líderes de opinión se valen de complejas argucias mediante entramados políticos, jurídicos y económicos para venderle a los colombianos la promesa de la paz, y que desde el desconocimiento gobiernan, informan y opinan sobre asuntos fundamentales de seguridad nacional poniendo en riesgo la estabilidad del Estado colombiano.
La teoría clásica del Estado parte de la concepción contractualista de Hobbes que justifica la existencia del Leviatán (autoridad), resultado de la unidad de los miembros de la sociedad quienes ceden de manera voluntaria parte de su libertad a cambio de seguridad, con el fin de superar el estado de naturaleza salvaje del “homo homini lupus” (el hombre lobo del hombre), de la guerra de todos contra todos. Concepción que se ajusta a tiempos pretéritos de bárbaros y romanos.
En términos modernos, el contractualismo se entiende como una transacción en la que el poder y la coacción de los individuos son conferidos plenamente al orden institucional del Estado, y cuya administración es asignada mediante vías democráticas a los representantes-gobernantes. El “estado de sociedad” hace referencia, entonces, a la concentración del poder en una institución, a la cual se le otorga además del monopolio de la coacción y la función legislativa, la responsabilidad no menos importante de satisfacer las necesidades inmateriales y materiales de los nacionales mediante la redistribución de la riqueza.
Desde la Paz de Westfalia en 1648 hasta la conformación de la ONU tres siglos después, el mundo ha transitado con éxito desde la sociedad del caos hacia imperio del orden mundial, en el que se han configurado los nuevos estados nacionales, se han definido sus límites y se han fijado canales institucionales internacionales para dirimir los conflictos, repercutiendo en una significativa reducción de los conflictos violentos entre estados, mas no su desaparición, como lo atestigua la crisis ruso-ucraniana.
Por tal motivo, en la contemporaneidad las principales amenazas de seguridad para la estabilidad del Estado provienen fundamentalmente de factores y actores internos, que en contextos como el colombiano, compiten de manera violenta por el poder del Estado. El terrorismo, el crimen, el narcotráfico, la violencia social y la corrupción, resultan ser el cáncer de la sociedad moderna, lo cual hace metástasis una vez la receta institucional implementada por el Estado resulta ser insuficiente o ineficaz para enfrentar la enfermedad.
Frente a este panorama, al Estado colombiano le es inherente la soberanía, de la que se ha investido por gracia de los nacionales para ejercer, en primer lugar, el monopolio de la violencia sobre todo el territorio nacional, y luego, el poder de definir la ley civil e instrumentalizarla, y con ello someter a la pena a los transgresores.
Ningún gobierno de turno, en su calidad de timonel del barco, puede renunciar, ceder o negociar el cumplimiento de su deber constitucional de garantizar la seguridad de sus asociados-ciudadanos. Hacerlo significaría liberar la jauría de lobos que somos a la suerte de la supervivencia del más fuerte, donde, sin duda, ganarán los mejor dotados, que para el caso colombiano son los grupos armados.
Que falta le hace al príncipe de Anapoima una mente estratega como la de SunTzu o Maquiavelo que le haga entrar en razón que su deber no es negociar lo innegociable, la seguridad y el sometimiento a la Ley; que el propósito estratégico de garantizar la estabilidad del Estado no ha de sacrificarse en razón de lo táctico que resulta ser su reelección, que es su responsabilidad someter a la justicia a los alzados en armas en vez de hacer cálculos políticos en beneficio propio, que la patria eterna resulta ser mucho más grande que su reinado temporal. La autoridad se ejerce, no se negocia.
Consideremos que en la historia reciente de Colombia el gobierno más exitoso en términos de gobernabilidad, además de popularidad, resultó ser el que durante ocho años continuos se concentró en garantizar la seguridad a los nacionales y el sometimiento a la Ley de los ilegales. La Seguridad Democrática fue el resultado de una necesidad sentida, una idea básica, una responsabilidad histórica, que fue bien entendida y ejecutada por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, además de complementada con un importante cúmulo de políticas sociales.
Aún muchos en Colombia se resisten a creer que la seguridad es el valor supremo que garantiza la democracia y la libertad, la piedra angular sobre la cual se erigieron y mantuvieron las principales civilizaciones antiguas, medievales y modernas como la griega, romana, bizantina y la norteamericana; y que así mismo, la seguridad debe ser la base sobre la cual el pueblo colombiano edifique su desarrollo social.
La negociación con las Farc y el ELN debe limitarse a otorgar razonables beneficios jurídicos, pues el mensaje disuasivo del cumplimiento de las penas es un acto de responsabilidad con las víctimas y a su vez prenda de garantía para evitar el posterior surgimiento de nuevos grupos armados ilegales, y por el contrario, darles amplios beneficios jurídicos y políticos como pretende Juan Manuel Santos, será un incentivo que contribuirá al surgimiento de nuevos actores armados y la perpetuación de la violencia.
