Obnubilados o entretenidos por la campaña electoral y sus escándalos, tal vez no todos advierten todavía el peligroso camino que estamos recorriendo como sociedad.
En primer lugar, es evidente que estamos viviendo algo muy parecido a un bloqueo institucional, en donde no somos capaces de sacar adelante las reformas que necesita Colombia. Como ejemplo, basta citar las dificultades que han quedado en evidencia para tramitar una reforma a la justicia que contribuya a mejorar la prestación del servicio público y a sacar del sótano de las encuestas de favorabilidad una función estatal que resulta indispensable para la convivencia pacífica. Es muy grave que los jueces se contradigan de manera pública y sistemática en sus decisiones, que la ciudadanía no obtenga solución a sus problemas y que la política sustituya la fuerza de la argumentación jurídica. Pero resulta aún más preocupante que el establecimiento, conociendo las dificultades por las que atraviesa la justicia, no pueda reaccionar para corregir sus vicios, garantizando nuevamente el equilibrio entre los poderes públicos y la restitución de un sistema de pesos y contrapesos.
En segundo lugar, la apatía y desilusión de la ciudadanía por la política está llegando a niveles que deberían hacer reflexionar a quienes se dedican a la política como profesión. Existe una relación cada vez más irreconciliable entre la política y la ciudadanía, que percibe la primera como algo despreciable y hasta innecesario, ineficaz hasta para proveer solución a sus más livianas aspiraciones. Ya sabemos, por lo que la historia ha demostrado en muchas latitudes, que pocas cosas resultan tan peligrosas para el destino de una sociedad como que determinado pueblo renuncie por hartazgo a participar en la construcción de su destino, omitiendo voluntariamente su deber de deliberar y expresarse electoral y democráticamente de manera permanente. No sólo ello abre el camino para la elección del famoso “outsider carismático” que cautive el descontento y desarme de un plumazo la tradición institucional que Colombia ha construido durante dos siglos de vida republicana, sino que, también, esta situación generalmente viene acompañada de la arbitrariedad que emana de la exclusión total del control ciudadano al ejercicio del poder.
Y por último, el penumbroso panorama se completa con el probable surgimiento de un gobierno débil para los próximos cuatro años. Cualquiera que sea el presidente, tendrá que cargar con el lastre de sus palabras durante la campaña y el peso de las denuncias en su contra por parte de sus adversarios. La gravedad de las acusaciones y la necesaria resolución judicial de las mismas impedirán construir consensos y acuerdos para lograr tramitar soluciones políticas a las dificultades institucionales y mantendrá al Gobierno más preocupado por mantenerse en él que en las tareas propias de su ejercicio.
Así las cosas, y por cuenta del bloqueo institucional en el que nos encontramos, el hastío ciudadano con la política y la alta probabilidad de que de una campaña sucia y deslegitimadora surja un gobierno débil, es como nos encontramos frente a un complejo panorama.
