La discusión sobre libertad y justicia dentro de una sociedad ha sido el eje de la polémica entre lo que se denomina izquierda, y cuyo objetivo es la creación de un mundo justo e igualitario, y la derecha donde la libertad se presenta como valor inalterable en lo político y económico.
La conciliación entre estos dos intereses fundamentales se presenta en todo estado democrático, creando la posibilidad de que izquierda y derecha convivan sin destruirse mutuamente. Fueron las dictaduras de uno y otro signo las que construyeron modelos totalitarios —fascismo y estalinismo— en donde el exterminio del adversario era visto como un acto legítimo del Estado.
La democracia mexicana, surgida de la apertura de un régimen autoritario, hizo de la geometría política un concepto difícil de aplicar por la complejidad de su realidad. Desde el PRI —donde se aglutinaron todas las posiciones político-ideológicas—, hasta el PAN —donde el pensamiento de la derecha halló espacio con demandas de libertad y democracia y con un proyecto conservador en lo social—, pasando por una izquierda fusión de grupos marxistas y disidentes del priísmo revolucionario —y en donde la bandera de justicia social no estaba conectada con la democracia, porque ni priístas ni marxistas habían vivido esa realidad— todos conformaron el espectro político actual.
El Pacto por México permitió un denominador común para que izquierda y derecha coincidieran en las propuestas destinadas a crear un nuevo sistema político, y a la reordenación de la economía mexicana en áreas estratégicas como la energética y telecomunicaciones. En esta última el enfrentamiento es entre la mayoría de la clase política comprometida a desarticular los privilegios monopólicos de Telmex y Televisa, y los representantes políticos de estos grupos dispuestos a reducir la fuerza de la reforma constitucional en leyes reglamentarias, para así limitar las afectaciones a sus empresas.
En el fondo, el único tema que separa a izquierda y derecha mexicanas en la agenda ante el Congreso es el asunto energético. La división en la izquierda mexicana entre conciliadores y oposicionistas radicales, y la necesidad de cada una de estas facciones de fortalecerse ante su electorado cautivo, les impidió proponer medidas que dentro de la reforma energética condujeran al uso de las ganancias obtenidas en programas sociales en línea con su concepción de justicia social. Rechazar la reforma en su totalidad es más un triunfo del sector nacionalista revolucionario del PRD y de Morena, que el de una izquierda capaz de enfrentar los retos de la modernidad y la globalización económica.
Seguir identificando el estatismo económico como posición de la izquierda frente al libre mercado de la derecha, parece un paradigma ya superado. La discusión se basa ahora en garantizar que los mecanismos del Estado incentiven la competencia, generen más empleos mejor pagados y reduzcan la pobreza de manera integral, dejando los programas sociales para un sector específico y no como el motor de la lucha contra la miseria. Una derecha que busque generar riqueza asumiendo en su totalidad el pensamiento liberal no sólo en lo concerniente al tema económico, sino al social y cultural, tendría que enfrentar a una izquierda capaz de conciliar el libre mercado con las políticas redistributivas ajenas al populismo o al clientelismo político tan atractivos para ella.
Quizá esto suene a utopía, pero México no podrá salir de su atraso mientras izquierdas y derechas sigan atadas a paradigmas que en el siglo XXI simplemente no funcionan.
