¿Y los derechos humanos de los militares en la CIDH que?

¿Y los derechos humanos de los militares en la CIDH que?

"Desidia y notorio desinterés con el caso del Brigadier General (r) Jaime Uscátegui Ramírez."

Contrasta la celeridad y determinación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- frente al caso del exalcalde de Bogotá Gustavo Petro, con la desidia y notorio desinterés en relación con el caso del Brigadier General (r) Jaime Uscátegui Ramírez miembro del Ejército Nacional de Colombia y todo lo que ese caso encierra. Bienvenida la celeridad, pero cuestionable la desidia!

En tiempo récord e inusual, según lo dijera en entrevista radial el jurista Álvaro Tirado Mejía -quien fuera presidente de la Corte Interamericana-, los miembros de la Comisión trasnocharon esperando la decisión del H. Consejo de Estado de Colombia para adoptar de inmediato la suya con el propósito de amparar los derechos políticos del entonces Alcalde Mayor de Bogotá, quien se hallaba a la espera de lo propio haciendo proselitismo en uno de los balcones del Palacio Liévano. Por su parte, el General Uscátegui, privado de la libertad y con una condena de 40 años de prisión, sigue esperando solitariamente que la Comisión resuelva un recurso (radicado P-623-03) que presentó su hijo José Jaime en el año 2003. Hace once (11) años!

Al General se le acusó de no haber evitado la masacre de Mapiripán, razón por la cual la Fiscalía General de la Nación dictó medida de aseguramiento en su contra el día 20 de mayo de 1999. Sin embargo, el Juzgado 9 Penal del Circuito Especializado de Bogotá mediante sentencia del 28 de noviembre de 2007 absolvió al General Uscátegui por estos hechos. Pero el Tribunal Superior de Bogotá, al parecer alterando la acusación en contra de Uscátegui al atribuirle un delito de acción en lugar de omisión, mediante sentencia del 23 de noviembre de 2009 revocó dicha absolución y condenó al General a 40 años de prisión. Actualmente cursa ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia un recurso de casación.

La ausencia de garantías judiciales durante el proceso contra del General y que fueran advertidas por José Jaime Uscáteguí P., hijo del mismo, motivó a éste para acudir desde 2003 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en procura de lograr que se amparan los derechos humanos de su padre. Este joven y valiente colombiano no solo ha pretendido, y continúa haciéndolo, llamar la atención de la CIDH en defensa de los derechos e inocencia de su padre con ocasión de las falsas víctimas, falsos testigos y falsas pruebas que al parecer obran en el expediente, sino que ha puesto valerosamente el dedo en la llaga al efectuar una denuncia pública que da cuenta de las oscuras relaciones de la empresa de aviación SELVA LTDA. como contratista de las Fuerzas Armadas colombianas y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos.

El General Uscátegui ha señalado que en sus manos “…nunca estuvo la posibilidad de evitar la masacre de Mapiripán…”, en la medida que él no tuvo mando operacional alguno de la Brigada VII sobre el Batallón Joaquín París, lo que se halla soportado en varias pruebas que al parecer fueron desestimadas injustificadamente por el Tribunal de Bogotá.

Por su parte, José Jaime, el hijo del General, ha denunciado públicamente con base en documentos que dice reposan en el expediente, que el representante de SELVA LTDA. le mintió a la Justicia colombiana y llega a precisar que “…La alianza entre paramilitares y Fuerzas Armadas en el Urabá antioqueño y San José del Guaviare no admite duda; los testimonios indican que los vuelos utilizados en la masacre de Mapiripán contaron con el acompañamiento de personal militar y policial, tanto en el lugar de origen como en su destino final…”.  Por ello, afirma valerosamente José Jaime que Mapiripán necesitaba de un chivo expiatorio de gran calado y el escogido fue su padre a partir de falsas acusaciones y el desvío de la atención sobre el Urabá antioqueño, epicentro de la masacre de Mapiripán y del paramilitarismo en Colombia.

Esta escalofriante historia de la vida contemporánea de Colombia, que se sigue escribiendo, no ha merecido la menor y debida atención de parte de la CIDH ni del Jefe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OAE, Marcelo Álvarez. El silencio frente a la solicitud efectuada en 2003 a la CIDH, y lo propio respecto de la respetuosa y contundente comunicación enviada el 19 de marzo de 2013 a Marcelo Álvarez por parte del hijo del General, llevaron a que éste debiera acampar ante las instalaciones de la OEA en Bogotá por más de 15 días para exigir el derecho a recibir una respuesta de la CIDH, que sigue aún sin producirse. La salud de José Jaime, deteriorada como consecuencia de la huelga de hambre adelantada frente a las instalaciones de la OEA, obligaron a las instituciones de salud distritales a internarlo en la Fundación Santa Fe para recibir el tratamiento médico debido.

El proceso judicial sobre la masacre de Mapiripán no solo trajo la muerte de pobladores inocentes, sino al parecer la condena injusta y arbitraria de un General de la República cuyos derechos humanos no han merecido paradójicamente la menor respuesta y análisis de la CIDH y, lo que es más aberrante aún, pareciera ser que los verdaderos responsables de la masacre se hallan libres al amparo de la impunidad institucional.

@RFelipeHerrera

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Buscar

Facebook

Ingresar