¿Rebelión, golpe de Estado o guerra civil?

¿Rebelión, golpe de Estado o guerra civil?

En un análisis de 145 conspiraciones, 109 atentados frustrados y 82 que lograron éxito, dos investigadores de Oxford coinciden con Carlos Marx que en toda rebelión, golpe de Estado o guerra civil, las causas son económicas. Conforme al baremo de la teoría económica del conflicto Venezuela es un país que se desliza hacia una de estas formas de violencia.

Esto explicaría por qué el continente africano y Latinoamérica son las regiones con la mayor incidencia de rebeliones y golpes de Estado. Los investigadores Paul Collier y AnkeHoeffler, comienzan por reconocer la dificultad para distinguir una conspiración real de un subterfugio para justificar la prisión de adversarios. Es común, señalan los autores, encontrar “regímenes represivos con una particular inclinación a inventar golpes de Estado”.

En las rebeliones uno de los obstáculos más serios que se le presenta a los gobiernos es convencer al ejército para reprimir. La tendencia natural de oficiales y soldados es no correr riesgos de ser asesinados o eventualmente ser juzgados por violación de DDHH. Para eludir este escollo lo gobiernos acuden a incentivos económicos pero está demostrado que provocan una alarmante escalada del conflicto. Generan una dinámica que incrementa automáticamente la represión de la fuerza pública, refuerza la causa de los rebeldes y en general proporciona una justificación conveniente en la percepción pública acerca de las injusticias que originaron la violencia para continuarla.

En estos conflictos los gobiernos acuden siempre a grupos de choque o paramilitares, que actúan bajo estos incentivos para realizar actos violentos y atribuírselo a rebeldes. Pero el problema más serio de los gobiernos que despliegan  soldados en la calle es su posterior incapacidad  para controlarlos.

Golpe y militares

Las corporaciones militares tienen tres importantes ventajas políticas sobre las organizaciones civiles para intentar con éxito un golpe de Estado. Superioridad organizativa, un estatus simbólico emocional y el monopolio de las armas. Por eso en sociedades primitivas o atrasadas dominan fácilmente bajo la argucia de ley y orden.

El problema es que la formación jerárquica y la estricta obediencia separan a los militares, no sólo de la sociedad a la que sirven, sino de los miembros de su propia comunidad. Entre un soldado o un oficial de baja graduación y un general existe una barrera más férrea que las diferencias de clases sociales. La especie bolivariana de que los militares son “pueblo con uniforme” es una falacia. Basta ver en acción a los generales Rodríguez Torres,  Quevedo y Antonio Benavides para advertir que para ellos “pueblo” se reduce a una masa amorfa de adeptos.

De estas características se derivan dos debilidades políticas intrínsecas de los militares en el poder: una enorme incapacidad para administrar sociedades complejas y la carencia de legitimidad para gobernar bajo el implícito o expreso uso de las armas. No hay exageración alguna en decir que cuando Hugo Chávez llega al poder en Venezuela, su mayor experiencia gerencial fue haber administrado la cantina de una pequeña unidad militar en el pueblo llanero de Elorza. Así han llegado al gabinete bolivariano muchos chafarotes que en su simplicidad aún no terminan de explicarse por qué el sistema que fracasó en todo el mundo Chávez tampoco lo hizo funcionar en Venezuela.

El dilema opositor

La moderna teoría económica demuestra que los países que derivan una participación importante de sus ingresos en un renglón de exportación están en un dramático riesgo de guerra civil. Un 26% del PIB derivado de un solo renglón de exportación provoca un nivel de riesgo de conflicto de 23%. En países sin un renglón primario de exportación, el riesgo de conflicto desciende a 1%. Algunos politólogos como James Fearon, creen incluso que esta relación de renglón primario y riesgo de conflicto está confinada sólo a países petroleros. Conforme al baremo de la teoría económica del conflicto Venezuela es un país que se desliza hacia una rebelión popular, un golpe de Estado o una guerra civil.

Este temor ha llevado a la oposición a dividirse entre dialogar o protestar. No tiene que ser un dilema. Ningún enfrentamiento tiene que interrumpirse porque se dialoga. Hay factores más importantes que la oposición está obligada a ponderar. El gobierno confía que la protesta estudiantil está condenada a extinguirse, bien por fatiga o porque la represión tenga éxito. Si así fuera el gobierno no tendrá razones para dialogar pero la crisis seguirá su curso propiciando condiciones aún más ominosas que habrán de resolverse por las peores formas de un conflicto. Así lo anuncia también el TSJ al criminalizar la protesta.

En realidad, hasta ahora, la acción estudiantil les ha sacado a los dirigentes opositores las castañas del fuego obligando al gobierno por primera vez  a sentarse a debatir o dialogar. Es un hecho que el segmento más importante de la oposición es la clase media. Como es la que más tiene que perder en una confrontación es por naturaleza la más cobarde. Ya los estudiantes deben haber aprendido que no deben esperar acciones heroicas de la clase media, particularmente de empresarios, comerciantes y de muchos dirigentes políticos con mentalidad de clase media.

La protesta de jóvenes casi siempre precede a los cambios de gobierno pero es necesario que sobreviva con un amplio apoyo material y moral. Esa debería ser la estrategia común opositora. Sentarse a esperar que la clase popular, sin liderazgo y ahogada por la crisis, sea la que asuma el cambio es un juego aún más peligroso porque implica un estadio superior de violencia. ¿Rebelión, golpe de Estado o guerra civil?

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