Restitución de tierras: desfalcando al Estado, satanizando al propietario rural

Restitución de tierras: desfalcando al Estado, satanizando al propietario rural

Como otras leyes que en su origen parecían legítimas y hasta necesarias en un país azotado por la violencia terrorista de más de cinco décadas con miles de muertos, despojados y desterrados, la Ley de Tierras parecía estar enfocada a enmendar las arbitrariedades que guerrilleros y paramilitares habían cometido en las distintas regiones contra hacendados, comerciantes y humildes campesinos.

Pero con el pasar del tiempo la implementación de la Ley ha mostrado ser un completo fracaso, ha creado nuevas víctimas expropiando tierras legítimamente adquiridas por campesinos trabajadores o empresarios que de buena fe compraron terrenos colocando allí sus ahorros y trabajo de toda la vida.

En primer lugar, la restitución de tierras no siempre es auténtica restitución, muchas veces se presta a la connivencia entre cualquier vendedor y comprador, o entre anteriores compradores, o vendedores, o tenedores de la propiedad para acordar declararse víctimas y esquilmar al Estado. En este momento en muchas regiones el único requisito que se está exigiendo para hacer la restitución es el testimonio, donde muchas veces comprador y vendedor se ponen de acuerdo para decir que fueron despojados.

Por lo mismo, la restitución de tierras ha imposibilitado el tráfico jurídico- inmobiliario rural porque ya los particulares compran porque está el estigma de que cualquier tierra que se vaya a comprar pueda verse involucrada en el proceso de restitución.

Por otro lado, pocas veces sí no ninguna, la restitución mejora el estado actual de los tenedores, o mejora la industrialización, o mejora la tenencia de la tierra porque no va acompañada de un apoyo financiero para desarrollar algún tipo de actividad agroindustrial. Agregando a esto que los bancos niegan sus créditos e hipotecas a estos terrenos problemáticos.

Adicional a esto para nadie es un secreto que hay muchas ONGs orquestadas por la izquierda que imposibilitan el desarrollo de las tierras y ponen barreras al desarrollo agroindustrial aduciendo que dichos territorios eran controlados por fuerzas armadas irregulares de extrema derecha. No obstante, difícilmente estas ONGs denuncian los casos de tierras entregadas a personas con serias sospechas de testaferrato con las Farc y el narcotráfico.

Por otra parte, las Unidades Especiales de Restitución tienen un mínimo de conocimientos sobre lo que sucede en las regiones; son concebidas desde la comodidad de las oficinas de las grandes capitales desconociendo las realidades rurales y el oportunismo de muchos lugareños de las regiones en los que se dan los procesos de reposición.

El grado de actividad inmobiliaria rural ha bajado por lo menos en un 97%. Los notarios están haciendo escrituras de órdenes subnormales, ante la ausencia de grandes contratos de compraventa. El negocio inmobiliario que era de los principales reglones que jalonaban la economía rural  ha bajado dramáticamente por ese temor a la negociación, a los bandazos jurídicos  y a la reglamentación arbitraria de los proceso de restitución.

El argumento de que la mayoría de las tierras fueron despojadas a sangre y fuego, es un argumento irreal porque muchas de las tierras fueron vendidas a grupos ilegales y a precios para nada lesivos porque no se vendieron por menos de la mitad más el 10%, o sea que se vendieron dentro de precios relativamente justos.

Pero ahora años después, cuando ya ven que los terrenos están desarrollados, que las regiones han tenido un desarrollo rural, y que los precios se han elevado hasta 15 veces en su costo, entonces ahora sí se postulan a restitución como despojados. Muchas veces con la connivencia entre vendedor y comprador, o con las personas que han tenido el control de las tierras. Porque hay que tener en cuenta cifras como la del último Conpes, que establece que sólo el 10,4% de victimas están dispuestos a regresar a sus tierras, el resto sólo quiere que se le restituya para vender a trasnacionales y sector financiero.

Las tierras son restituidas tal y como están a la fecha de entrega, se le arrebatan al comprador de buena fe, sin que se le reconozca las mejoras o el trabajo de muchos años, dejan al último propietario en la pobreza absoluta, porque muchas de estas personas no tienen la forma de defenderse porque son campesinos dedicados al trabajo de la tierra que ignoran los procedimientos jurídicos con los que el Estado les expropia.

Es un tema muy similar al de los desplazados, aunque existen claramente miles de personas desterradas por la violencia de toda clase, también hay que reconocer que otros cientos de miles se han auto desplazado porque les interesa reclamar la prebenda, no quieren trabajar y dejan su tierra voluntariamente para recibir prebenda en otras regiones y buscar otro tipo de vida.

Desde el principio se sabía que el gran desafío se iba a circunscribir a la identificación y categorización de las víctimas y victimarios. El actual gobierno fracasó irremediablemente en la reglamentación de los límites de la reparación y en la concreción de las acciones que implica dicha  reparación; la correspondencia del desarrollo de estas acciones con las demás políticas sociales en marcha dentro del marco de una economía competitiva que tenga en cuenta la sostenibilidad de las finanzas públicas del Estado brilla por su improvisación e ineptitud.

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